Crédito: Jeff Swensen.

Los expertos debatirán durante años sobre las razones del triunfo de Donald Trump en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ahora mismo, las explicaciones culturales van en cabeza. Diferentes investigadores y periodistas han subrayado el papel del "resentimiento racial" y la xenofobia como las claves más importantes para entender el gran atractivo de Trump. Son importantes y no se pueden ignorar. 

Sin embargo, el declive durante décadas del empleo manufacturero en Estados Unidos así como el carácter claramente automatizado de la reciente revitalización del sector fabril también debería ocupar una posición privilegiada dentro de las razones que explican la victoria de Trump. El primero es una fuente indudable del enfado de la clase obrera que ayudó a Trump a lograr la presidencia. El segundo es el principal motivo por el que Trump no podrá recuperar el viejo empleo industrial para "hacer a Estados Unidos grande  de nuevo". 

Encontrar el "cinturón de óxido" en el epicentro del mapa electoral de Trump dice mucho sobre la carga emotiva de su campaña, pero también lo hacen datos del empleo y la productividad de las industrias fabriles estadounidenses. El colapso de la fabricación de bienes de consumo con mano de obra intensiva durante las últimas décadas y la expansión este decenio de la fabricación superproductiva han provocado que millones de trabajadores blancos de clase obrera se sientan abandonados, irrelevantes y cabreados.

Basta con mirar la evolución de la producción, con una implacable y continua destrucción de empleo durante 30 años desde 1980. Hablamos de la destrucción de más de un tercio de los trabajos manufactureros de Estados Unidos; de 18,9 millones de empleos hasta 12,2 millones.

Una buena parte de esta hecatombe se concentró en los estados del medio oeste y el "cinturón de óxido", donde localidades enteras fueron arrasadas por la desaparición del trabajo. El cambio afecta claramente a la clase obrera de las zonas metropolitanas industrializadas. Sólo desde el año 2000, varios millones de trabajadores han perdido su puesto en fábricas que pagaban 25 dólares (unos 23,6 euros) la hora más beneficios médicos y de jubilación. En muchas ocasiones, las únicas alternativas han sido trabajos en el sector servicios sin beneficios y por 12 dólares (unos 11,3 euros) la hora.  

Una de las consecuencias ha sido un notable aumento de la polarización política en los distritos congresuales afectados. Así lo demuestra un estudio del economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, EEUU), David Autor, y otros investigadores en el que estudian el impacto de las importaciones chinas en áreas regiones industriales tradicionales. Esa polarización política es la que, en parte, ha permitido la victoria de Donald Trump.

Es cierto que el trabajo fabril ha remontado en parte desde 2010, lo que refleja el auge automovilístico posterior a la crisis y la relativa fuerza de las industrias de fabricación avanzada. Pero tampoco va a consolar a los trabajadores estadounidenses desplazados. Aunque es un buen dato para la competitividad estadounidense y algunos clústeres locales, este crecimiento es mínimo y llega tarde como para aliviar la angustia de muchas comunidades industriales, las mismas que ayudaron a Trump a llegar a la Casa Blanca.

Asimismo, la naturaleza de este nuevo aumento de la producción industrial podría agravar el problema político de la industrialización. Trump promete "devolver" millones de empleos industriales a los trabajadores desposeídos. Para ello, pretende renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, rechazar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica e imponer aranceles a China. Reorganizar el comercio internacional. Sin embargo, que el sector industrial de EEUU haya funcionado con éxito según qué medidas en los últimos años hace que las promesas de Trump parezcan cantos de sirena.

De hecho, la producción total ajustada por inflación del sector manufacturero estadounidense es hoy más alta que nunca. Lo es a pesar de un crecimiento raquítico del empleo, el cual sigue cerca de los mínimos históricos. La bifurcación de estos dos indicadores -que refleja la mejora de la productividad del sector- supone un enorme problema para las promesas de Trump de recuperar millones de empleos en las fábricas estadounidenses. Estados Unidos ya produce muchísimo. Además, el regreso de más fábricas tampoco significa muchos más trabajos dada la expansión de los robots.

Según datos de Boston Consulting Group, el coste de un robot de soldadura en la industria automovilística apenas roza los 8 dólares (unos 7,5 euros) por hora. Un trabajador humano cuesta 25 dólares (unos 23,5 euros) la hora. Es una diferencia que no hará más que crecer. De manera más generalizada, la intensidad del trabajo industrial estadounidense -sobre todo el mejor remunerado- sólo irá en declive. En 1980 se necesitaban 25 empleos para generar un millón de dólares (unos 902.000 euros) de volumen de producción manufacturera. Hoy sólo se requieren cinco empleos. 

Las plantas automatizadas e hipereficientes de las fábricas actuales no le darán tanto espacio a Trump como para cumplir sus hiperbólicas promesas de devolver millones de empleos a sus seguidores obreros.

Una visión realista

Entonces, ¿cuál sería una respuesta más viable frente la difícil situación de los trabajadores y las necesidades de la industria estadounidense? La respuesta tiene que ser una visión realista sobre el futuro de la manufactura, cada vez más tecnológica, automatizada e innovadora. Solo así se podrá impulsar la competitividad del país y generar nuevos puestos de trabajo. Hacerlo significa invertir en I+D para mantener la industria estadounidense como líder; formar a sus trabajadores para incorporarse a la digitalización de las nuevas fábricas; y apoyar el crecimiento de los clústeres industriales avanzados en regiones como Grand Rapids, Michigan, Pittsburgh y Pensilvania. También exigir un comercio internacional justo y recurrir a las cláusulas antidumping de los acuerdos comerciales vigentes. EEUU necesita reequilibrar la balanza y recuperar la confianza del público.

De todos modos, nadie debería engañarse  y creer que millones de empleos fabriles van a volver a Estados Unidos. Quien quiera ayudar a los trabajadores industriales desplazados debe pensar de manera mucho más urgente cómo gestionar lo que los políticos llaman eufemísticamente "ajustes", y que afectan a las víctimas de la desindustrialización.  Una buena parte de ese trabajo debería dedicarse a reforzar el ineficaz programa de Ayuda al Ajuste Comercial (TAA, por sus siglas en inglés), que actualmente sólo proporciona un pequeño apoyo económico para los trabajadores afectados por la deslocalización. El programa debe ser más eficaz a la hora de formar a los trabajadores para ayudarles a reciclarse en nuevas ocupaciones.

La reacción debe ser algo más que ajustes "comerciales". Dada la lista cada vez mayor de preocupaciones de los trabajadores estadounidenses -incluidas la recesión, la automatización y la gig economy-, el país necesita dotarse de una red de seguridad y programas con mayor alcance. La Ley de Cuidados Asequibles, con sus subvenciones para el seguro médico de los desempleados, es un comienzo. Pero el país, los estados y las regiones necesitan involucrarse más y formar a los trabajadores desplazados o vulnerables para trabajar en industrias en crecimiento.

Igualmente, el limitado programa de garantía de ingresos de la TAA debería escalarse hasta convertirse en nacional. Con este tipo de programas, los trabajadores recibirían hasta 10.000 dólares (unos 9.200 euros) al año durante un período transitorio de varios años para compensar parte del salario perdido mientras se reciclan y buscan ocupaciones con mejores perspectivas.

Las frustración de los trabajadores por los cambios masivos del sector industrial ha jugado un papel clave en el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ahora se necesita un espíritu de realismo sin precedentes -sobre la tecnología, el comercio y los cambios inevitables- para abordarla.

*Mark Muro, investigador y director de políticas del programa de políticas metropolitanas del Instituto Brookings, dirige las actividades relacionadas con la economía avanzada e inclusiva del programa.