El mayor logro legislativo del presidente Joe Biden fue la promulgación de la Ley de Reducción de la Inflación (LRI). Se trata de la mayor inversión realizada en EE UU para hacer frente a los crecientes peligros del cambio climático.

Sin embargo, los asesores y colaboradores de Donald Trump han indicado claramente que el desmantelamiento de esta histórica ley sería una de las prioridades del candidato republicano en caso de ganar las elecciones presidenciales. Si lo consigue, paralizaría el cambio de este país hacia industrias más limpias y frenaría los esfuerzos para reducir la contaminación por gases de efecto invernadero.

La LRI prevé liberar cientos de miles de millones de dólares en subvenciones federales para fuentes de energía renovables, vehículos eléctricos, baterías, bombas de calor y más. Se trata de la "espina dorsal" del plan de la administración Biden para cumplir los compromisos adquiridos por el país en el marco del Acuerdo de París sobre el cambio climático, que sitúa a Estados Unidos en la senda de reducir las emisiones hasta en un 42% respecto a los niveles de 2005 para finales de esta década, según la empresa de investigación Rhodium Group.

Pero este extenso paquete de políticas federales supuso la "mayor derrota" que sufrieron los conservadores durante el mandato de Biden, según definió Myron Ebell, quien dirigió el equipo de transición de la Agencia de Protección Medioambiental durante la administración de Trump, y derogar esta ley se ha convertido en una obsesión entre muchos conservadores. Es el caso de los autores del Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, considerado como la hoja de ruta de extrema derecha para los primeros días de una segunda administración Trump.

Los créditos fiscales de la LRI para vehículos eléctricos y proyectos de energía limpia parecen especialmente vulnerables, según los expertos en política climática. La pérdida de esas disposiciones por sí solas podrían remodelar la senda de reducción de las emisiones, añadiendo cientos de millones de toneladas métricas de contaminación climática durante la década.

Además, las promesas de Trump acerca de debilitar las instituciones internacionales, exacerbar las guerras comerciales mundiales y poner todos los recursos de la nación al servicio de la extracción de combustibles fósiles podrían tener efectos agravantes sobre cualquier cambio en la LRI, socavando potencialmente el crecimiento económico, el clima general de inversión y las perspectivas de las industrias verdes emergentes.

Adiós a los créditos fiscales para vehículos eléctricos

La LRI moviliza fondos públicos para acelerar la transición energética mediante una combinación de subvenciones directas y créditos fiscales que permiten a empresas o particulares reducir sus obligaciones federales a cambio de comprar, instalar, invertir o producir energía y productos más limpios. Se trata de una ley promulgada, no de un reglamento de una agencia federal ni de una orden ejecutiva, lo que significa que cualquier cambio sustancial tendría que pasar por el Congreso.

Sin embargo, los recortes fiscales para particulares impulsados durante el mandato de Trump expiran el año que viene. Si gana un segundo mandato, los legisladores que buscan extender esos recortes podrían agrietar el código tributario y extirpar componentes clave de la LRI, particularmente si los republicanos conservan el control de la Cámara y aumentan sus escaños en el Senado. La eliminación de cualquiera de esos créditos fiscales podría ayudar a compensar el costo adicional de restaurar esos beneficios de la era Trump.

Uno de los principales objetivos, según numerosos observadores políticos, serán los créditos fiscales para vehículos eléctricos que incluye la LRI y que reducen en 7.500 dólares el coste de los coches y camiones eléctricos. La subvención del coste de los vehículos eléctricos es muy impopular para los republicanos y, a lo largo de las primarias, la mayoría de los candidatos del partido a la presidencia las han atacado ferozmente y ninguno más que el propio Trump.

En campaña, Trump se ha referido repetida y erróneamente a esta política como un mandato en lugar de un subsidio, al tiempo que ha adaptado geográficamente la crítica a su audiencia.

En un mitin celebrado en diciembre en Iowa, el mayor productor de maíz del país, se comprometió a anular "desde el primer día el demencial mandato de Joe Biden sobre los vehículos eléctricos, que elimina el etanol".

Y en septiembre, en el disputado estado de Michigan, apeló a los miedos de los trabajadores del sector automovilístico: "El corrupto Joe se está poniendo del lado de los locos de izquierdas que destruirán la fabricación de automóviles y destruirán el propio país. Esas malditas cosas no van lo suficientemente lejos y son demasiado caras".

Otros objetivos de Trump

Otros componentes de la LRI que están en el punto de mira de Trump incluyen los créditos fiscales para invertir o explotar centrales eléctricas libres de emisiones que entrarían en funcionamiento en 2025 o más tarde, según explica Josh Freed, director del programa de clima y energía de Third Way, un think tank de centro-izquierda con sede en Washington, DC.

Estos créditos, denominados de tecnología neutra, pretenden sustituir a las subvenciones anteriores dedicadas a las energías renovables, como la solar y la eólica, y abarcan un conjunto más amplio de posibilidades de producción de energía, como la nuclear, la bioenergía o las centrales eléctricas con capacidad de captura de carbono.

Estas últimas categorías tienen más probabilidades de contar con el apoyo de los republicanos que, por ejemplo, las granjas solares. Pero cualquier política diseñada principalmente para acelerar el abandono de los combustibles fósiles sería probablemente un blanco fácil en una segunda administración Trump, dado el apoyo de la industria al candidato y su oposición ideológica a la acción climática.

Otras disposiciones de la ley también podrían ser objeto de ataques. Entre ellas:

• Medidas adicionales de apoyo a la creciente adopción de vehículos eléctricos, incluyendo créditos fiscales para particulares y empresas que instalen infraestructura de recarga;

• Tasas sobre las emisiones de metano de pozos, plantas de procesamiento y oleoductos, cuando superen determinados umbrales;

• Una serie de subvenciones para la justicia medioambiental y bonificaciones fiscales disponibles para proyectos que ayuden a reducir la contaminación, proporcionen energía limpia asequible y creen puestos de trabajo en zonas marginadas y de bajos ingresos;

• El restablecimiento del impuesto especial sobre el crudo y los productos petrolíferos, que podría recaudar miles de millones de dólares para financiar la limpieza de vertederos de residuos peligrosos;

• Y una serie de créditos fiscales que incentiven a los consumidores a añadir paneles solares, instalar bombas de calor y mejorar la eficiencia energética de sus hogares.

Contraataque

Los observadores se apresuran a señalar, sin embargo, que es improbable una derogación total de la LRI, porque lo cierto es que está funcionando.

Según algunos informes, la ley ha contribuido a estimular la inversión privada de cientos de miles de millones de dólares en proyectos que podrían crear cerca de 200.000 puestos de trabajo, y atención a esto: ocho de los diez distritos del Congreso que van a recibir las mayores inversiones en energías limpias anunciadas en los últimos trimestres están dirigidos por republicanos, según un análisis (respaldado por otros).

Según datos del Centro de Investigación sobre Energía y Política Medioambiental del MIT y del Grupo Rhodium, una parte desproporcionada del dinero se destina a zonas de renta baja y a "comunidades energéticas", es decir, regiones que antes producían combustibles fósiles.

A medida que aumenta el número de proyectos de energías renovables, instalaciones de procesamiento de minerales, plantas de baterías y fábricas de vehículos eléctricos que aportan puestos de trabajo e ingresos fiscales a los estados rojos, la política en torno a la energía limpia está cambiando, al menos entre bastidores, aunque no siempre en el debate público.

Todo ello significa que una parte considerable de los republicanos probablemente se opondrán a cambios más radicales de la LRI, sobre todo si aumentan los costes para las empresas y reducen las probabilidades de que salgan adelante nuevos proyectos, afirma Sasha Mackler, directora ejecutiva del programa de energía del Bipartisan Policy Center, un think tank de Washington DC.

"La mayoría de las desgravaciones fiscales son bastante populares en la industria y en los estados republicanos, que suelen ser el electorado al que escucha el Partido Republicano cuando diseña sus políticas", afirma Mackler. "Cuando se empieza a ir más allá de la retórica política y se analizan los créditos fiscales en sí mismos, se encuentran en un terreno mucho más firme de lo que se podría pensar inicialmente leyendo el periódico y viendo lo que se dice en la campaña electoral".

Esto significa que podría resultar más difícil de lo que Trump espera rescindir algunos de los puntos de la lista. Y hay otras partes importantes del paquete legislativo que los republicanos podrían evitar en absoluto, como el apoyo al procesamiento de minerales críticos, la fabricación de baterías, la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono y la producción de biocombustibles, dado el amplio apoyo a estas áreas.

Fuentes de Washington DC afirman también que las empresas dedicadas a las energías limpias y algunas empresas de tecnología climática ya están jugando a la defensiva, insistiendo en la importancia de estas políticas ante los legisladores en vísperas de las elecciones. Mientras tanto, si el personal del Departamento de Energía y de otras agencias federales no se está apresurando ya a sacar por la puerta la mayor cantidad posible de dinero de la LRI, deberían hacerlo, dice Leah Stokes, profesora asociada de política medioambiental de la Universidad de California en Santa Bárbara, que asesoró a los demócratas en la elaboración de la ley.

Entre otros fondos, la ley asigna casi 12.000 millones de dólares a la oficina de préstamos del DOE, que proporciona financiación para acelerar el desarrollo de proyectos de energía limpia. También reserva 5.000 millones de dólares en subvenciones de la EPA para ayudar a los estados, gobiernos locales y tribus a reducir la contaminación por gases de efecto invernadero.

"Si el DOE y la EPA trabajan con la rapidez suficiente, será difícil recuperar ese dinero, porque ya se habrá gastado", afirma Stokes.

Impacto

Aun así, no hay duda de que Trump y los legisladores deseosos de ganarse su favor podrían causar un daño real a la LRI y a las industrias de energía limpia preparadas para beneficiarse de ella.

La magnitud del daño dependerá, por supuesto, de lo que consiga deshacer.

Pero tomemos el ejemplo de las subvenciones al sector energético. Un estudio publicado el año pasado en la revista Science señalaba que con las ayudas de la LRI a la electricidad limpia, alrededor del 68% de la generación eléctrica del país procedería de fuentes de bajas emisiones en 2030, frente al 54% sin la ley.

El Grupo Rhodium calcula que la LRI podría reducir la contaminación del sector eléctrico en casi 500 millones de toneladas en 2030.

El grado de variación de estas previsiones dependerá de cuántas y cuáles de las disposiciones que apoyan el cambio a una energía más limpia consigan eliminar los legisladores. Además de los créditos de tecnología neutra antes mencionados, la LRI también prevé ayudas federales para prolongar la vida útil de las centrales nucleares, desplegar sistemas de almacenamiento de energía y añadir capacidades de captura y almacenamiento de carbono.

Mientras tanto, un informe anterior del RMI (antes conocido como Rocky Mountain Institute) ofrecía una pista de lo que está en juego para el sector de los vehículos eléctricos. El grupo de investigación señalaba que las distintas disposiciones de la LRI, combinadas con la propuesta de la EPA de endurecer las normas sobre los tubos de escape, podrían propulsar a los turismos eléctricos hasta el 76% de todas las ventas nuevas en 2030. Sin la LRI, sólo representarán la mitad de las ventas. (Sin embargo, el Gobierno de Biden está considerando flexibilizar esas normas para dar más tiempo a los fabricantes de automóviles a aumentar la producción de vehículos eléctricos).

En total, unos 37 millones más de vehículos eléctricos podrían llegar a las carreteras del país de aquí a 2032, eliminando más de 830 millones de toneladas de emisiones del transporte para ese año y 2.400 millones de toneladas para 2040, según estimaciones de RMI.

Esto supone una enorme diferencia en las perspectivas de mercado de los fabricantes de vehículos eléctricos y en la rentabilidad de la construcción de nuevas plantas.

La pérdida de los créditos para el vehículo eléctrico podría crear otro notable efecto dominó. Para que un vehículo comprado pueda optar a uno de los créditos fiscales de 3.750 dólares, al menos el 60% de los componentes de la batería deben fabricarse o ensamblarse en Norteamérica. El otro crédito sólo está disponible si las baterías incluyen una parte significativa de minerales críticos extraídos o procesados en Estados Unidos o a través de socios de libre comercio, o reciclados en Norteamérica. 

Los diversos objetivos de estos "requisitos de contenido nacional", que ayudaron a que la ley superara la línea de meta legislativa, incluían garantizar que Estados Unidos produjera más materiales y componentes para las industrias de tecnologías limpias a nivel nacional, crear más puestos de trabajo, reducir la dependencia de China y salvaguardar la seguridad energética de Estados Unidos a medida que el país se aleja de los combustibles fósiles.

La pérdida de los créditos fiscales podría reducir las esperanzas de alcanzar esos objetivos, aunque algunos críticos sostienen que los acuerdos comerciales y las interpretaciones del IRS ya han suavizado las disposiciones de los créditos, asegurando que más fabricantes y modelos cumplan los requisitos.

La agenda general de Trump

Trump ha dejado claro que tiene la intención de obstaculizar los esfuerzos climáticos adicionales y reforzar el sector del petróleo y el gas a través de muchos otros medios, incluyendo potencialmente regulaciones federales, órdenes ejecutivas y acciones del Departamento de Justicia. Todo ello no haría sino magnificar cualquier impacto de los cambios que pudiera introducir en la IRA.

Si gana en noviembre, también es probable, por ejemplo, que ordene a la EPA que elimine por completo las normas sobre los tubos de escape. También podría ralentizar, recortar o recuperar parte de los 7.500 millones de dólares asignados en virtud de la Ley Bipartidista de Infraestructuras para construir una red nacional de recarga de vehículos eléctricos.

Trump también podría eliminar y negarse a sustituir al personal necesario para aplicar y supervisar los programas y la financiación en todo el DOE, la EPA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, y otras agencias federales. Y es muy probable que vuelva a sacar a Estados Unidos del acuerdo climático de París.

Cuánto de esto logre Trump podría depender, en parte, de lo envalentonado que se sienta al afrontar un segundo mandato, cuando probablemente todavía estaría luchando contra múltiples causas penales en su contra.

"Depende de si asumimos que respetará la ley y se ajustará a las líneas de nuestro sistema legal, o si será un fascista", afirma Stokes. "Es una cuestión enorme, y deberíamos tomárnosla muy en serio".

Al final, también puede resultar difícil separar los efectos del retroceso de las políticas climáticas de cualquier éxito que logre en la implementación de su agenda política más amplia. Trump ha prometido imponer un arancel del 60% o superior a los productos chinos, así como un "sistema proamericano de aranceles básicos universales a la mayoría de los productos extranjeros." Ha dicho que animaría a Rusia a atacar a los aliados de la OTAN y estaría valorando sacar a EE UU de la alianza militar. Ha hablado de desplegar fuerzas militares para reprimir las protestas en EE UU, sellar la frontera sur y atacar a los cárteles de la droga en México.

Los efectos económicos y geopolíticos potencialmente caóticos de tales políticas, en un momento de espiral de conflictos globales, podrían fácilmente eclipsar cualquier consecuencia directa de la alteración de las leyes y regulaciones climáticas.

Como dice Josh Freed, "un segundo mandato de Trump en un mundo menos estable y mucho más peligroso, económica y militarmente, tendría daños incalculables en cuestiones climáticas y energéticas".

Y en muchas otras cosas.