La subvención destinada a ayudar a que las ciudades se preparen para los ataques terroristas en EE UU estaría siendo empleada en dotar de tecnología de vigilancia a los departamentos de policía, según un reciente informe.

Se sabía que los fondos federales sirven para apoyar los presupuestos policiales, pero el nuevo informe, realizado por las organizaciones activistas Action Center on Race and Economy (ACRE), LittleSis, MediaJustice e Immigrant Defense Project, revela que estas subvenciones federales son mayores de lo que se pensaba.

El Programa de Subsidios de Seguridad Nacional de EE UU (The Homeland Security Grant Program), dirigido por la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), ha repartido desde 2002 al menos 28.000 millones de dólares (26.276 millones de euros) a agencias estatales y locales, según los autores del informe. Este dinero está destinado a la lucha contra el terrorismo y está vinculado a la financiación de la preparación para las emergencias de la que dependen muchas ciudades.

Pero el informe encuentra que este programa federal en realidad ha financiado "grandes compras de tecnología de vigilancia". Por ejemplo, los registros públicos obtenidos por los investigadores encontraron que el Departamento de Policía de Los Ángeles (EE UU) usó fondos de este programa para comprar lectores automáticos de matrículas de coches por un valor de al menos 1,27 millones de dólares (1,19 millones de euros), equipos de radio por un valor de más de 24 millones de dólares (22,5 millones de euros), plataformas de fusión de datos de Palantir (a menudo utilizadas para vigilancia policial predictiva), software de control de redes sociales, simuladores de sitios móviles valorados en más de 600.000 dólares (563.000 euros) y equipo SWAT (antidisturbios).

Como estas subvenciones son financiadas por el Gobierno federal, eso significa que las compras pueden no ser públicas. Esto se debe a que, si bien la mayor parte de los fondos para la policía provienen de los impuestos y se deben contabilizar, las subvenciones federales no requieren tanta transparencia ni supervisión pública. Los hallazgos del informe son otro ejemplo de un modelo creciente en el que los ciudadanos acaban cada vez menos informados sobre la adquisición de la tecnología policial.

"La adquisición y el uso de la tecnología de vigilancia policial merece un mayor escrutinio que muchas otras compras gubernamentales. Estas herramientas pueden representar serias amenazas para las libertades civiles", señaló Beryl Lipton, investigadora de vigilancia de Electronic Frontier Foundation , en un correo electrónico a MIT Technology Review, después de revisar el mencionado informe.

"Sin embargo, a menudo vemos una falta de transparencia cuando se trata de este tipo de equipo, en algunos casos porque las agencias no quieren rendir cuentas por el uso de unas herramientas tan invasivas".

"Un flujo de financiación oculta"

El informe destaca la Iniciativa de Seguridad del Área Urbana (UASI, por sus siglas en inglés), que ayuda a las ciudades y sus alrededores con la lucha contra el terrorismo. El estudio analiza cómo las agencias gubernamentales han venido utilizando las "narrativas antiterroristas" desde el 11 de septiembre de 2001 para justificar la creación de una fuerza policial militarizada y la explosión de la vigilancia pública. En 2022, UASI proporcionó 615 millones de dólares (577 millones de euros) a agencias locales y estatales para actividades antiterroristas, según su sitio web.

UASI es el programa más grande dentro del Programa de Subsidios de Seguridad Nacional (parte de FEMA), que también incluye la Operación Stonegarden, un programa de gestión de fronteras, y la iniciativa de la tecnología de seguridad: el Programa Estatal de Seguridad Nacional o State Homeland Security Program.

"Entendemos que este es el primer análisis amplio y más actual del programa", señala el analista de investigación sénior de ACRE Aly Panjwani y advierte que los datos se agregaron a través de las solicitudes de registros presentadas bajo la Ley de Libertad de Información a las ciudades de Chicago, Nueva York, Los Ángeles y Boston y, por lo tanto, no son completos.

El informe se basó en una gran cantidad de registros públicos y sus cálculos financieros añaden algunas investigaciones anteriores con datos públicos de varios sitios web gubernamentales. Las organizaciones ofrecen una lista de recomendaciones, incluido un llamamiento a las ciudades y estados para que rechacen la financiación de UASI y redirijan las inversiones a los servicios públicos como la vivienda y la educación. También abogan para que el Congreso de EE UU separe la ayuda para las emergencias de los fondos de seguridad y que se deshaga del Programa de Subsidios de Seguridad Nacional.

FEMA aún no ha respondido a una solicitud de comentarios.

"Esto es casi como un flujo de financiación oculta que aumenta los presupuestos de la policía local y también alimenta esta red de extracción de datos, recopilación y análisis de datos y la reventa de datos de los consumidores", opina Alli Finn, investigadora principal del Immigrant Defense Project, quien trabajó en el informe.

Además, UASI está diseñado para vincular los fondos de vigilancia, bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo, a los programas de preparación para las emergencias que son cruciales para muchas ciudades. Por ejemplo, el 37% del presupuesto de gestión de emergencias propuesto por la ciudad de Nueva York para 2023 proviene de los fondos federales, casi todo a través de UASI. Para que un gobierno local obtenga subvenciones de UASI, según el informe, debe gastar al menos el 30% de sus fondos (desde 2022) en actividades de orden público.

No existe la tecnología gratuita

UASI no es la única forma en la que las fuerzas policiales obtienen tecnología subsidiada por el Gobierno federal. El Programa 1033, llamado así por el artículo de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 1997, permite que el exceso de equipo militar se transfiera a grupos policiales. La policía lo ha utilizado para adquirir suministros de uso militar por valor de más de 7.000 millones de dólares (6.554 millones de euros), como tanques, vehículos terrestres autónomos y armas de fuego.

Algunos equipos solo se supervisan durante un año después del traspaso, y el programa es controvertido debido al efecto que tiene la policía militarizada en las comunidades de color. Y otro programa poco conocido, llamado Programa 1122, permite a los gobiernos estatales y locales utilizar los canales federales de adquisición que reducen los costes al agrupar órdenes de compra y ofrecen acceso a descuentos. Estos canales están disponibles para los "equipos adecuados para actividades antidrogas, para la seguridad nacional y para la respuesta a emergencias", según la ley estadounidense.

Una vez comprado, todo el equipo (que no sean armas) adquirido a través de 1122 se transfiere de propiedad del Departamento de Defensa de EE UU a las agencias policiales. Un informe de investigación de Women for Weapons Trade Transparency encontró que ninguna base de datos federal mantiene accesibles al público las compras a través de 1122. Mediante las solicitudes de la FOIA, este grupo descubrió las compras por valor de 42 millones de dólares (39,4 millones de euros) a través del programa, incluido el equipo de vigilancia.

Los programas federales no son la única forma en la que la tecnología se mantiene fuera de los registros públicos.

Muchos proveedores de tecnología ofrecen "pruebas gratuitas" de sus sistemas a las agencias policiales, a veces durante años, lo que evita la necesidad de un acuerdo de compra o la aprobación del presupuesto. La controvertida empresa de reconocimiento facial Clearview AI proporcionó pruebas gratuitas a cualquier persona con una dirección de correo electrónico asociada con el Gobierno o con alguna agencia policial como parte de su estrategia de "inundar el mercado". Nuestra investigación sobre la tecnología de vigilancia en Minnesota (EE UU) descubrió que muchos otros proveedores ofrecían incentivos similares.

"Los canales secretos de los fondos federales a menudo permiten a la policía eludir a los funcionarios electos y a la sociedad para comprar tecnologías que de otro modo nunca serían aprobadas", afirma Albert Fox, director ejecutivo del Proyecto de Supervisión de Tecnología de Vigilancia (Surveillance Technology Oversight Project). "Le da a la policía un poder que no tiene ningún otro tipo de agencia municipal. Los profesores no pueden usar el dinero federal para esquivar las juntas escolares", remata.