Las perspectivas para los ya sombríos biocombustibles de celulosa—un tipo de combustible hecho a partir de fuentes como el pasto y los trozos de madera—han empeorado. Por segundo año consecutivo, la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA) reducirá drásticamente la cantidad de biocombustibles de celulosa que las empresas petroleras tienen la obligación de mezclar en sus combustibles, según dicta la Normativa de Combustibles Renovables. El mandato de este año iba a ser de 100 millones de galones de biocombustibles de celulosa, pero se redujo a 6,5 millones. El mes pasado, la EPA anunció que bajaría el requisito establecido para 2011, desde los 250 millones a entre cinco y 17,1 millones de galones.

La EPA lleva a cabo estas acciones porque no se produce el suficiente biocombustible celulósico como para satisfacer los objetivos. Hasta el momento, no se han construido plantas comerciales—sólo algunos pequeños proyectos pilotos y plantas de demostración.

El mercado de los biocombustibles de celulosa parecía asegurado después de que el Congreso aprobase la Normativa de Combustibles Renovables en 2007, que para 2022 requería 16 mil millones de galones de este tipo de combustibles al año. Obligaba a que las compañías de gasolina y diesel mezclasen los biocarburantes hechos a partir de material vegetal en sus suministros. En la actualidad, aquellas empresas con la esperanza de ofrecer biocombustibles de celulosa a la industria petrolera están pasando por momentos difíciles, además de llevar años de retraso, puesto que no han reunido la financiación necesaria para construir grandes biorefinerías comerciales.

Varios líderes de la industria de los biocombustibles de celulosa argumentan que la tecnología está lista—es sólo que la recesión ha limitado la cantidad de financiación disponible, y los fondos que están disponibles para la energía limpia en gran parte se destinarán a proyectos eólicos y solares, que reciben un apoyo más directo del gobierno. Los mandatos podrían proporcionar una ayuda vital, según argumentan, fomentando que las compañías petroleras den su apoyo a los biocombustibles de celulosa.

"Hay instalaciones de producción esperando ser construidas, pero detenidas por los mercados de capitales y los banqueros", afirma John McCarthy, director general de la startup de etanol celulósico Qteros, con sede en Marlborough, Massachusetts. El mantenimiento de los niveles originales de los mandatos ayudaría a abrir la financiación, y el hecho de haberlos disminuido "ha hecho que los niveles de demanda requeridos se desestabilicen", afirma."A menos que la EPA y la Casa Blanca mantengan el nivel de demanda obligatoria, no tendremos ningún tipo de Normativa de Combustibles Renovables".

De acuerdo con la Asociación de la Industria de Biotecnología (BIO), por lo menos una docena de proyectos comerciales de biocombustibles de celulosa están listos para ser construidos, a la espera de financiación, y en conjunto podrían proporcionar un par de cientos de millones de galones de combustible. Las plantas comerciales se espera que cuesten entre 100 millones de dólares, para una planta añadida a una instalación de etanol de maíz existente, hasta 600 millones, incluyendo los costes de financiación, para unas instalaciones completamente nuevas.

Varios líderes de industria de los biocombustibles de celulosa están pidiendo al Congreso que cambie una ley que obligaba a la EPA a reducir los mandatos para que coincidan con los suministros de etanol celulósico. Bajo este escenario, si el mandato excediese la cantidad de combustible celulósico producido, con lo que las compañías petroleras no podrían comprar la suficiente cantidad para satisfacer el requisito, se verían penalizadas. "Si la EPA optase por no renunciar a esos galones, las compañías petroleras tendrían que pagar una penalización por galón" por la cantidad que no pudieran combinar, afirma Matthew Carr, director de política en BIO.

Las sanciones darían a las compañías petroleras una razón para apoyar la construcción de plantas de biocombustibles de celulosa, afirma Wes Bolsen, vicepresidente de asuntos gubernamentales de Coskata, con sede en Warrenville, Illinois. "Hay que hacer que las compañías petroleras necesiten construir algo para cumplir con sus obligaciones bajo la Normativa de Combustibles Renovables", afirma.

Los mandatos, incluso en su forma reducida, son algo muy útil. Garantizan un mercado para el combustible celulósico producido, puesto que la EPA afirma que coincidirá con el mandato sobre la cantidad de biocombustibles celulósicos que las empresas pueden producir. Sin embargo, Bolsen y otros expertos afirman que esto no es suficiente para superar la aversión al riesgo por parte de los bancos. A diferencia de los proyectos eólicos y solares, los bancos son especialmente reacios a financiar las plantas de biocombustibles de celulosa puesto que no se ha construido ninguna a nivel comercial. "Realmente se trata de conseguir construir la primera planta", afirma Bolsen. Si la planta tiene éxito, él cree que esto probaría a los inversores que la tecnología funciona, y los haría estar más dispuestos a invertir en otras plantas. "Después de que la primera planta esté abierta, los bancos pedirán poder ayudar a financiarlas", afirma.

Los representantes del sector piden además otros cambios para ayudar a conseguir que el dinero fluya hacia las nuevas biorefinerías. Algunos querrían que el presidente Obama diera instrucciones al Departamento de Energía de los EE.UU. para ser más indulgentes en sus requisitos de garantía de préstamos y así apoyar las nuevas instalaciones. Muchos también apoyan una disposición dentro de un proyecto de ley, que actualmente se encuentra en fase de estudio en el Congreso, que proporcionaría un crédito fiscal para las inversiones en grandes plantas de biocombustibles avanzados—algo que, según argumentan, colocaría a los biocombustibles a la par con los proyectos de energía solar y eólica, que ya reciben esa ayuda.

Pero no todo el mundo cree que tanto apoyo del gobierno sea necesario. La financiación se puede encontrar, afirma Carrie Atiyeh, director de asuntos públicos en ZeaChem, con sede en Lakewood, Colorado, aunque la industria quizá no crezca tan rápido como el gobierno pretende. "Si la EPA se toma realmente en serio su objetivo de 16 mil millones de galones para 2022, vamos a necesitar algo de ayuda inicial para acelerar el proceso".