El poder de la Agencia de Protección Ambiental de EE UU (EPA, por sus siglas en inglés) de regular las emisiones del CO2 y de otros gases de efecto invernadero recibió la semana pasada un duro golpe por parte del Tribunal Supremo de EE UU.

Después de revocar la histórica sentencia sobre el aborto Roe contra Wade, la decisión del caso West Virginia contra EPA podría tener resultados de gran alcance para la política climática de EE UU mientras el mundo sigue estableciendo nuevos récords de emisiones que impulsan el cambio climático global.

¿Cuál fue el fallo?

La decisión argumenta que las acciones del reglamento de la EPA de 2015 sobre los límites máximos de emisiones establecidos para centrales eléctricas excedieron la competencia de la agencia.

"Limitar las emisiones de CO2 a un nivel que obligue a la transición nacional a abandonar el uso del carbón para generar electricidad puede ser una 'solución sensata a la crisis actual'", indica el fallo. "Pero no es admisible que el Congreso le diera a la EPA la autoridad para adoptar por su cuenta un sistema regulatorio de este tipo".

La competencia para tomar "una decisión de tal magnitud y consecuencias tan solo la tiene el Congreso de EE UU", continúa la explicación.

Es probable que esta decisión tenga "amplias repercusiones", opina Deborah Sivas, profesora de Derecho Ambiental de la Universidad de Stanford (EE UU) y añade que el tribunal no solo está restringiendo lo que la EPA puede hacer sobre política climática en el futuro, sino que esta opinión "parece ser un gran golpe para la deferencia de la agencia". Sivas concluye que otras agencias también se podrían enfrentar a limitaciones en el futuro.

El último fallo de una serie de casos explosivos del tribunal, se basó en gran medida en líneas ideológicas. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, fue autor de la opinión de la mayoría, y se le unieron sus compañeros conservadores: los jueces Samuel Alito, Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Clarence Thomas. Por otro lado, los jueces Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor discreparon.

¿De qué trata esta decisión?

La pregunta principal en el caso era cuánto poder debería tener la EPA para regular las emisiones de CO2 y qué se le debería permitir para lograr ese trabajo. Esa pregunta estaba enfocada en el reglamento de la EPA de 2015, el denominado Plan de Energía Limpia.

El Plan de Energía Limpia se centraba en las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas y requería que cada estado elaborase un plan para reducir las emisiones y presentarlo después al Gobierno federal.

Varios estados y grupos privados cuestionaron de inmediato el Plan de Energía Limpia desde que se hizo público, calificándolo de extralimitación por parte de la agencia, y el Tribunal Supremo lo paralizó en 2016. Después de la revocación del plan durante la presidencia de Donald Trump y algunos vaivenes, el Juzgado de Distrito de Washington (EE UU) dictaminó en enero de 2021 que el Plan de Energía Limpia estaba entre las competencias de la EPA.

El caso del Tribunal Supremo West Virginia contra EPA es el resultado de las impugnaciones a esa decisión del Juzgado de Distrito. Un puñado de estados, así como varias empresas de carbón, argumentaron que la EPA no tenía la competencia para regular las emisiones de la forma en la que intentó llevarlo a cabo a través del Plan de Energía Limpia.

¿Cuáles fueron los argumentos sobre este caso?

Estos estados denunciantes argumentaban que a la EPA solo se le debe permitir regular las centrales eléctricas individuales, en lugar de establecer estándares para toda la industria.

Además, opinaban que la agencia excedía bastante el poder que le otorgó el Congreso de EE UU porque introducía normas que tendrían impactos económicos de gran alcance.

La Ley de Aire Limpio de 1970 otorgó a la EPA la autoridad para regular la contaminación y las enmiendas de 1990 ampliaron el papel de la agencia. Se ha interpretado que esta autoridad incluía emisiones de gases de efecto invernadero, como ya había determinado el Tribunal Supremo en un caso de 2007.

La Administración de Biden argumenta que el tribunal no debería analizar los efectos del Plan de Energía Limpia en absoluto, ya que, de hecho, el plan nunca entró en vigor. También sostiene que el tribunal debería esperar hasta que se publiquen nuevas normas antes de decidir cómo la EPA debería regular las emisiones.

Pero los jueces se pusieron del lado de los estados denunciantes y dictaminaron que el plan de la EPA había excedido las competencias de la agencia.

Los jueces contrarios a esta decisión argumentan que el fallo significa que la EPA pierde su capacidad para regular la contaminación, incluidos gases de efecto invernadero, una potestad que indican que le había sido otorgado en la Ley de Aire Limpio.

En la opinión contraria al fallo, los jueces describieron los posibles daños del cambio climático, incluidas inundaciones, olas de calor y desastres naturales, y señalaron: "El Congreso de EE UU encargó a la EPA que abordara esos daños posiblemente catastróficos, incluida la regulación de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles".

"La sección 111 de la Ley de Aire Limpio ordena a la EPA que regule las fuentes estacionarias de cualquier sustancia que 'cause o contribuya significativamente a la contaminación del aire'. La Ley también reconoce que la EPA 'se puede anticipar frente a cuestiones que pongan en peligro la salud pública o el bienestar'. El CO2 y otros gases de efecto invernadero entran en esa categoría".

¿Qué significa todo esto?

La decisión limitará la capacidad de las agencias como la EPA para actuar sobre el clima sin el respaldo del Congreso.

La EPA aún podrá tomar algunas medidas para regular las emisiones, como exigir nuevas tecnologías en las centrales eléctricas. Pero los programas de mayor alcance, como establecer límites de emisiones para alentar un alejamiento del carbón, podrían acabar restringidos en el futuro.

"Esto envía un mensaje a la EPA: cuando establezca futuras normas sobre gases de efecto invernadero en concreto, estará muy limitada", resalta David Victor, profesor de Política Pública de la Universidad de California en San Diego (EE UU).

El Gobierno federal aún podrá alentar los recortes de las emisiones a través de los incentivos como créditos fiscales e inversión pública, explica Victor. Pero estará limitada su capacidad futura para hacer cumplir las normas vinculantes sobre acción climática, dejando que los estados decidan sobre ello, concluye el profesor.

"Este caso se suma a una nube cada vez más oscura de incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno federal para regular la contaminación", según Victor.

Esa incertidumbre dificultará que el Gobierno federal haga promesas a otros países e influya en sus acciones sobre el clima, indica Victor, y podría enfriar la inversión privada.

Algunos ven este caso como un llamamiento a la acción para el Congreso de EE UU. "En términos generales, esto refuerza la importancia de la acción del Congreso sobre la política climática", señala Lindsey Walter, subdirectora del Programa sobre Clima y Energía del Grupo de Expertos en Políticas Públicas Third Way.

Pero tal y como lo expresaron los jueces que habían votado en contra del fallo, esta decisión es un golpe a la capacidad del Gobierno federal para avanzar en la lucha contra el cambio climático:

"El Tribunal ha despojado a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) del poder que le otorgó el Congreso de EE UU para responder al 'desafío ambiental más apremiante de nuestros tiempos'".