El presidente nuevo presidente de EE. UU., Joe Biden, ganó las elecciones, en parte, gracias a su apuesta por una ambiciosa plataforma medioambiental que promete grandes inversiones para luchar contra la emergencia climática y crear millones de empleos bien remunerados. Pero, la cuestión de cómo se gastarán los más de 1,5 billones de euros) propuestos por Biden para esa inversión ecológica todavía se está debatiendo, y tampoco se sabe qué otras medidas tomará el Gobierno para acelerar la economía verde.

Algunos políticos defienden la política industrial como el camino a seguir. En el marco de la política industrial, los gobiernos realizan inversiones descartadas por el sector privado y que ayudarían al país a alcanzar ciertas metas socialmente deseables. En pocas palabras, la política industrial es una forma de planificación gubernamental para crear o apoyar sectores estratégicos. Esta estrategia tuvo mucho peso en EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial y de nuevo a principios de la década de 1980, y hoy en día se ha convertido en un pilar central del movimiento Green New Deal (Nuevo Pacto Verde).

El principal elemento del debate ha sido el papel del Gobierno de EE. UU. a la hora de asumir y cubrir el riesgo a través de distintos programas, como garantías de préstamos, un nuevo banco público y el apoyo directo de la Reserva Federal de EE. UU. para mantener bajas las tasas de interés para facilitar la transición.

Sin embargo, los críticos siempre mencionan "el lío de Solyndra". Pasó en 2011, cuando el fabricante de energía solar de California (EE. UU.) no pudo devolver un préstamo federal de 441 millones de euros concedido por la Administración Obama como parte de sus esfuerzos de estímulo. El fracaso de esta empresa de energía limpia dio lugar a una "reacción muy fuerte contra el apoyo federal a los proyectos de energía".

Es cierto, el Gobierno de Estados Unidos apoyó a un perdedor. ¿Significa esto que el sector público debería mantenerse alejado de la política industrial y dejar que la mano invisible del mercado, a través del capital privado y los bancos, elija a los ganadores y perdedores?

No. De hecho, necesitamos más empresas como Solyndra.

Riesgos y beneficios

Los formuladores de políticas están luchando por encontrar la combinación adecuada de herramientas para poner al país en el camino hacia la economía verde. El precio de la inacción es astronómico. Más de 1.000 millones de personas podrían verse obligadas a migrar a causa de la emergencia. Sufrirían ciudades y naciones enteras. Los conflictos se intensificarían.

No obstante, tomar medidas requiere que modifiquemos sustancialmente la economía. Para evitar niveles catastróficos de calentamiento global, tenemos que hacer "cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad", afirma el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Esto significa invertir en grandes proyectos solares y de energía limpia a gran escala, descarbonizar los edificios, revisar el sistema de transporte y apoyar a las start-ups y a las industrias incipientes que desarrollarán nuevas tecnologías para facilitar la transición.

El desdén del anterior presidente de EE. UU., Donald Trump, por la política ambiental activa en los últimos cuatro años impulsó muchos cambios poco previsores, incluida la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París (Francia), su anulación del Plan de Energía Limpia de Obama y su revocación de varias protecciones ambientales. Y como Trump manifestó muy públicamente su antipatía por el apoyo público a las industrias limpias, su administración se centró en apoyar a las incipientes industrias de petróleo y gas con rescates mientras abría nuevos terrenos para la extracción de combustibles fósiles.

Biden, en cambio, ha hecho del cambio climático una de las cuatro prioridades en sus documentos de transición "Reconstruir mejor". En su ambicioso plan, la nueva administración se compromete a revitalizar la infraestructura, mejorar el transporte público, instalar estaciones de carga eléctrica, fortalecer las normas de eficiencia de combustible para los fabricantes de coches y respaldar la investigación de nuevas tecnologías de baterías. En resumen, reclama a gritos una política industrial.

Las estimaciones sobre cuánta inversión se necesita realmente para construir una economía neutra en carbono oscilan entre el 2 % y el 5 % del PIB de EE. UU. anualmente. Eso equivale a entre 330.000 millones de euros y un billón de euros cada año durante los próximos 10 años. Por lo tanto, los 1,65 billones de euros propuestos por Biden serán solo el primer pago.

Estas inversiones requerirán importantes fondos públicos iniciales, incluso mientras la economía continúa luchando muy por debajo de su capacidad total. Si bien estas inversiones podrían crear millones de puestos de trabajo en un futuro inmediato, una parte de los beneficios se distribuiría durante un período prolongado. Habrá más puestos de trabajo y un aire más limpio en corto plazo, y un ambiente más habitable durante los siglos venideros.

No todos los fondos para la transición verde deben provenir del Gobierno, por supuesto. El sector privado tiene un papel importante que desempeñar. Sin embargo, la inversión de las empresas en energía y tecnología verdes han sido sistemáticamente  insuficiente en relación con la cantidad requerida para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Eso se debe principalmente al considerable gasto necesario, a la naturaleza pública de muchos de los beneficios y a la posible incertidumbre de tales inversiones.

Las empresas de tecnología verde luchan por encontrar la financiación para sus ideas, que es una barrera importante para abordar nuestro creciente problema climático. La industria financiera, que en muchos aspectos sirve como planificador económico de los países, no aparece en estos casos. ¿Por qué? Porque prefiere canalizar los fondos hacia proyectos de bajo riesgos y ganancias privadas altas y rápidas. Pero, la mayor parte de los beneficios de las inversiones verdes recaen en la sociedad y las generaciones futuras.

Los inversores de capital de riesgo están más acostumbrados a financiar empresas de alto riesgo, pero trabajan duro para proteger su parte de las futuras ganancias. La mitigación climática requiere el enfoque contrario: los unicornios de la innovación climática generarán un beneficio incalculable para el bien común, en lugar de hacerlo para unos pocos inversores.

Bienestar general

Estados Unidos ya había estado en esta situación. El Gobierno ha utilizado la política industrial en repetidas ocasiones para estimular la innovación y la transformación económica directa, especialmente en tiempos de peligro. De hecho, Alexander Hamilton argumentó que el Gobierno de EE. UU. debería orientar las inversiones en nombre del "bienestar general". Creía que la economía necesitaba que el Gobierno guiara el mercado y, en ocasiones, que creara nuevos mercados desde cero.

La movilización del país para la Segunda Guerra Mundial es quizás el ejemplo más claro de este enfoque, al que los defensores ambientales se refieren a menudo. Cuando Franklin D. Roosevelt pidió que se activara el "arsenal de la democracia", el Gobierno de EE. UU. usó la política industrial (garantías de préstamos, subsidios y políticas de adquisiciones) para ampliar rápido las industrias durante la guerra y crear nuevos mercados.

"Es hora de aceptar un hecho incómodo: Solyndra fue parte de un programa exitoso".

Pero el Gobierno de Estados Unidos no solo ha implementado este enfoque en tiempos de crisis. Ha financiado programas y agencias de forma continua como los Institutos Nacionales de Salud, la Fundación Nacional de Ciencias, el programa de Investigación en Innovación para Pequeñas Empresas y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA, por sus siglas en inglés) que en concreto ha dado lugar a grandes avances tecnológicos que incluyen internet, GPS, computación en la nube e inteligencia artificial. 

Los ejemplos más recientes son la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Energía (ARPA-E) y los programas ecológicos incorporados en la Ley de Reinversión y Recuperación Estadounidense de 2009. De hecho, fue un programa de garantía de préstamos para la energía renovable incluido en ese proyecto de ley de estímulo el que financió el "fracaso" de tan alto nivel de Solyndra.

Aunque la caída de Solyndra recibió mucha cobertura en los medios, Solyndra en realidad fue uno de los dos únicos fracasos. Las otras 22 empresas devolvieron sus préstamos, lo que resultó en un programa rentable en términos generales que ayudó a acelerar varias industrias verdes en EE. UU. Y un beneficiario es el actual fabricante de coches eléctricos de gran éxito: Tesla.

El proceso de desarrollo industrial lleva tiempo. Los ganadores, como Tesla, y los perdedores, como Solyndra, surgen inevitablemente. En las primeras etapas del desarrollo de cualquier industria, las empresas con buenas ideas y buenos productos pueden fracasar por una serie de razones.

Sabemos que los costes económicos y ambientales de seguir quemando combustibles fósiles serán devastadores. El apoyo público a la tecnología verde puede ayudar a la industria a superar los obstáculos de los primeros fracasos del mercado y de las barreras que inevitablemente aparecen con la introducción de nuevos productos y formas de hacer las cosas.

La historia de Solyndra

Solyndra fracasó debido a una serie de cambios industriales globales que pocos podían haber previsto. Solyndra tenía como objetivo producir paneles solares sin silicio. Pero la tecnología, impulsada por políticas industriales extranjeras, condujo a un auge posterior en la producción mundial de silicio, que redujo el coste de los paneles producidos por los rivales de Solyndra. Al mismo tiempo, el Gobierno chino comenzó a subsidiar la producción solar de las empresas chinas, que podían vender paneles a precios más bajos que los de las empresas estadounidenses.

El fracaso de una empresa, debido en gran parte a cambios que no pudo controlar, mientras que más de otras 20 tuvieron éxito con el mismo programa, es precisamente el indicador de una política industrial exitosa. El programa federal que apoyó a Solyndra se arriesgó y financió distintos proyectos a unas escalas que la industria financiera y los capitalistas de riesgo simplemente no podían o no querían. Al final, estas apuestas dieron sus frutos de manera abrumadora, proporcionando un impulso vital a las industrias domésticas de energía solar, eólica y de vehículos eléctricos.

Durante los últimos 40 años, los precios de los paneles solares han caído aproximadamente un 99 %. ¿Cómo ha sido posible? Gracias a políticas públicas bien elaboradas. Incluso después del fracaso de Solyndra, las inversiones públicas sostenidas en I+D solar convirtieron a la industria en una alternativa sólida a los combustibles fósiles. Y los créditos fiscales ayudaron a reducir el coste de producción e instalación durante el desarrollo de este sector. Las políticas industriales de China, en particular, financiaron la investigación de energía solar y apoyaron a los fabricantes mientras escalaban.

En la actualidad, los técnicos de turbinas eólicas y los instaladores de paneles solares representan la primera y tercera profesión de más rápido crecimiento en el país. Ambos ganan muy por encima del salario medio de EE. UU.

Tales ejemplos muestran que, cuando el Gobierno lidera, el sector privado lo sigue. Una política industrial inteligente que canalice los recursos nacionales hacia la ampliación de las inversiones verdes y el apoyo a la investigación y el desarrollo en los sectores difíciles de suprimir, como la industria pesada, donde no hay muchas soluciones ecológicas, llenará el vacío creado por la falta de voluntad de las instituciones privadas para financiar la economía verde que tan desesperadamente necesitamos.

Es hora de aceptar un hecho incómodo: Solyndra fue parte de un programa exitoso. Si ninguna empresa respaldada por el Gobierno fracasara, significaría que las inversiones públicas son demasiado conservadoras. Estas inversiones incluyen riesgos y beneficios que no necesariamente se alinean perfectamente con los titanes de la industria. Precisamente por eso es trabajo del Gobierno intervenir y corregir estos errores del mercado.

Una política industrial audaz es un componente crítico de cualquier programa fuerte de descarbonización. Requerirá tanto ampliar los programas existentes como implementar otros nuevos para invertir en las empresas verdes y prestarles ayuda directa. Un programa de este tipo garantizaría préstamos ecológicos y facilitaría los préstamos privados para las iniciativas que mejoren el desarrollo ambiental e industrial. También pondría en el centro de atención la equidad y la participación cada vez mayor de la propiedad pública.

Eso podría significar, por ejemplo, expandir el mandato de ARPA-E para cubrir los sectores como la agricultura, la industria y el transporte pesado mientras la financiación aumenta entre 50 y 100 veces sobre sus niveles actuales; crear un nuevo banco verde para dirigir el crédito hacia los esfuerzos de la descarbonización; construir viviendas sociales ecológicas; y comprar productos ecológicos de nuevas empresas e industrias mediante una política de contratación pública.

Teniendo en cuenta la división del Congreso de EE. UU. a la que probablemente se enfrentará Biden, se trata de enormes desafíos. Pero, todavía hay mucho que podría hacer sin legislación, especialmente al nombrar a defensores medioambientales para dirigir las agencias clave como la Reserva Federal, la Oficina de Gestión de Presupuesto y la Tesorería.

Durante demasiado tiempo, la industria financiera ha alimentado la desigualdad y la destrucción planetaria. Es hora de encauzar la financiación y redirigirla para preservar nuestro planeta. 

*Mark Paul es profesor de economía y estudios ambientales en el New College de Florida y Nina Eichacker es profesora de economía en la Universidad de Rhode Island (ambos en EE. UU.).