Crecí en los años 80 y 90, y para mi generación y las anteriores, la biblioteca pública era una fuerza igualadora en todas las ciudades; una que ayudaba a cualquiera a avanzar hacia el sueño americano. En Chantilly, Virginia, donde crecí, no importaba que no tuvieras ordenador o que tus padres carecieran de dinero infinito para pagar tutores: podías recibir toda una vida de educación gratis en la biblioteca pública. Ahora, la sentencia de una corte de apelación de EE UU contra Internet Archive y a favor de la editorial Hachette acaba de poner en entredicho esa promesa de igualdad al limitar el acceso de las bibliotecas al préstamo digital.

Para entender por qué esto es tan importante para el futuro de las bibliotecas, primero hay que comprender el lamentable estado del préstamo de libros electrónicos en las bibliotecas.

Las bibliotecas han funcionado tradicionalmente con una premisa básica: una vez que compran un libro, pueden prestarlo a los usuarios tanto (o tan poco) como quieran. Los ejemplares de las bibliotecas suelen proceder de editoriales, pero también de donaciones, ventas de libros usados u otras bibliotecas. Sea cual sea la forma en que la biblioteca obtenga el libro, una vez que lo posea legalmente, podrá prestarlo como considere oportuno.

No ocurre lo mismo con los libros digitales. Para poner a disposición de los usuarios libros electrónicos con licencia, las bibliotecas tienen que pagar varias veces a los editores. En primer lugar, deben suscribirse (previo pago) a plataformas agregadoras como Overdrive. Los agregadores, al igual que servicios de streaming como Max de HBO, tienen control total sobre la adición o eliminación de contenidos de su catálogo. Los contenidos pueden ser retirados en cualquier momento, por cualquier motivo, sin intervención de la biblioteca local. La decisión no se toma a nivel comunitario, sino corporativo, a miles de kilómetros de los usuarios afectados.

Además, las bibliotecas deben comprar cada ejemplar de cada título que quieran ofrecer como libro electrónico. Estos libros electrónicos no sólo tienen un precio muy superior (hasta un 300% por encima del precio de venta al público), sino que también están limitados en el tiempo y el préstamo, lo que significa que los archivos se autodestruyen después de un cierto número de préstamos. La biblioteca tiene que volver a comprar el mismo libro, a un nuevo precio, para mantenerlo en stock.

Esta alteración del orden tradicional supone una enorme carga financiera para las bibliotecas y los contribuyentes que las financian. También abre un mundo de problemas de privacidad; mientras que las bibliotecas tienen restringidos los datos de los lectores que pueden recopilar y compartir, las empresas privadas no tienen esa obligación.

Algunas bibliotecas han recurrido a otra solución: el préstamo digital controlado, un proceso por el cual una biblioteca escanea los libros físicos que ya tiene en su colección, hace copias digitales seguras y las presta en una proporción de uno a uno. Internet Archive fue uno de los pioneros de esta técnica.

Cuando se presta la copia digital, la copia física deja de estar disponible; cuando se retira la copia física, la copia digital se bloquea. Las ventajas para las bibliotecas son obvias: los libros delicados pueden circular sin temor a que se dañen, los volúmenes pueden trasladarse fuera de las instalaciones para realizar obras sin interrumpir el acceso de los usuarios, y las obras antiguas y en peligro pueden consultarse y tener una segunda oportunidad. Los usuarios, que financian las compras de sus bibliotecas locales con sus impuestos, también se benefician de la posibilidad de acceder libremente a los libros.

Por desgracia, las editoriales no son partidarias de este modelo y en 2020 cuatro de ellas demandaron a Internet Archive por su programa CDL. La demanda se centró finalmente en el préstamo por parte de Internet Archive de 127 libros que ya estaban disponibles comercialmente a través de agregadores con licencia. Los editores demandantes acusaron a Internet Archive de infracción masiva de los derechos de autor, mientras que Internet Archive alegó que su programa de digitalización y préstamo era un uso legítimo. El tribunal de primera instancia dio la razón a los editores y, el 4 de septiembre, el Tribunal de Apelación reafirmó esa decisión con algunas modificaciones en el razonamiento subyacente.

Esta decisión perjudica a las bibliotecas. Las encierra en un ecosistema de libros electrónicos diseñado para extraer tanto dinero como sea posible mientras se recogen (y revenden) masivamente los datos de los lectores. Deja los hábitos de lectura de las comunidades locales a merced de las decisiones curatoriales tomadas por cuatro empresas editoriales dominantes a miles de kilómetros de distancia. Aleja a los estadounidenses de uno de los pocos bastiones de protección de la privacidad que quedan y los encauza hacia un ecosistema de vigilancia que, al igual que las grandes empresas tecnológicas, se vuelve más peligroso con cada filtración de datos. Y al aumentar el precio del acceso al conocimiento, levanta aún más barreras entre las comunidades desfavorecidas y el sueño americano.

La cosa no queda ahí. Esta decisión también hace que la doctrina del uso justo (fundamental para todo, desde la parodia a la educación pasando por la información periodística) sea casi inutilizable. Y aunque hubo momentos ocasionales de cordura (como reconocer que un botón de “donar aquí” no convierte por arte de magia a una organización sin ánimo de lucro en una empresa comercial), esta decisión fracturó la ley en lugar de aclararla.

Si los tribunales no reconocen el préstamo bibliotecario basado en CDL como uso justo, el siguiente paso corresponde al Congreso de EE UU. Las bibliotecas están en crisis, atrapadas entre presupuestos menguantes y una demanda creciente de servicios. El Congreso debe actuar ahora para garantizar que un pilar de la igualdad en nuestras comunidades no se sacrifique en el altar de los beneficios empresariales.

Chris Lewis es presidente y consejero delegado de Public Knowledge, un grupo de defensa de los consumidores que trabaja para configurar la política tecnológica en interés del público. Public Knowledge promueve la libertad de expresión, una Internet abierta y el acceso a herramientas de comunicación y obras creativas asequibles.