un 17 de los niveles de 2005 en 2020, y el dirigente chino Wen Jiabao, que un día después desveló un ambicioso objetivo relativo a la eficiencia de energía. Estos movimientos hacen que los economistas, analistas y desarrolladores de tecnología incrementen sus esperanzas de que las negociaciones de última hora logren asegurar un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto inve adero mundiales, y así extender el mercado de las tecnologías eficientes a nivel de energía.
El impacto podría ser tanto inmediato como a largo plazo, según Ethan Zindler, encargado de dirigir las investigaciones en los EE.UU. para la firma consultora con sede en Londres New Energy Finance. “Esto envía una importante señal a largo plazo al mercado acerca del compromiso de varias naciones. Eso es algo que, particularmente en los EE.UU., se lleva esperando desde hace tiempo,” afirma Zindler. Al mismo tiempo, afirma, puede que Obama haya hecho su promesa con la esperanza de que Copenhague le ayude a que se apruebe la legislación sobre energía y clima en EE.UU. La ley del clima ofrece incentivos a las instalaciones de energía renovable y demostraciones a gran escala de captura de carbono.
La economista de la Universidad de Columbia, Graciela Chichilnisky, que diseñó las provisiones de intercambio de carbono del Protocolo de Kyoto, predice que en Copenhague se producirá un acuerdo que obligue a que las reducciones de emisiones para 2020 sean iguales o mayores a las que ha prometido Obama. “Eso es lo que ocurrirá como mínimo,” afirma Chichilnisky.
Chichilnisky afirma que la promesa de EE.UU. supone sólo un recorte del 3 por ciento de la línea de base del Protocolo de Kyoto en 1990. La promesa de Obama se ve empequeñecida por la promesa de reducción del 20 por ciento de la UE respecto a los niveles de 1990 en 2020, y el 25 por ciento de recorte prometido por Japón. Los expertos en clima piden recortes de entre el 80 y el 90 por ciento de aquí a 2050. Como afirmó Chichilnisky acerca de la promesa de EE.UU.: “Es absurda, pero es un punto de inicio.”
Finn Strom Madsen, el ejecutivo a cargo de I+D de la compañía de turbinas eólicas danesa Vestas, está de acuerdo con que para los desarrolladores de energía renovable es necesario llegar a un acuerdo en Copenhague, sin importar la escala del mandato. Madsen afirma que el valor real de Copenhague es hacer que los líderes mundiales alcancen “el consenso político que necesitamos para incluir alte ativas dentro de la energía convencional, y que necesitamos hacerlo más rápido de lo que lo hacemos hoy día.”
Vestas, de hecho, ya ha anunciado planes este otoño para aumentar más de la mitad de su personal de I+D de 1.375 personas, y así poder trabajar en varias iniciativas de I+D de gran tamaño al mismo tiempo. Entre estas iniciativas se incluye: una turbina de seis megavatios para uso mar adentro y que es el doble de potente que la turbina más grande de Vestas; cimientos flotantes para aguas profundas; y turbinas sigilosas que minimicen las interrupciones de los radares de tráfico aéreo. “Si al final no conseguimos nada en Copenhague y la gente empieza a lanzarse piedras unos a otros, puede que reconsideremos algunas de las cosas que estamos haciendo,” señala Madsen. “Pero realmente esperamos poder alcanzar un acuerdo político.”
Para Chichilnisky, directora del Consorcio para Administración de Riesgo de la Universidad de Columbia, se necesita un acuerdo en Copenhague para avanzar los mercados de carbono nacidos en Kyoto mediante la provisión de objetivos de reducción de carbono hasta 2020. Sin embargo, Chichilnisky ha propuesto que en Copenhague se tomen en cuenta unos cambios en las regulaciones de los mercados que, en caso de adoptarse, expandirían ampliamente el alcance de los mercados de carbono con el consiguiente beneficio para los desarrolladores de tecnología.
Un ejemplo de este tipo de extensión consiste en un sistema “entrelazado” dentro de los mercados de carbono. Bajo este sistema, los EE.UU. comprarían opciones sobre los créditos de emisión de carbono, obteniendo el derecho de reducir las emisiones chinas, y los chinos podrían comprar opciones que les diesen derecho a vender derechos de emisión a los EE.UU. por un precio mínimo. “Los EE.UU. pueden forzar a China a reducir sus emisiones, y los chinos pueden afirmar verdaderamente que serán compensados si eso ocurre,” afirma Chichilnisky. Los desarrolladores de tecnología en ambos países se beneficiarían al proporcionar el equipamiento que produce las reducciones reales que se esconden tras los créditos.
Chichilnisky afirma que Copenhague también podría ampliar los mecanismos mediante los que los países en desarrollo venden reducciones de carbono verificadas provenientes de la energía o de los proyectos de forestación a los países desarrollados, que utilizan esas “compensaciones” para alcanzar sus obligaciones de reducción de gases de efecto inve adero. Las compañías europeas que compran compensaciones para alcanzar sus obligaciones bajo el Esquema de Intercambio de Emisiones de la UE han sido las que han ayudado al reciente crecimiento explosivo de las granjas eólicas en China e India.
Su propuesta extendería este tipo de financiación a los proyectos encargados de capturar más dióxido de carbono del que producen, tales como las plantas de biomasa que capturan y secuestran sus emisiones y los dispositivos de captura de aire que sacan al dióxido de carbono fuera del aire ambiental. Chichilnisky está invirtiendo en esta última tecnología a través de Global Thermostat, una startup de captura de aire con sede en Nueva York, y cuyo objetivo es utilizar el calor que se desperdicia en las plantas de carbón para capturar el doble del dióxido de carbono que emiten las plantas.
Un acuerdo en Copenhaguen y la legislación nacional para implementarlo, afirma Chichilnisky, proporcionan “dinero y beneficios de sobra para construir plantas eléctricas limpias y eliminar el CO2 que emiten.”