La utilidad del próximo teléfono inteligente de un usuario—qué será capaz de hacer, y lo que se les permitirá hacer—podría ser determinada no por los ejecutivos de las empresas de tecnología o las compañías telefónicas, sino por las legislaturas y agencias gubernamentales. En todo el mundo, estos organismos están discutiendo sobre si se debe exigir que las ondas se utilicen como redes neutrales, lo que significaría que los proveedores tendrían que dejar los clientes usaran el ancho de banda de telefonía móvil como quisieran.

En los Estados Unidos, el debate se acaloró en abril, cuando un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) carecía de la facultad de imponer la neutralidad de la red por decreto de reglamentación, incluso para el Internet por cable. El impulso de neutralidad de la red inalámbrica se desaceleró aún más este verano, cuando uno de sus más firmes defensores, Google, cambió de bando. En 2008, el gigante de las búsquedas puso en riesgo 4.6 mil millones de dólares al garantizar una puja mínima por la subasta de un espectro de la FCC, a condición de que cualquier ganador proporcionase un acceso abierto para dispositivos y aplicaciones de terceros (Verizon posteriormente compró casi todo el espectro salido a subasta). Sin embargo este mes de agosto, Google decidió que estas reglas no deberían aplicarse a todas las redes inalámbricas—que cuando la capacidad es escasa, permitir a los usuarios que simplemente se comuniquen como quieran tiene el riesgo de generar un atasco enorme que no beneficiaría a nadie. A pesar de los esfuerzos de la FCC por encontrar la forma de pasar por encima de la decisión del tribunal de apelaciones en abril, en la actualidad parece probable que cualquier norma de largo alcance tome forma en el Congreso. Esto es poco probable, ya que muchos legisladores republicanos se oponen férreamente a la neutralidad de la red.