Una proposición de proyecto de ley climática dada a conocer la semana pasada por los senadores John Kerry (D-MA) y Joe Lieberman (I-TC) está consiguiendo el apoyo de algunos economistas y compañías eléctricas como forma relativamente económica para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, y que inicialmente no tendrá casi ningún impacto en los precios de la electricidad. A los partidarios, sin embargo, les preocupa que la legislación no sea aprobada, lo que abriría la puerta hacia otras regulaciones mucho más caras por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE.UU.

El proyecto de ley, denominado Ley de Energía Americana, está diseñado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y establecer una estrategia energética nacional. El año pasado el Congreso parecía estar actuando ágilmente para aprobar un proyecto de ley sobre el clima y la energía, después de la Cámara de Representantes aprobase dicho proyecto de ley en junio, aunque las versiones del Senado se estancaron. No está clara la fecha en que el Senado oficialmente asumirá el nuevo proyecto de ley, que fue elaborado con la ayuda de Lindsey Graham (R-SC), quien recientemente retiró su apoyo. Mientras tanto, la EPA está redactando unos reglamentos para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, y que podrían entrar en vigor en enero si el Congreso no aprueba un proyecto de ley climática.

El nuevo proyecto de ley tiene por objeto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 17 por ciento a partir de 2020 y en un 83 por ciento para el año 2050, en comparación con los niveles de 2005, mediante la limitación de la cantidad que los principales emisores pueden liberar en la atmósfera. Estos límites se aplican a través de un tipo de sistema de limitación y comercio. Esto requeriría que las compañías eléctricas y, a fin de cuentas, la industria pesada y las refinerías, obtuviesen derechos de emisión para dichas emisiones, algunos de los cuales serían entregados, y otros se venderían. Las empresas pueden decidir o reducir sus emisiones o comprar suficientes derechos de emisión como para cubrir sus emisiones. Los permisos también se pueden intercambiar entre los emisores. Algunos de los beneficios de la compra de derechos de emisión se destinarán a pagar el déficit del gobierno federal, algunos irán directamente a los consumidores en forma de descuentos, y algunos financiarán programas para el fomento del desarrollo de nuevas tecnologías.

El proyecto de ley incluye incentivos para la energía nuclear, los vehículos de gas natural, y la captura de dióxido de carbono y la tecnología de almacenamiento, algo que sería más útil para las centrales eléctricas de carbón. También destina fondos a la I+D en el campo de la energía renovable y vehículos avanzados, e incluye una variedad de medidas para ayudar a disminuir el consumo de petróleo. Incluye incentivos para la perforación mar adentro, aunque aquellos estados que pudiesen verse afectados por derrames de petróleo pueden vetar los proyectos.

A diferencia del proyecto de ley aprobado por la Cámara el año pasado, el proyecto del Senado no requiere que las compañías eléctricas utilicen energía renovable, aunque existen tales disposiciones en un proyecto de ley energética distinto promovido por el Senador Jeff Bingaman (D-NM), y finalmente podrían incorporarse en el nuevo proyecto de ley. Otra diferencia clave dentro del nuevo proyecto de ley es la introducción de un programa de reembolso para aquellos consumidores que compensen los gastos del proyecto de ley.

El apoyo a la energía nuclear, la explotación petrolera, y la captura de dióxido de carbono y el almacenamiento, fueron incluidos para atraer el apoyo republicano hacia el proyecto. Sin embargo, el derrame de petróleo en el Golfo, unido a un clima político incierto, podría hacer que sea especialmente difícil aprobar el proyecto este año, afirma William Bonvillian, director de la oficina del MIT en Washington, DC.

Las principales debilidades del proyecto de ley, afirma Robert Stavins, director del Programa de Economía Ambiental de Harvard, es que "es innecesariamente complejo", algo que podría aumentar el costo de reducción de las emisiones. Por ejemplo, pone topes a las emisiones sólo en determinadas partes de la economía, aplica topes a sectores diferentes en momentos diferentes, y utiliza distintos métodos en cuanto a los derechos de emisión en diversos sectores. Afirma, sin embargo, que la legislación sería efectiva a la hora de reducir las emisiones a los niveles que se tienen como objetivo. "Estos acuerdos van a ser cambiados a lo largo del tiempo. No obstante, se trata de un punto de partida muy delicado para los EE.UU.", asegura.

Stavins afirma que el proyecto de ley es mejor que la alternativa--la regulación por parte de la EPA. Bajo el proyecto, las empresas deberían tener libertad para seleccionar el método más económico con el que reducir las emisiones. También podrían decidir comprar derechos de emisión de otras empresas que hayan encontrado maneras más económicas de reducir sus emisiones. Las regulaciones, por lo general, no son tan flexibles, lo que las hace más caras. "El enfoque regulador va a ser terriblemente costoso", afirma.

Sobre la base de un examen inicial, Duke Energy, una gran compañía eléctrica en el Sur y Centro-Oeste, también apoya el proyecto de ley, asegura Kevin Leahy, director gerente de la empresa en cuestiones de política climática y economía. Eso es debido a que envía una señal clara acerca de en qué tipo de centrales energéticas y medidas de eficiencia debe invertir la compañía en las próximas décadas. Su enfoque a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es "el más efectivo en cuanto a costes y el menos perjudicial".

La compañía quiere que exista una política clara relativa a los gases de efecto invernadero, afirma, puesto que "va contra nuestros intereses, cuando se están invirtiendo mil millones de dólares en una planta energética, que surjan nuevas regulaciones que nos puedan obligar a cerrarla en cinco años". Afirma que el proyecto de ley supone "toda una mejora con respecto a los proyectos anteriores", gracias a las medidas para garantizar que los costes aumentarán gradualmente con el tiempo, en lugar de hacerlo de repente. Por ejemplo, el proyecto de ley destina más dinero recaudado de la venta de derechos de emisión a los consumidores y a las empresas, para así ayudar a compensar los costes. "No se daría se daría un efecto de choque económico en un año", afirma. "Inicialmente, nuestro análisis muestra casi ningún impacto en la tarifa eléctrica en las Carolinas, y un impacto muy pequeño" en otros lugares, en zonas que dependen casi en su totalidad del carbón para la energía, señala.

Si el proyecto no se aprueba, afirma Leahy, las tarifas eléctricas podrían subir, ya sea debido a las regulaciones de la EPA o debido a la incertidumbre acerca de las futuras regulaciones, que harán que la compañía invierta en una variedad de plantas de energía, algunas de las cuales demostrarán no ser las más baratas a largo plazo.

Los críticos del proyecto de ley afirman que debería contener más incentivos para que las empresas y los consumidores ahorrasen energía haciéndoles pagar más por la energía procedente del uso intensivo del carbón. Al compensar los altos precios de la electricidad con los descuentos y otras medidas, "se emite un mensaje confuso", afirma Michal Moore, investigador principal del Instituto para la Energía Sostenible en la Universidad de Calgary en Alberta.

Los partidarios del proyecto de ley lo han estado presentando como una forma de reducir el consumo de petróleo, particularmente a la luz de la marea negra en curso en el Golfo de México, aunque Gilbert Metcalf, profesor de economía en la Universidad de Tufts, afirma que es sólo algo secundario. El principal impacto de la legislación será la reducción de las emisiones de carbono a partir del carbón, afirma. Las limitaciones propuestas dentro del proyecto de ley sobre los gases de efecto invernadero afectan al carbón mucho más que al petróleo, debido a que la quema de carbón emite más dióxido de carbono. Y los límites harán muy bien su trabajo, señala. "Las metas a corto plazo se pueden conseguir a un coste que no será perceptible en los hogares, en su mayor parte", afirma. Los objetivos a largo plazo "dependen de una tecnología que no existe aún", afirma. "Pero esto supone un empujón fuerte para así ponernos en marcha."