Este verano, el Senado de Estados Unidos (EE UU) avanzó con dos proyectos de ley sobre la privacidad online de niños y adolescentes fuera de comité. Ambos han estado flotando en el Congreso en diversas formas durante los últimos años y están empezando a conseguir un apoyo bipartidista real.

Al mismo tiempo, en los últimos meses hemos visto cómo muchos estados han promulgado (y politizado) leyes sobre la seguridad de los niños en internet. Estas políticas varían bastante de un estado a otro, como ya escribí en abril. Algunas se centran en los datos de los niños, y otras intentan limitar cuánto y cuándo pueden conectarse a internet.

Los partidarios afirman que estas leyes son necesarias para mitigar los riesgos que las grandes empresas tecnológicas plantean a los jóvenes, riesgos que cada vez están mejor documentados. Sostienen que ya es hora de poner barreras y limitar la recogida y venta de datos de menores.

"Lo que estamos haciendo es crear un deber de diligencia que responsabiliza a las plataformas de medios sociales sus daños", afirmó el senador Richard Blumenthal, que está copatrocinando un proyecto de ley de seguridad infantil online en el Senado, en una entrevista con Slate. "Da a los fiscales generales y a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) el poder de interponer demandas basadas en los diseños de productos que, en efecto, impulsan los trastornos alimentarios, el acoso, el suicidio y el abuso sexual y de drogas que los niños no han solicitado y que pueden ser adictivos".

Sin embargo, —sorpresa, sorpresa— como ocurre con la mayoría de las cosas, en realidad no es tan sencillo. También hay voces críticas que sostienen que las leyes de seguridad infantil son en realidad perjudiciales para los niños porque todas estas leyes, independientemente de su forma, tienen que hacer frente a una tensión central: para aplicar las leyes que se aplican a los niños online, las empresas tienen que identificar realmente qué usuarios son niños, algo que requiere la recopilación o estimación de información personal sensible.

Estaba pensando en esto cuando la organización de la sociedad civil Surveillance Technology Oversight Project (S.T.O.P., por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, publicó el 28 de septiembre un informe que pone en relieve algunos de estos daños potenciales y defiende que todos los proyectos de ley que obligan a las empresas tecnológicas a identificar a los usuarios menores de edad, aunque sean bienintencionados, aumentarán la vigilancia online para todos.

"Estos proyectos de ley se venden como una forma de proteger a los adolescentes, pero hacen justo lo contrario", afirmó el director ejecutivo de S.T.O.P., Albert Fox Cahn, en un comunicado de prensa. "En lugar de esfuerzos equivocados para rastrear la edad y la identidad de cada usuario, necesitamos protecciones de privacidad para todos los estadounidenses". 

Existe un amplio abanico de normativas, pero el informe señala varios estados que están creando leyes que imponen restricciones más estrictas —incluso drásticas— al acceso de los menores a Internet, limitando de hecho la expresión en línea.

Una ley de Utah que entrará en vigor en marzo de 2024, por ejemplo, exigirá que los padres den su consentimiento para que sus hijos accedan a las redes sociales fuera del horario comprendido entre las 18:30 y las 22:30 horas, y que las empresas de redes sociales incorporen funciones que permitan a los padres acceder a las cuentas de sus hijos.

Los detractores—especialmente los defensores de la privacidad y la libertad de expresión en internet, entre los que se incluye S.T.O.P.— han criticado distintos aspectos de estos proyectos de ley. Sin embargo, más allá de las normativas específicas, la queja común es que no hay forma de preservar la privacidad ni de confirmar fácilmente que un usuario menor de edad lo es.

No existe una regla de oro sobre cómo hacerlo. Algunos proyectos de ley, como el de Utah, exigen que los usuarios proporcionen una verificación oficial de la edad, como un documento de identidad expedido por el gobierno, antes de acceder a determinados sitios web o productos. Otras, como la de California, permiten a las empresas hacer sus propias estimaciones de edad basándose en los datos que ya tienen de los usuarios.

Por mi parte, vuelvo una y otra vez al argumento de que estos sistemas de verificación podrían tener repercusiones mucho más allá de los usuarios menores de edad a los que van dirigidos. Hacer recaer la carga de la verificación en los usuarios y en las empresas tecnológicas podría, como sostiene S.T.O.P., acabar bloqueando el acceso de los adultos a determinados tipos de contenidos. Si esto ocurre, dice S.T.O.P., se limitaría la libertad en internet, en especial para los miembros de comunidades marginadas que pueden dudar en compartir información sobre su edad, como los inmigrantes indocumentados.

Como sostiene el informe: "Estas leyes obligan o coaccionan al uso de medidas nuevas e invasivas que verifican el nombre legal, la edad y la dirección de los usuarios en casi todos los servicios de Internet que utilizan. Este cambio sería invasivo e inseguro para todos los usuarios, pero supondría una amenaza grave para las comunidades indocumentadas, las comunidades LGBTQ+ y las que buscan atención reproductiva."

Sinceramente, es difícil saber cómo dar sentido a estas leyes. Por un lado, las pruebas del daño que las plataformas de medios sociales suponen para los jóvenes en particular son abrumadoras. Sin embargo, he informado sobre temas relacionados con ambos lados de la cuestión, y las leyes difieren mucho de un estado a otro.

Mi opinión es que todo esto sería mucho más fácil si Estados Unidos (EE UU) contara con una ley integral de privacidad que regulara los datos de los usuarios y la seguridad tanto de niños como de adultos.

Otras lecturas recomendadas

• Este reportaje de Gerry Shih en el Washington Post, que descubre la campaña digital de los nacionalistas hindúes en la India. Es una mirada fascinante al crecimiento de la desinformación en el país, así como al impacto de las aplicaciones de mensajería privada, como WhatsApp, en los conflictos.

• Alex Reisner, de Atlantic, ha publicado una investigación muy interesante sobre los datos utilizados para entrenar uno de los grandes modelos lingüísticos de Meta, LLaMA, el competidor de ChatGPT. Incluye una interesante herramienta de búsqueda (que los lectores pueden utilizar) que documenta más de 180.000 libros con los que se entrenó el modelo. ¿Mucho copyright?

• Dhruv Mehrotra y Dell Cameron en Wired ofrecen una gran primicia sobre cómo los propietarios de la empresa de tecnología policial ShotSpotter compraron la empresa que creó PredPol, una empresa de policía predictiva. La adquisición podría suponer una combinación aterradora de tecnologías policiales controvertidas y extravagantes, y seguiré de cerca este sector mientras las empresas compiten por convertirse en el proveedor tecnológico preferido de las fuerzas del orden.