Medio billón de dólares está empezando a abrirse camino en la economía de Estados Unidos (EE UU), rehaciendo por el camino la tecnología climática.

Hace algo más de un año se promulgó la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), que supuso la actuación más significativa del gobierno federal en materia de cambio climático hasta la fecha. La legislación reservó cientos de miles de millones de dólares para apoyar tecnologías nuevas y existentes —desde paneles solares y bombas de calor hasta baterías para vehículos eléctricos— en un esfuerzo por reducir los costes de las tecnologías limpias y recortar las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.

Los expertos afirman que la ley IRA ya ha empezado a hacer mella en la economía, sobre todo a través de un flujo constante de anuncios de empresas que inauguran nuevas fábricas en EE UU. Sin embargo, los efectos más significativos de la legislación están aún por llegar, ya que muchos de los programas están diseñados para durar una década o más. Incluso quedan algunos interrogantes sobre cómo se desarrollarán algunas partes clave de la ley, como qué proyectos podrán acogerse a los tan debatidos créditos fiscales para el combustible de hidrógeno.

Esto es lo que hay que saber sobre la situación de la política de EE UU en materia de tecnología climática tras un año de aplicación de la ley IRA, y lo que habrá que esperar después.

De momento: las empresas privadas se apuntan

La ley IRA incluye cientos de miles de millones en subvenciones, préstamos y créditos fiscales que transformarán sectores como la energía, el transporte y la agricultura. Los fondos se destinarán a tecnologías que se encuentran en distintas fases de desarrollo, apoyando tanto la nueva investigación como la fabricación y el despliegue de tecnologías más consolidadas.

Cuando a finales de julio de 2022 se informó por primera vez de los detalles de la entonces ley, las estimaciones situaban la financiación total para el clima de la ley IRA en 369.000 millones de dólares (unos 341.000 millones de euros), lo que la convertía en la mayor inversión estadounidense en tecnología climática hasta la fecha. Una evaluación actualizada del Comité Conjunto de Impuestos en abril de 2023 estimó la inversión total del Gobierno en la IRA en 515.000 millones de dólares (unos 476.000 millones de euros) entre 2023 y 2032, aunque esa cifra no incluye todos los programas de la ley, como los créditos fiscales al consumo para vehículos eléctricos. 

Gran parte de los cientos de miles de millones de gasto previstos aún no han llegado, y conseguir que toda esa financiación salga a la luz tardará un tiempo en acelerarse, afirma Ben King, director asociado de energía y clima en Rhodium Group, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la política y la investigación.

Muchos de los créditos fiscales empezarán a llegar a las empresas después de que declaren sus impuestos para 2023. Algunas de las mayores cantidades de dinero entran en esta categoría, incluidos unos 30.000 millones de dólares (unos 27.000 millones de euros) en créditos fiscales para empresas que instalen proyectos de energía limpia, como parques eólicos y solares, y 60.000 millones de dólares (unos 55.000 millones de euros) en incentivos fiscales para empresas que fabriquen equipos como paneles solares y baterías para vehículos eléctricos.

Los créditos fiscales para las empresas pueden inclinar la balanza, favoreciendo el impulso de negocios en EE UU, algo que debería estimular la financiación privada y crear empleo, afirma Ellen Hughes-Cromwick, investigadora residente principal del programa de clima y energía de Third Way, un grupo de reflexión sobre políticas públicas.

La ley IRA incluye tanto créditos fiscales que ayudan a cubrir parte del coste de grandes inversiones como la construcción de una nueva fábrica, al igual que otros que ayudan a subvencionar la producción de productos como las baterías. Así pues, algunas disposiciones del proyecto de ley pueden ayudar a reducir los costes iniciales, mientras que otras prometen pagar un porcentaje de cada producto que produzca una empresa.

Aunque la financiación apenas ha empezado a distribuirse, la promesa de este enorme bote de dinero ha bastado para espolear un flujo interminable de noticias de empresas que buscan aprovechar los nuevos incentivos construyendo o ampliando la fabricación de proyectos de energía limpia y transporte en EE UU. "No pasa un día sin que se anuncie algo", afirma Hughes-Cromwick.

Desde que se aprobó  el 16 de agosto de 2022, las empresas han anunciado colectivamente 76.000 millones de dólares (unos 70.300 millones de euros) en inversiones para instalaciones con sede en EE UU, según un controlador web dirigido por Jack Conness, analista político de Energy Innovation.

Y aunque la lista de proyectos previstos incluye centros que producirán componentes para paneles solares, turbinas eólicas y equipos de transmisión de electricidad, la mayoría de los anuncios han sido para empresas que forman parte de las cadenas de suministro de vehículos eléctricos (VE) y baterías.

Parte de la razón de la alta concentración de anuncios de baterías puede atribuirse a un conjunto adicional de créditos fiscales para particulares que compren VE; estos créditos valen hasta 7.500 dólares (unos 6.900 euros) para la compra de un nuevo VE.

Para optar a los créditos fiscales para VE, los vehículos tienen que cumplir requisitos relacionados con el origen de sus baterías y materiales (en su mayoría, EE UU o socios de tratados de libre comercio). Así que, en última instancia, los compradores podrían pagar menos por un VE fabricado principalmente en EE UU. Estas restricciones pretenden empujar a más empresas a abastecerse de materiales y fabricar vehículos en EE UU. Y, de momento, parece que funciona.

En total, se han anunciado 62 proyectos con una financiación privada combinada de 53.000 millones de dólares (unos 49.000 millones euros) sólo para proyectos de VE y baterías desde que la ley IRA se convirtió en ley, según el recuento de otro contador web dirigido por Jay Turner, investigador de energía del Wellesley College. Se han anunciado tantos proyectos multimillonarios de baterías en el Medio Oeste y el Sureste que una región que se extiende desde Michigan hasta Georgia se ha ganado un nuevo apodo: el Cinturón de las Baterías.

La mayoría de los proyectos anunciados desde la aprobación de la IRA están aún en fase de planificación, aunque algunos, como una empresa conjunta de 3.500 millones de dólares (unos 3.200 millones de euros) entre Honda y LG Energy Solution anunciada en octubre de 2022, ya han comenzado a construirse. Los beneficios para los habitantes de esas regiones aún están por llegar, pero deberían incluir puestos de trabajo bien remunerados en las comunidades locales y regionales, afirma Anand Gopal, director ejecutivo de investigación política de Energy Innovation.

"Aún queda mucho camino por recorrer, pero los primeros indicios, sobre todo en el sector manufacturero, son muy buenos", afirma Gopal.   

De cara al futuro: más detalles y reducción de emisiones

La IRA es un documento bastante completo: el texto tiene cientos de páginas. Pero a pesar de todos esos detalles, y de que se publicó hace más de un año, aún quedan interrogantes sobre varios de los programas clave de la ley.

Una cuestión clave justo después de la firma de la ley era, por ejemplo, cómo se interpretarían estrictamente las restricciones de los créditos fiscales. Los créditos fiscales para VE exigen que los materiales y componentes procedan de EE UU o de socios con los que se han firmado acuerdos de libre comercio, pero el texto de la ley no aclara cómo se calculará el porcentaje de materiales y componentes procedentes del país norteamericano.

"Aún estamos en los primeros días"

Ellen Hughes-Cromwick

Ha sido el Servicio de Impuestos Internos el que ha tenido que colmar las lagunas. Hasta ahora, parece que la agencia está adoptando un enfoque indulgente con las aclaraciones que ha emitido sobre esos créditos, dice King.

Sin embargo, sigue abierta la cuestión de cómo definirá la agencia una cláusula más de los créditos fiscales para VE, que excluye a los vehículos que incluyan una "entidad extranjera de interés" como parte de la cadena de suministro. Existe la posibilidad de que esta cláusula se utilice para atacar a China, que controla la mayor parte de la fabricación de VE, incluida la refinación de materiales para baterías y la fabricación de componentes, según King. Estas restricciones, que entrarán en vigor a partir de 2024, podrían limitar los vehículos que pueden optar a créditos fiscales, dependiendo de cómo se interpreten, lo que podría dar lugar a una menor financiación para los VE y, en consecuencia, a un menor número de clientes de este tipo de vehículos.

Una de las cuestiones abiertas más espinosas de la ley IRA se refiere a un programa de créditos fiscales para el hidrógeno. El hidrógeno tiene una amplia gama de aplicaciones potenciales para la tecnología climática: puede utilizarse como combustible alternativo para aviones o vehículos, y también para producir productos químicos como el amoníaco, que se emplea en fertilizantes. En la actualidad, el hidrógeno se produce casi exclusivamente a partir de combustibles fósiles. Pero el hidrógeno también puede generarse utilizando electricidad, y cuando esa electricidad procede de fuentes renovables como la eólica y la solar, se obtiene "hidrógeno verde", un combustible de bajas emisiones.

La IRA incluye incentivos fiscales para el hidrógeno verde. Sin embargo, según Gopal, los detalles sobre qué proyectos pueden optar a ellos serán de vital importancia. Muchos electrolizadores que producen hidrógeno con electricidad no están conectados directamente a un panel solar o a una turbina eólica. Se conectan a la red eléctrica, que puede alimentarse de varias fuentes.

Generar hidrógeno utilizando electricidad de una red alimentada principalmente por combustibles fósiles podría acabar aumentando las emisiones totales. Por eso, los incentivos al hidrógeno requieren "más cuidado" que tecnologías como los VE, que casi siempre reducen las emisiones, afirma Gopal.

Las normas sobre qué fuentes de hidrógeno podrían optar a una parte de los fondos de la IRA debían publicarse en el plazo de un año tras la aprobación de esta ley. Pero la administración Biden incumplió ese plazo. Ahora las normas se retrasarán al menos hasta octubre, y podría llegar diciembre antes de que haya más claridad sobre este programa clave.

Mientras tanto, la forma en que todas estas nuevas fuentes de financiación se traducirán en reducciones de emisiones sigue siendo teórica. Analistas e investigadores calculan que la IRA podría ayudar a EE UU a alcanzar en 2030 una reducción de emisiones del 40% respecto a los niveles de 2005. Eso sigue sin alcanzar el objetivo fijado en los acuerdos internacionales de reducir las emisiones a la mitad, pero es una mejora significativa para el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero del mundo.

Según Hughes-Cromwick, todos los fondos de la IRA suponen un importante anticipo para la acción climática de EE UU. Las empresas privadas ya están invirtiendo miles de millones en nuevas tecnologías climáticas. A medida que se destinen más fondos públicos y privados a la fabricación y el despliegue, se podrán conseguir precios más bajos y una mayor adopción de las tecnologías que pueden ayudar a hacer frente al cambio climático, añade. "Todavía estamos en los primeros días... miren lo que hemos visto después de un año. ¿Se imaginan lo que veremos con 10 años de este apoyo?".