Foto: El candidato a director de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos nominado por el presidente Trump, Scott Pruitt, se dirige al Comité sobre el Medio Ambiente y las Obras Públicas del Senado durante su audiencia de confirmación. Crédito: Aaron P. Bernstein (Getty Images).

Se espera que el Senado de Estados Unidos confirme la selección de Scott Pruit como director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Este cargo le pondría al mando de un órgano gubernamental al que ha demandado más de una docena de veces y que su nuevo jefe, el presidente Donald Trump, se comprometió a eliminar.

Las declaraciones públicas y los documentos filtrados indican que Pruitt y la administración tomarán medidas para limitar la autoridad de la agencia, recortar su plantilla y paralizar los esfuerzos por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El director del Instituto Stanford Woods para el Medio Ambiente, Chris Fields, afirma: "No sabemos exactamente qué hará el señor Pruitt. Pero desde luego tiene un historial de poner en duda la evidencia científica del cambio climático e impulsar los intereses a corto plazo del desarrollo de combustibles fósiles". 

Pruitt podría colocar en su punto de mira una serie de estándares medioambientales establecidos bajo la presidencia de Obama, incluido el Plan de Energías Limpias y unos estándares de economía de combustibles más altos para los vehículos. Revocar esas regulaciones dificultaría cada vez más que la nación cumpla con sus ya ambiciosos compromisos con el histórico acuerdo de la Cumbre del Clima de París (Francia).

Pero Pruitt no podrá imponer estos cambios sin pelear. Rebajar la mayoría de estas reglas, que están arraigadas en batallas legales ganadas con mucho esfuerzo y una ciencia climática bien establecida, requeriría una prolongada revisión pública y probablemente algunas impugnaciones legales.

Como fiscal general de Oklahoma (EEUU), Pruitt se unió a la iniciativa de varios estados de demandar a la EPA a causa del Plan de Energías Limpias, una regulación promulgada bajo el presidente Obama que obliga a que las plantas energéticas reduzcan las emisiones de carbono en un 32% para 2030. La implementación de este plan está suspendida actualmente a la espera de una revisión del Tribunal Supremo.

Durante las audiencias de confirmación del comité del Senado, Pruitt también dijo que revisaría una reciente decisión de la administración Obama de fijar estándares económicos al combustible que añadirían otros 3,5 kilómetros por litro de producción para el año 2025. Además, Pruitt afirmó que no se comprometería a permitir que California tenga sus propias reglas de emisiones de vehículos, que lleva años imponiendo bajo exenciones de la EPA. Esa exención ha ayudado históricamente a elevar otros estándares estatales y federales.

Los crecientes temores sobre el impacto de las políticas de Pruitt para la EPA y para el medio ambiente han hecho que cientos de antiguos empleados de la agencia pidan que el Senado le rechace en una carta emitida este mes. "Cada administrador de la EPA tiene la obligación fundamental de actuar por interés del público de acuerdo a las leyes actuales y la mejor ciencia disponible", dice la carta, que fue emitida por el Proyecto de Integridad Medioambiental. "El historial del señor Pruitt suscita graves preguntas acerca de los intereses de quién ha servido hasta la fecha y si está de acuerdo con los históricos postulados de las leyes medioambientales estadounidenses".

Bajo el acuerdo de París, Estados Unidos se comprometió a reducir las emisiones en entre un 26% y un 28% respecto a los niveles de 2005 para el año 2025. Eso representa hasta 2.100 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero que contribuyan niveles equivalentes de calentamiento, según un estudio del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (EEUU) publicado en septiembre. El Plan de Energías Limpias por sí sólo podría conseguir una reducción de 267 millones de toneladas en 2025, más del 12% del objetivo total, según el informe.

Revisar o eliminar los estándares de economía del combustible también podría tener un importante impacto en los objetivos de emisiones. En 2012, la EPA calculó que los coches y camiones personales cada vez más eficientes eliminarían 140 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en 2025. Durante todo el ciclo de vida completo de los vehículos producidos en años de modelo entre 2017 y 2025, esa cifra asciende a casi 2.000 millones de toneladas.

Pero ninguna de las reformas de políticas de la administración podría implementarse sin luchar. Deshacer los estándares federales de economía del combustible y revocar la exención de California requeriría un proceso prolongado de notificación y revisión pública, asegura el economista energético y abogado del programa Near Zero del Instituto Carnegie Danny Cullenward.

La administración Trump tiene más probabilidades de atacar el Plan de Energías Limpias. El escenario más probable consiste en que la EPA retire la regulación y redacte una nueva versión menos ambiciosa, según el profesor adjunto de derecho de la Universidad de Stanford (EEUU) Michael Wara, que estudia el sector energético y el medio ambiente. Pero eso también conllevaría un largo proceso público y casi seguramente la litigación.

Existen opciones más agresivas que podrían restringir la autoridad de la EPA, mediante la generación de hallazgos revisados por parte de la agencia o una enmienda del Congreso a la Ley de Aire Limpio, dice Wara. La "opción nuclear" consistiría en reabrir la determinación anterior de la EPA de que las emisiones de gases de efecto invernadero son un contaminante sujeto a la regulación bajo la Ley de Aire Limpio.

"Hacerlo resultaría increíblemente difícil", afirma Wara. "Tendrían que superar montañas de pruebas de que las emisiones de gases de efecto invernadero son efectivamente perjudiciales. Y en el mundo de la regulación, los hechos sí importan", concluye.