El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y los fiscales generales de 11 estados, liderados por los republicanos, presentaron el pasado martes una demanda antimonopolio contra Google, en la que alegan que la empresa mantiene un monopolio ilegal de la búsqueda y la publicidad online. 

La demanda es el resultado de una investigación que duró 16 meses y de las reiteradas promesas del presidente del país, Donald Trump, de responsabilizar a las Big Tech por las acusaciones sin demostrar de su presunto sesgo anticonservador. Pero, los informes sugieren que el fiscal general William Barr presionó al DOJ para presentar cargos antes de las elecciones presidenciales que tendrán lugar dentro de dos semanas.

Sin embargo, la idea en sí misma de regular a las Big Tech no pertenece a ninguna ideología concreta. A principios de este mes, los miembros demócratas de la Cámara de Representantes de EE. UU. publicaron un informe de 449 páginas en el que analizan todas las formas en las que Apple, Amazon, Facebook y Google actúan como monopolios, y abogan por una mayor aplicación de la legislación antimonopolio en su contra. La fiscal general de Nueva York (EE. UU.), Letitia James, ha indicado que siete estados más, incluido el suyo, estaban cerca de presentar su propia demanda y que más adelante podrían unirse a la del Departamento de Justicia. 

El caso se centra en las tácticas de Google y en su dominio del mercado de las búsquedas. Actualmente recibe el 80 % de todas las consultas de búsqueda en Estados Unidos, y el Departamento de Justicia afirma que la empresa utiliza decenas de miles de millones de euros de sus beneficios anuales por publicidad en las búsquedas para suprimir injustamente a sus competidores.

Presentamos un resumen de cómo el Departamento de Justicia alega que Google ha mantenido su monopolio ilegal: 

Buscador predeterminado

La demanda asegura que Google mantiene su ventaja mediante acuerdos de exclusividad por valor de miles de millones de euros para que su motor de búsqueda aparezca de forma predeterminada en navegadores web, dispositivos móviles y tecnologías de búsqueda emergentes como los asistentes de voz y dispositivos de internet de las cosas (IoT). Como la mayoría de los usuarios no cambia la configuración predeterminada, añade la demanda, esto termina "convirtiendo a Google de facto en el exclusivo motor de búsqueda general". 

La demanda destaca específicamente el comportamiento de Google en los dispositivos móviles. Señala que, aunque su sistema operativo Android es gratuito y de código abierto, en realidad mantiene el control. Sus contratos con proveedores impiden la bifurcación del software Android de Google, imponen la preinstalación de las aplicaciones de Google e incluyen acuerdos de reparto de ingresos que resultan mejores para las empresas que siguen las reglas de Google. 

La demanda detalla que los acuerdos para compartir los ingresos con Apple, por valor de entre 6.750 millones de euros y 10.125 millones de euros al año y que representan hasta el 20 % de los beneficios netos a nivel mundial de Apple, garantizan que Google siga siendo el motor de búsqueda predeterminado en el navegador Safari y en los iPhones, así como para Siri y Spotlight, la función de búsqueda de todo el sistema de Apple. 

Los contratos de exclusividad cubren casi el 60 % de las consultas de búsqueda en EE. UU.

Altas barreras de entrada

El dominio de Google es tal que crear algún producto competitivo resulta prohibitivamente caro. Google es una de las tres empresas de búsqueda generalizadas de EE. UU. que utilizan los rastreadores de web (el software que busca y clasifica constantemente las páginas web disponibles públicamente). Las otras dos son Bing y DuckDuckGo. (Yahoo, que tiene el 3 % del mercado, en realidad compra a Bing sus resultados de búsqueda).

La creación y el mantenimiento de un índice de búsqueda de este tipo requerirían una "inversión inicial de miles de millones de euros", alega la demanda, y otros cientos de millones de euros en costes de mantenimiento anuales, lo que efectivamente excluye la entrada al mercado de los competidores más pequeños. 

La supuesta monopolización de búsquedas por parte de Google también amplifica su capacidad para mantener un producto superior, según la demanda. Domina en la cantidad de datos recopilados y sus enormes conjuntos de datos se pueden usar para crear algoritmos más precisos, lo que a su vez genera mejores resultados de búsqueda dirigidos a cada usuario individual. Según el DOJ, este ciclo refuerza el dominio del mercado de Google, protegiéndolo injustamente de la competencia. 

El  monopolio de la publicidad

Google también ha monopolizado los anuncios de búsqueda online, según la demanda. Su monopolio de búsqueda le da acceso a la mayor audiencia posible para los anunciantes, lo que lo convierte en la opción más atractiva y con diferencia. La demanda destaca específicamente el atractivo de los anuncios de texto y de compras, que aparecen por encima de los resultados de búsqueda reales. 

La industria de la publicidad por búsqueda online se ha disparado a hasta los más de 42.000 millones de euros, y de eso, los anunciantes pagan casi 34.000 millones de euros a Google cada año. 

Qué busca el DOJ

A pesar de estas acusaciones, el Departamento de Justicia no busca explícitamente dividir a Google ni imponerle multas específicas. Más bien, se trata de una petición de "ayuda estructural, según sea necesario, para curar cualquier daño anticompetitivo". En una rueda de prensa, los representantes del Departamento de Justicia señalaron que había investigaciones en curso sobre otras empresas de tecnología y que no descartan imponer más cargos contra Google. 

Varias horas después de la presentación de la demanda, el gigante la calificó de "profundamente defectuosa", en una declaración publicada en su blog. 

El comunicado sostiene: "La gente usa Google porque quiere, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas. Esta demanda no hace nada para ayudar a los consumidores. En cambio, mantendría de forma artificial alternativas de búsqueda de menor calidad, aumentaría los precios de los teléfonos y dificultaría que las personas accedan a los servicios de búsqueda que quieran utilizar".

Esta no es la primera vez que Google se enfrenta a los supervisores estadounidenses, y probablemente no será la última. En 2012, la Comisión Federal de Comercio investigó a la empresa, aunque al final abandonó el caso sin presentar cargos. En Europa ha sido objeto de tres demandas antimonopolio independientes desde 2010, que resultaron en multas de 7.593 millones de euros. 

¿Qué pasará ahora? Es probable que la demanda del Departamento de Justicia tarde varios años en llegar a los tribunales. Una demanda de la década de 1970 contra IBM tardó 13 años en finalizarse, mientras que otra de 1997 contra Microsoft tardó cinco años. En ningún caso las empresas se vieron obligadas a disolverse.