La victoria del candidato del Partido Republicano y negacionista del cambio climático, Donald Trump, ha sido uno de los dos grandes reveses que ha sufrido la política climática de Estados Unidos este mes. El otro fue la estrepitosa derrota de la Iniciativa 732 del estado de Washington (EEUU), la cual pretendía demostrar que imponer tasas a las emisiones de carbono para reducir los impuestos actuales podría inclinar a los dos principales partidos del país hacia el que los economistas consideran el mecanismo más eficiente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero: impuestos sobre el carbono. 

El estado de Washington rechazó la propuesta de un impuesto al carbono con un 59 % de los votos en contra y un 41 % a favor. En una comparación mordaz, justo al otro lado de la frontera más larga del mundo, los impuestos sobre el carbono sí que recogen el apoyo de diferentes tendencias políticas. El 80 % de los canadienses vivirá en provincias con este tipo de tasas en 2017; para 2018 todos los canadienses podrían estar pagando impuestos sobre el carbono.

Tanto la iniciativa derrotada del estado de Washington como el apoyo creciente de la ciudadanía canadiense a un impuesto sobre el carbono tienen su origen en el primer impuesto sobre el carbono de América del Norte, promovido por el Gobierno provincial de Columbia Británica (Canadá) en 2008. Ese impuesto comenzó en 10 dólares canadienses (unos 7,4 dólares estadounidenses, o 7 euros) por tonelada métrica de dióxido de carbono generado por la quema de combustibles fósiles en la provincia. En 2012 había subido hasta 30 dólares canadienses (unos 21 euros) por tonelada métrica. El impuesto no contempla los beneficios, y los ingresos impositivos están destinados a reducir los impuestos corporativos e individuales sobre la renta.

Foto: Vancouver, British Columbia. Crédito: Bruce Bennet (Getty Images).

La mayoría de los estudios académicos coinciden en que el impuesto de la Columbia Británica está reduciendo las emisiones de carbono en entre un 5% y un  15% sin frenar el crecimiento económico ni lastrar a las familias con menos ingresos gracias a una exención especial. "El impuesto parece ser altamente progresivo", afirma el experto en energía y modelos económicos Nicholas Rivers de la Universidad de Ottawa (Canadá). 

Asimismo, el impuesto del estado de Washington se iba a empezar a aplicar el próximo año a partir de 15 dólares estadounidenses (unos 14 euros) por tonelada métrica (al añadir, por ejemplo, alrededor de 15 céntimos de dólar -unos 14 céntimos de euro- al precio de cada galón de gasolina) para después subir hasta 25 dólares estadounidenses (unos 23,5 euros) en 2018 y a continuación crecer cada año un 3,5 % adicional más la inflación hasta llegar a los 100 dólares (unos 92 euros) por tonelada métrica. La recaudación permitiría bajar los impuestos actuales además de ofrecer ciertas ventajas fiscales para las familias con menos ingresos.

La iniciativa obtuvo un gran respaldo de la comunidad local además del apoyo de legisladores tanto del Partido Demócrata como el Republicano, incluido el antiguo senador republicano Slade Gorton, y el presidente del comité medioambiental de la asamblea legislativa estatal, Joe Fitzgibbon. Por el contrario, se opusieron los intereses de las empresas de explotación de combustibles fósiles y sus grupos de apoyo, los cuales planteaban destinar la recaudación de un impuesto sobre el carbono a proyectos que asegurasen una transición "justa "a una economía baja en carbono.

En Canadá, mientras tanto, políticos de todos los principales partidos están apoyando un impuesto sobre el carbono de alcance nacional. El mes pasado, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que su Gobierno del Partido Liberal presentará un plan de impuesto nacional al carbono en 2018. Y la semana pasada, un aspirante a líder de la oposición en el Parlamento, el Partido Conservador de Canadá, anunció un impuesto al carbono aún más ambicioso.

Los líderes provinciales ya han hecho gran parte del trabajo duro. Las dos provincias occidentales más grandes de Canadá aplicarán impuestos al carbono desde el 1 de enero, cuando Alberta siga el ejemplo de Columbia Británica con una tasa sobre el carbono de 20 dólares canadienses (unos 15 dólares estadounidenses o 14 euros) que ascenderá a 30 dólares canadienses en 2018. Y para marzo, los pesos pesados canadienses de Ontario y Quebec realizarán subastas en un mercado de intercambio de créditos de carbono que California (EEUU) lanzó en 2012.

El plan de impuesto nacional al carbono de Trudeau anima al resto de provincias del país a ejecutar sus propios programas, además de obligarlas a mantener un precio mínimo de carbono que aumentará desde los 10 dólares canadienses en 2018 hasta 50 dólares canadienses en 2022.

El parlamentario conservador Michael Chong quiere aumentar los impuestos al carbono hasta 130 dólares canadienses (unos 97 dólares estadounidenses o 91 euros) por tonelada métrica en 2030 para proporcionar la seguridad política que afirma que necesitan los negocios para planificar sus inversiones. Mientras que algunas provincias como Quebec y Ontario están utilizando los ingresos del carbono para financiar programas relacionados, el plan de Chong refleja la neutralidad de beneficios del impuesto al carbono de la Columbia Británica. "Hasta el último céntimo se destinará a permitir una de las mayores bajadas de impuestos de la historia de Canadá", promete Chong.

A pesar de que algunos políticos del Partido Conservador consideran que los impuestos al carbono están desfasados tras la promesa del presidente electo Donald Trump de invalidar las políticas climáticas de Estados Unidos, Chong piensa que bajar otros impuestos gracias a la aportación de una tasa sobre el carbono resulta incluso más estratégico tras la victoria de Trump. "Está claro que el plan de Trump consiste en reducir significativamente... los impuestos sobre la renta. Para mantener nuestra competitividad, necesitamos igualar esos recortes", afirma Chong.

Chong defiende que su ambicioso impuesto de 130 dólares canadienses por tonelada de carbono puede, por sí solo, satisfacer el compromiso de Canadá dentro del acuerdo climático de París (Francia) para reducir las emisiones en un 30% para 2030 desde el nivel de 2005. Propone por tanto reducir la regulación actual sobre el carbono, como los estándares de eficiencia para vehículos y las normas que obligan a la capturara de carbono en nuevas plantas energéticas a carbón.

Sin embargo, las encuestas revelan una gran oposición pública a los impuestos sobre el carbono. La falta de apoyo podría, para empezar, amenazar a la posición de la primera ministra de Alberta, Rachel Notley. Productores de arenas petrolíferas como Shell, Cenovus Energy y Suncor Energy sí apoyan su tasa sobre el carbono; propiciaría rebajas fiscales que amortiguaría su impacto sobre las exportaciones de combustibles fósiles. Sin embargo, los bajos precios del petróleo han diezmado la economía de la provincia. Dos terceras partes de los habitantes de Alberta se oponen a la tasa, según una encuesta realizada el pasado mes.

El economista energético de la Universidad Simon Fraser (Canadá) Mark Jaccard, que ayudó a crear el impuesto de la Columbia Británica, considera que el modesto impuesto al carbono de Notley tiene "unas probabilidades del 50%" de dar paso a su victoria en las próximas elecciones. También podría salir al revés, según Jaccard, si un ataque político a las políticas climáticas por parte de Donald Trump inspira más medidas climáticas por parte de importantes estados estadounidenses. Eso podría dar paso a que más estados, incluidos Washington y Oregon, unan fuerzas con California, Quebec y Ontario en su expansivo mercado de carbono.