Todas las democracias del mundo están sumidas en una crisis u otra, y esa es la razón por la cual la salud de sus indicadores van en la dirección equivocada. Muchos ven el declive de la industria de los medios de comunicación como uno de los grandes factores del desastre.

No es de extrañar, entonces, que averiguar cómo financiar el periodismo se haya convertido en una cuestión urgente y que algunos gobiernos estén emprendiendo ambiciosos planes para intentarlo. Las grandes ideas sobre cómo canalizar miles de millones de euros hacia las salas de redacción suenan extrañas, pero es hora de apostar por algunas de ellas.

Esta tendencia acaparó portadas la semana pasada ante la presentación de una nueva ley australiana que obligaría a las plataformas de búsqueda y redes sociales a pagar a las organizaciones de noticias por vincular su contenido. Google ha decidido cumplir con la ley y ya trabaja en acuerdos con importantes empresas australianas como News Corp, Nine y Seven West Media. Pero Facebook decidió seguir el enfoque contrario: en lugar de pagar para que las noticias aparezcan en su plataforma, el gigante de las redes sociales ha prohibido que los usuarios australianos accedan y compartan noticias por completo.

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos analistas saltaron sobre las acciones de Facebook como prueba de sus objetivos monopolísticos y su falta de preocupación por el discurso cívico. Otros culpan al Gobierno australiano por ceder ante los intereses proteccionistas de sus amigos de los medios, como Rupert Murdoch, y poner a las empresas de tecnología en una posición absurda.

¿Qué más se puede hacer para devolver miles de millones de euros al periodismo?

El enfoque de Australia ha empezado a ser analizado por legisladores y reguladores de muchos otros países. Reuters informa de que el ministro de patrimonio canadiense, Steven Guilbeault, dijo que Canadá modelará su propia legislación sobre la base de la ley australiana. También hay algunas similitudes en un proyecto de ley propuesto por el congresista estadounidense David Cicilline que "proporcionaría un puerto seguro ante el temporal para que los editores de contenido digital negocien colectivamente con las plataformas dominantes sobre los términos en los que se puede distribuir su contenido".

En general, estas medidas buscan impulsar el poder de negociación de los medios de comunicación y ayudarlas a extraer valor de los gigantes tecnológicos para el contenido que producen las salas de redacción. La novedad del modelo australiano radica en su mecanismo de arbitraje, una especie de membrana entre las partes destinada a ayudarles a alcanzar a un intercambio justo de valor.

Es probable que la ley australiana se apruebe, por lo que este gran experimento de devolver el capital a los medios de comunicación pronto estará en marcha. Cuando se lance, podremos ver cómo funciona y si las preocupaciones de sus opositores se confirman, por ejemplo, si las organizaciones de noticias más grandes adquieren privilegios frente a las pequeñas, o si el dinero realmente termina gastándose en producir más periodismo de calidad.

Pero, en vista de las objeciones al enfoque australiano, ¿qué otras opciones existen? Si los nuevos modelos de suscripción no son suficientes para sostener la industria de los medios, ¿qué más se puede hacer para devolver miles de millones de euros al periodismo?

Se puede encontrar una gran cantidad de ideas en los archivos de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC), que estudió este problema en profundidad a principios de la década de 2000. El documento de la comisión de 2010 Recomendaciones de políticas potenciales para apoyar la reinvención del periodismo encontró "razones para preocuparse de que la experimentación no produzca un modelo de negocio sólido y sostenible para el periodismo comercial". Entonces, los autores buscaron decidieron buscar otros calderos de oro.

Una de las ideas presentadas en el informe fue la exención antimonopolio para "permitir que las organizaciones de noticias acuerden conjuntamente un mecanismo para exigir que los agregadores de noticias y otros paguen por el uso de contenido en línea", lo que se parece mucho a la ley australiana.

Pero hay otras ideas más novedosas, como:

• Un impuesto de subasta de espectro. Esta intervención no buscaría extraer fondos de las empresas de plataformas, sino minar los beneficios de los operadores móviles y las emisoras al gravar las licencias que compran por el derecho a operar en frecuencias específicas, y destinar dichos ingresos a una especie de fondo de medios público. Este año, por ejemplo, el espectro móvil 5G de EE. UU. (considerado un recurso público) se vendió en una subasta por más de 80.000 millones de dólares. Dado que las ganancias van al Tesoro de los Estados Unidos, el Congreso podría decidir que una parte de esos ingresos debería destinarse al periodismo.

• Impuestos publicitarios. En lugar de obligar a las plataformas tecnológicas a pagar directamente a las empresas de noticias, los gobiernos podrían simplemente aplicar un impuesto a la publicidad digital. En su informe de 2010, la FTC supuso que un impuesto del 2 % sobre las ventas de publicidad generaría entre 5.000 millones y 6.000 millones de dólares anuales que podrían destinarse al periodismo. El estado de Maryland (EE. UU.) acaba de presentar una ley para introducir un impuesto sobre la publicidad digital, que pretende utilizar para financiar otro bien público: la educación. (Las grandes empresas tecnológicas se oponen con vehemencia).

• Impuestos sobre planes de telefonía móvil. Otra forma de pagar a los medios sería que mediante un pequeño impuesto a los consumidores en sus facturas mensuales de teléfono móvil. En dólares de 2010, un impuesto del 3 % sobre las tarifas mensuales habría generado 6.000 millones anuales, y actualmente hay aproximadamente 120 millones más de suscripciones móviles en EE. UU.

El informe de la FTC está repleto de sugerencias para estructuras fiscales alternativas, ventajas de derechos de autor y otros mecanismos creativos para sostener el periodismo, así como ideas sobre cómo proporcionar subsidios más directos a la industria de los medios de comunicación. Pero, además de estas ideas, hay otra posibilidad que creo se debería considerar: financiar el periodismo a través de las multas contra las plataformas tecnológicas por violaciones de privacidad y antimonopolio.

Por ejemplo, en 2019, la FTC anunció una multa de 5.000 millones de dólares contra Facebook por múltiples violaciones de privacidad, incluido el escándalo de Cambridge Analytica. La cifra es el doble de la dotación de la Fundación Knight, una de las organizaciones filantrópicas más generosas que invierten en periodismo en la actualidad. Y ese mismo año, Google resolvió las acusaciones de haber violado la privacidad de los niños con un pago a la FTC de 170 millones de dólares.

No es difícil imaginar un mecanismo que desvíe las multas de las violaciones de la privacidad y las leyes antimonopolio a una fundación cuasi gubernamental. Con el tiempo, los fondos de dicha fundación podrían sostener más que de sobra las pérdidas de la industria de las noticias durante las últimas dos décadas: toda la industria ganó poco menos de 25.000 millones el año pasado.

El clima político actual en EE. UU. y en otros lugares hace que sea probable que los gobiernos busquen cada vez más desviar fondos de las plataformas tecnológicas a los medios de comunicación. Un informe reciente de la Cámara de Representantes de EE. UU. Titulado Investigación de la competencia en los mercados digitales, dirigido en parte por el congresista Cicilline, concluyó claramente que "la aparición de los guardianes de las plataformas y su poder de mercado ha contribuido a la disminución de fuentes de noticias".

Pero obligar a las grandes tecnológicas a pagar directamente a los medios de comunicación, con todos los peligros que eso pueden generar, es solo una opción. Si el objetivo es recapitalizar el periodismo a gran escala, es hora de ser creativo.

Justin Hendrix es director ejecutivo y editor de 'Tech Policy Press', una nueva empresa de medios sin ánimo de lucro, especializada en tecnología y democracia. Anteriormente, fue director ejecutivo de NYC Media Lab y pasó más de una década en 'The Economist'. Es investigador científico asociado y profesor adjunto en la Escuela de Ingeniería Tandon de la Universidad de Nueva York (EE. UU.).