Hace dieciséis años, escribí un artículo sobre los primeros desafíos asociados al desarrollo del Transbay Transit Center. Aquel proyecto urbanístico se iba a convertir en la última estación del norte de la vía férrea de alta velocidad que conectaría San Francisco con Los Ángeles (ambos en EE. UU.).

El tren bala iba a facilitar los viajes diarios, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y unir los alejados centros económicos del estado. En 1996, el estado de California (EE. UU.) creó una agencia estatal para empezar a planificar la construcción de dicha línea de ferrocarril de más de 800 kilómetros. Los votantes aprobaron los contratos en 2008, y desde entonces, la construcción ha avanzado en varios tramos.

Pero mientras tanto, las obras se retrasaron una década y el presupuesto aumentó en decenas de miles de millones de euros. En febrero del año pasado, la administración Trump canceló una parte clave de la financiación federal, paralizando el arranque de la nueva obra. Ahora, tras más de dos décadas de planificación, no se sabe qué pasará con este proyecto de más de 72.000 millones de euros.

Lo más sorprendente del caso es, sin embargo, lo poco extraño que resulta. Casi todos los grandes proyectos de infraestructura sufren enormes retrasos y sobrecostes, si no acaban paralizados por completo. A Estados Unidos se le da cada vez peor emprender este tipo de grandes iniciativas y se ha vuelto negligente incluso a la hora de mantener la infraestructura existente.

La gran parte de las carreteras, puentes, tuberías, puertos, ferrocarriles y líneas de transmisión eléctrica de EE. UU. se construyeron hace más de medio siglo, y en muchos casos, están en malas condiciones. La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles ha estimado una brecha de 1,26 billones de euros entre los fondos disponibles y la cantidad necesaria para mantener, reconstruir o desarrollar la infraestructura necesaria en EE. UU. entre 2016 y 2025. Y esta cifra aumentará hasta los 4,51 billones de euros para 2040.

Esta penosa situación se agrava aún más cuando se tiene en cuenta el contexto de la emergencia climática. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que EE. UU. deberá realizar para evitar que el aumento de la temperatura llegue a 2 ⁰C, requerirá grandes inversiones anuales en tecnologías limpias como las energías renovables y en una red eléctrica moderna. Dichas inversiones deberán aumentar 10 veces de aquí a 2030, pasando de los 90.000 millones de euros actuales a los 900.000 millones de euros, según un estudio de 2015 realizado por el Proyecto de Deep Decarbonization Pathways.

Para prepararnos contra los ya inevitables peligros climáticos, también tendremos que fortalecer las protecciones costeras, rediseñar los sistemas de recogida de residuos y canalización, reforzar la  infraestructura de transporte y reubicar hogares y negocios lejos de las zonas de riesgo de inundaciones e incendios. En función de la velocidad a la que el mundo las emisiones, los costes de adaptación climática podrían alcanzar decenas o cientos de miles de millones de euros al año a mediados del siglo, según la última Evaluación Nacional del Clima.

Dados esos abrumadores costes y sus ajustados plazos, no podemos permitirnos el lujo de tardar décadas en construir un solo proyecto, y mucho menos en no construirlo. El autor de Democratic by Design y antiguo director de la Asociación de Planificación e Investigación Urbana del Área de la Bahía de San Francisco, Gabriel Metcalf, afirma: "Dada la situación actual, vamos a agotar el presupuesto de carbono que nos queda en lo que California tarde en acabar la 'evaluación de impacto ambiental' de una nueva línea de trenes".

Hay que renovarlo todo

Las infraestructura anticuadas ya han dejado de protegernos de los eventos extremos que el cambio climático probablemente ya ha amplificado. En 2012, la súper tormenta Sandy provocó la marejada ciclónica que atravesó las costas de la ciudad de Nueva York (EE. UU.), inundando las estaciones del metro, cortando la electricidad y acabando con la vida de decenas de personas. La tragedia desencadenó el debate, aun vigente, sobre la necesidad de crear barreras diques u otras medidas de protección contra las tormentas,.

Foto: Breezy Point, Nueva York, tras la supertormenta Sandy. Créditos: Departamento de Defensa de EE. UU. / Suboficial de Primera clase de la marina de EE. UU. Chad J. McNeeley

En California, donde los fuertes vientos que preceden a las lluvias estacionales son cada vez más comunes, la caída de los cables de transmisión de electricidad ha provocado algunos de los incendios más mortíferos y destructivos de la historia de este estado.

Un reciente informe estatal descubrió que, desde 2001, la empresa de servicios públicos PG&E no había vuelto a inspeccionar una torre de transmisión, a pesar de que tenía 97 años y su vida útil ya había expirado hacía varias décadas. En una tempestuosa mañana de noviembre de 2018, un gancho se rompió y se soltó un cable. Minutos después, un trabajador de PG&E informó sobre las primeras señales de un incendio forestal que finalmente casi arrasó la ciudad de Paradise y acabó con la vida de 85 de sus habitantes (ver La ciudad arrasada por el fuego que sigue retando al cambio climático)

Cuando le pregunté al director del Centro de Ingeniería y Resiliencia para la Adaptación al Cambio Climático en la Universidad de Carnegie Mellon (CMU, en EE. UU.), Costa Samaras, qué partes de nuestra infraestructura deberíamos renovar o reconstruir para resistir a los próximos peligros climáticos, me enumeró: "Sistemas de agua, sistemas de energía, sistemas de aguas pluviales, embalses, presas, tuberías, aeropuertos, vías férreas. Es decir, todo".

Y no se trata de pequeñas reparaciones. Mejorar los sistemas de agua potable, el tratamiento de aguas residuales y los sistemas de aguas pluviales de EE.UU. costará más de 540.000 millones euros en las próximas décadas.

Por ejemplo, una gran parte de los desagües pluviales del país fueron diseñados en función de la base de los datos de precipitaciones anteriores a la década de 1960. En 2018, la estudiante de doctorado de CMU, Tania López-Cantú, revisó los manuales de diseño del Departamento de Transporte de EE. UU. para docenas de estados, junto con los datos climáticos de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de EE. UU., y descubrió que los niveles de lluvia han aumentado significativamente en las últimas décadas en aproximadamente el 70 % de las áreas donde la información estaba disponible. Eso significa que en muchas regiones estadounidenses, las tuberías serían demasiado estrechas para soportar los actuales patrones de precipitación, por no mencionar las tormentas que se esperan en las próximas décadas.

Actualmente, los bienes inmuebles costeros, con valores que rondan el billón de euros, están expuestos al aumento del nivel del mar y a las cada vez más severas tormentas, inundaciones y erosión, según la Evaluación Nacional del Clima de EE. UU. Y unos 97.000 kilómetros de caminos y puentes atraviesan las llanuras aluviales más vulnerables de la costa.

Cada día en EE. UU., distintos vehículos cruzan dos millones de veces los puentes clasificados como "estructuralmente deficientes", y con una antigüedad media de más de 40 años. Miles de esas estructuras se volverán vulnerables al cambio climático a mediados del siglo, a medida que los ríos más caudalosos y rápidos arrastren sus bases de arena y grava. En este contexto, el coste de su mantenimiento anual ascenderá a los 900 millones de euros.

Otras áreas simplemente se volverán demasiado caras como para poder ser salvadas. Un reciente análisis de los Cayos de Florida (EE. UU.) descubrió que elevar un tramo de tres casi cinco kilómetros de carretera lo suficiente para evitar los niveles probables de inundación en 2060 costaría más de 162 millones de euros, un precio absurdo para proteger las dos docenas de casas que se encuentran ahí.

A nivel global, el mundo tendrá que gastar alrededor de 81 billones de euros en los próximos 15 años para sustituir las infraestructuras anticuadas de los países ricos y construir sistemas modernos en las economías emergentes, según un estudio de 2016 de la Comisión Global de Economía y Clima.

Un sistema deliberadamente lento

Cuando quieren, los países son capaces de construir a gran velocidad. Desde 2008, China ha construido 25.000 kilómetros de líneas ferroviarias de alta velocidad, más que la suma del resto del mundo. Al mismo tiempo, ha atravesado el país con docenas de líneas de transmisión de ultra alta tensión, que se extenderán a lo largo de 37.000 kilómetros.

Varias propuestas para construir ese tipo de líneas de nueva generación en EE. UU., que facilitarían mucho más el equilibrio de las fuentes eólicas y solares fluctuantes en las distintas franjas horarias, han sido bloqueadas durante años por luchas políticas y jurídicas de jurisdicción múltiple.

Cuando cubría el tema del mercado inmobiliario y planificación urbanística en el área de la Bahía de San Francisco, pude ver de cerca las fuerzas que impiden el desarrollo. Cada edificio de apartamentos, proyecto de pisos o bloque de oficinas tardaba años en aprobarse, si es que lo lograba, mientras muchos ciudadanos preocupados y partes interesadas hacían cola para hablar en reuniones públicas.

El colectivo NIMBY (siglas en inglés para el movimiento 'no en mi patio') rechazaban cualquier edificio que amenazara con bloquearles la vista, crear sombra en su calle o dificultar el aparcamiento. Sabían manejar las normas ambientales como un arma para frenar o eliminar las propuestas. Los consultores políticos, sindicatos y grupos comunitarios sabían cómo retrasar el proceso o acelerarlo, en función de si se satisfacían sus preocupaciones o términos contractuales.

Pero hay desafíos aún mayores. Los ciudadanos rechazan las subidas de impuestos y las medidas necesarias para construir infraestructuras y mantenerlas adecuadamente. Las leyes de zonificación, los precios de la vivienda, las pólizas federales de seguros y la necesidad de aumentar las bases impositivas distorsionan aún más las decisiones de planificación. Esto provoca que la construcción acabe en zonas peligrosas y fomenta patrones de desarrollo insostenibles.

El profesor asistente especialista en políticas de adaptación climática de la Universidad de Delaware (EE. UU.), A.R. Siders, explica: "Nuestro sistema jurídico fue diseñado para ser lento porque queremos que el Gobierno tome medidas mesuradas y analizadas. El problema actual consiste en llevar a cabo un cambio rápido en un sistema de procesos lentos".

Ignorar las advertencias

En vez de prepararnos para los peligros que se avecinan, con demasiada frecuencia reconstruimos de la misma manera, incluso después de las inundaciones, incendios y otros desastres, sin hacer caso a las advertencias que no podían haber sido más claras.

Entre 2010 y 2017, los promotores de EE. UU. construyeron 4.500 viviendas valoradas en 4.500 millones de euros en las zonas costeras de Nueva Jersey (EE. UU.). A partir de la década de 2050, todas ellas estarán en zonas de riesgo de inundación una vez por década, según un estudio de Climate Central. Y gran parte de esas viviendas fueron reconstruidas después de Sandy.

Foto: La Guardia Nacional de Texas (EE. UU.) se desplegó por las zonas inundadas alrededor de Houston (EE. UU.) después del huracán Harvey. Créditos: Guardia Nacional / Teniente Zachary West

El verano pasado, me fui en coche a la ciudad de Paradise, para hablar con los residentes y autoridades sobre los esfuerzos para reconstruir la ciudad después del incendio. Las autoridades municipales llevaban meses trabajando con una empresa de recuperación de desastres que recomendó una serie de medidas de seguridad que excedían los estándares estatales. Entre ellas, destacan la prohibición de cercas de madera que llegaran a hasta las viviendas, la supresión de la mayoría de las canaletas que permiten que la vegetación se acumule y la obligación de incorporar aspersores en todo tipo de casas.

Pero durante una reunión comunitaria, varios residentes se pusieron de pie para criticar dichas medidas. En su opinión, las recomendaciones provocarían que la reconstrucción fuera demasiado cara y disminuirían el encanto de la ciudad. Como conté en un artículo anterior, un vecino se levantó y dijo: "Nos gusta la ciudad tal y como es. Está llena de arboladas, sombras, es verde, es hermosa. Estamos dispuestos a aceptar algunos riesgos". Al final, las autoridades municipales rechazaron 11 medidas, suavizaron otras cinco y solo aprobaron cuatro de forma íntegra.

El auge de la sostenibilidad

En el pasado, cuando se construía una gran cantidad de infraestructura, el Gobierno federal la acogía rápidamente, invirtiendo enormes sumas de dinero en importantes proyectos con un objetivo común. El objetivo era rencaminar la economía, crear un sentido de urgencia detrás de la financiación y construir proyectos ambiciosos.

El director de investigación del Centro Ian McHarg de la Universidad de Pensilvania (EE. UU.), Billy Fleming, asegura que la mejor oportunidad que tenemos ahora reside en el movimiento Nuevo Pacto Verde (o Green New Deal), la radical propuesta para reducir las emisiones y fortalecer las ciudades contra el cambio climático (ver "El 'Green New Deal' trata de 'ecologizar' toda la economía"). En su opinión, este nuevo movimiento podría retomarse desde donde lo dejó el New Deal original. Este enfoque revitalizaría "la burocracia activista federal" y organizaría una enorme reserva de fondos federales para proyectos centrados en el cambio climático.

La amalgama de agencias federales creada en la década de 1930 puso a millones de estadounidenses a trabajar en la construcción de cientos de miles de kilómetros de carreteras y decenas de miles de presas, parques, bibliotecas, escuelas y otros proyectos.

Foto: Imagen histórica de los generadores en la central eléctrica de la presa Pickwick en Tennessee, desarrollada por la Autoridad del Valle de Tennessee. Créditos: Autoridad del Valle de Tennessee

Si asignamos fondos y simplificamos las aprobaciones para proyectos de energía limpia y adaptación al cambio climático, a través del movimiento Green New Deal o alguna otra normativa, tal vez podríamos generar una explosión de obras públicas modernas y sostenibles. Daríamos trabajo a personas en la construcción de las redes inteligentes, parques eólicos, plantas solares, estaciones de carga de vehículos eléctricos, líneas de transporte público, trenes de alta velocidad y demás.

Lamentablemente, es poco probable que seamos capaces de avanzar iniciativas importantes de infraestructura si no se producen grandes cambios en el poder político y sin que la opinión pública asuma que abordar los peligros climáticos es una necesidad urgente. Cuando eso suceda, tendremos que esforzarnos por proteger la equidad social, limitar el daño ambiental y buscar aportes de las comunidades vulnerables, desde las áreas donde los anteriores proyectos de obra pública a menudo se quedaban cortos.

Un nuevo concepto de lo público

Lo que no podemos hacer es permitir que el proceso de aportes públicos siga siendo utilizado como una forma de "retraso depredador" que simplemente protege la riqueza existente y mantiene el status quo, advierte Metcalf, que ahora es director ejecutivo del Comité para Sídney (Australia), un grupo de expertos en la política urbana. Y añade: "Si queremos conseguir una infraestructura de adaptación climática más rápido, deberíamos admitir que eso requerirá una noción diferente de los aportes públicos y unos plazos radicalmente más cortos".

En otras palabras, es imposible construir una gran cantidad de infraestructura nueva que logre un conjunto coherente de objetivos nacionales si seguimos dejando que las ciudades y sus habitantes prioricen sus preocupaciones individuales.

Foto: Las mareas más altas en medio siglo inundaron Venecia (Italia) a finales del año pasado. Créditos: Imágenes AP

Tendremos que construir muros de contención para salvar muchas casas y edificios, aunque su valor se reduzca. Debemos construir grandes parques eólicos costeros, aunque estropeen algunas vistas de la costa. Tendremos que expandir las líneas de transmisión por terrenos públicos y privados. Debemos levantar las calles y aceras para reparar la red de metro y el alcantarillado. Tendremos que reubicar algunos barrios y ciudades por completo.

Y sí, tendremos que subir los impuestos para financiar la gran cantidad de trabajo que nos queda.