Resulta más fácil hablar de lo que no es el sistema de crédito social de China que de lo que sí es. Desde 2014, cuando China anunció su plan de seis años para construir un sistema para recompensar las acciones que generan confianza en la sociedad y penalizar lo contrario, ha sido una de las cosas más incomprendidas sobre China desde el punto de vista occidental. Pero con el nuevo proyecto de ley publicado a mediados de noviembre, existe la oportunidad de corregir ese desconocimiento.

Para la mayoría de las personas fuera de China, las palabras "sistema de crédito social" evocan una imagen instantánea: una red de tecnologías al estilo de la serie Black Mirror que califica automáticamente a todos los ciudadanos chinos según lo que hicieron bien o mal. Pero la realidad es que ese sistema aterrador no existe, y el Gobierno central tampoco parece tener muchas ganas de construirlo.

El sistema en el que el Gobierno central ha estado trabajando lentamente es más bien una combinación de intentos de regular la industria del crédito financiero, permitir que las agencias gubernamentales compartan datos entre sí y promover los valores morales sancionados por el estado, por muy indefinido que suene ese último objetivo en particular. Todavía no hay evidencia de que se haya abusado de este sistema para un control social generalizado (aunque sigue siendo posible que se pueda usar para restringir los derechos individuales).

Si bien los gobiernos locales han sido mucho más ambiciosos con sus regulaciones innovadoras, lo que ha provocado más controversias y rechazo público, el sistema de crédito social en todo el país aún tardará mucho en materializarse. China está más cerca que nunca de definir cómo será ese sistema. El 14 de noviembre, varias agencias gubernamentales más importantes publicaron colectivamente un proyecto de ley sobre el Establecimiento del Sistema de Crédito Social, el primer intento de codificar sistemáticamente los experimentos pasados sobre crédito social y, en teoría, guiar la futura implementación.

Sin embargo, este proyecto de ley dejó a los observadores con más preguntas que respuestas.

"Este borrador no refleja un gran cambio radical en absoluto", según Jeremy Daum, profesor del Centro Paul Tsai China de la Facultad de Derecho de Yale (EE UU), que ha estado siguiendo durante años el experimento de crédito social de China. No es un cambio significativo en la estrategia ni en el objetivo, opina Daum.

La ley, más bien, se mantiene cercana a las reglas locales que las ciudades chinas como Shanghái han publicado y aplicado en los últimos años en lo tocante a la recopilación de datos y a sus métodos de castigo, y se limita a darles un sello de aprobación central. No responde a las preguntas persistentes que tienen los investigadores sobre las limitaciones de las normas locales. "Incorpora en gran medida lo que ya hay, hasta el punto en el que realmente no añade mucho valor", añade Daum.

Entonces, ¿cómo es realmente el sistema actual de China? ¿La gente en realidad tiene puntos de crédito social? ¿Hay algo de verdad en la imagen de control social impulsado por inteligencia artificial (IA) que domina la imaginación occidental?

En primer lugar, ¿qué es el "crédito social"?

Cuando el Gobierno chino habla de crédito social, ese término cubre dos cosas diferentes: la solvencia financiera tradicional y la "solvencia social", que extrae datos de una variedad más amplia de sectores.

El primero es un concepto familiar en Occidente: documenta el historial financiero de personas físicas o empresas y predice su capacidad para pagar futuros préstamos. Debido a que la economía de mercado en la China moderna es mucho más joven, el país carece de un sistema fiable para consultar los registros financieros de otras personas y empresas. Construir un sistema de este tipo, destinado a ayudar a los bancos y otros actores del mercado a tomar decisiones comerciales, es una misión esencial y no muy controvertida. La mayoría de los documentos normativos chinos se refieren a este tipo de crédito con una palabra específica: "征信" (zhengxin, que algunos expertos han traducido como "informe crediticio").

La "solvencia social", es lo que más sorprende. Básicamente, el Gobierno chino indica que debe haber un mayor nivel de confianza en la sociedad y, para fomentar esa confianza, el Gobierno lucha contra la corrupción, las estafas de telecomunicaciones, la evasión de impuestos, la publicidad engañosa, el plagio académico, la falsificación de productos, la contaminación... casi contra todo. No solo los individuos y las empresas se responsabilizan de eso, sino también las instituciones jurídicas y las agencias gubernamentales.

Aquí es donde las cosas se empiezan a poner confusas. El Gobierno parece creer que todos estos problemas están de alguna manera ligados a la falta de confianza y que generar confianza requiere una solución única para todos. Así como la calificación crediticia financiera ayuda a evaluar la solvencia de una persona, la idea es que alguna forma de "crédito social" puede ayudar a las personas a evaluar la fiabilidad de los demás en otros aspectos.

Como resultado, la denominada calificación crediticia "social" a menudo se junta con la calificación crediticia financiera en los debates sobre las políticas, a pesar de que se trata de un campo mucho más joven con pocos precedentes en otras sociedades.

Lo que lo hace aún más confuso es que, en la práctica, los gobiernos locales a veces los han mezclado. Así que es posible ver una regulación que señala cómo las actividades no financieras dañarán el crédito financiero de una persona, o viceversa. (En solo un ejemplo, la provincia de Liaoning (China) dijo en agosto que estaba explorando cómo recompensar la donación de sangre en el sistema de crédito financiero).

Pero a nivel nacional, el país parece querer mantenerlos en su mayoría separados y, de hecho, el nuevo proyecto de ley los aborda con dos conjuntos diferentes de normas.

¿Ha construido el Gobierno un sistema que regula activamente estos dos tipos de crédito?

La respuesta corta es no. Al principio, en 2014, el plan era tener un sistema nacional de seguimiento de todo el "crédito social" listo para 2020. Estamos casi en 2023, y el marco legal tan esperado para el sistema se acaba de publicar en el proyecto de ley de noviembre de 2022.

Dicho esto, el Gobierno ha definido principalmente la parte financiera. El sistema zhengxin, lanzado públicamente por primera vez en 2006 y actualizado bastante en 2020, es básicamente el equivalente chino de la calificación de las agencias de crédito estadounidenses y lo gestiona el banco central del país. Registra el historial financiero de 1.140 millones de personas chinas (y les da puntos crediticios), así como el de casi 100 millones de empresas (aunque no les da puntuaciones).

Sin embargo, en cuanto la parte social, las regulaciones han sido irregulares y vagas. Hasta la fecha, el Gobierno nacional ha construido solo un sistema centrado en empresas, no en personas físicas, que agrega datos sobre el cumplimiento de la regulación corporativa de diferentes agencias gubernamentales. La jefa de Investigación de Políticas Tecnológicas de la consultora Trivium China, Kendra Schaefer, con sede en Beijing (China), lo describió en un informe para la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre EE UU y China del Gobierno de EE UU como "más o menos equivalente al IRS, FBI, EPA, USDA, FDA, HHS, HUD, el Departamento de Energía, el Departamento de Educación y todos los juzgados, comisarías y las principales empresas de servicios públicos de EE UU que comparten registros normativos en una sola plataforma". Cualquier ciudadano chino puede buscar abiertamente el resultado en el sitio web creado recientemente llamado Credit China.

Pero también hay algunos datos sobre personas físicas y otros tipos de organizaciones. El mismo sitio web también sirve como portal central para más de tres docenas de bases de datos (a veces muy específicas), incluidas las listas de personas que no cumplieron con un fallo judicial, universidades chinas que son legítimas, empresas aprobadas para construir robots y hospitales que se descubrió que habían realizado fraude de seguros. Pero, la selección parece tan aleatoria que es difícil ver cómo la gente podría usar el portal como una fuente de datos coherente o completa.

¿Cómo afectará el sistema de crédito social la vida cotidiana de los chinos?

La idea es a la vez premiar y castigar. Por lo tanto, una persona o empresa con un buen historial crediticio en todas las áreas regulatorias debe recibir un trato preferencial con el Gobierno, como estar en una lista prioritaria para recibir subsidios. Al mismo tiempo, las personas o empresas con malos antecedentes crediticios serán sancionadas con la exhibición pública de su información y se les prohibirá participar en licitaciones gubernamentales, consumir productos de lujo y salir del país.

El Gobierno publicó el año pasado una lista completa que detalla las medidas de castigo permitidas. Algunas medidas son más controvertidas; por ejemplo, a las personas que no han pagado una remuneración decidida por un juzgado se les restringe viajar en avión o enviar a sus hijos a costosos colegios privados, con el argumento de que eso constituye un consumo de lujo. El nuevo proyecto de ley mantiene el compromiso de que esta lista se actualizará periódicamente.

Entonces, ¿hay una puntuación de crédito social centralizada calculada para cada ciudadano chino?

No. Contrariamente a la creencia popular, no existe puntuación de crédito social central para las personas. La verdad es que el Gobierno central chino nunca ha hablado de crear uno.

Pero ¿por qué la gente, particularmente en Occidente, piensa que sí?

Bueno, dado que el Gobierno central ha dado pocas directrices sobre cómo construir un sistema de crédito social que funcione en áreas no financieras, ni siquiera en el último proyecto de ley, eso ha abierto la puerta para que las ciudades e incluso los pueblos pequeños experimenten con sus propias soluciones.

Como resultado, muchos gobiernos locales están introduciendo programas piloto que buscan definir cómo sería la regulación del crédito social, y algunos se han vuelto muy polémicos.

El mejor ejemplo de eso es Rongcheng (China), una pequeña ciudad con solo medio millón de habitantes que ha implementado probablemente el sistema de puntuación de crédito social más famoso del mundo. En 2013, la ciudad comenzó a dar a cada residente una puntuación de crédito personal base que constaba de 1.000 puntos que cambian dependiendo de sus buenas y malas acciones. Por ejemplo, en una normativa de 2016 que ha sido renovada desde entonces, la ciudad decidió que "difundir información dañina en WeChat, foros y blogs" significaba quitar 50 puntos, mientras que "ganar una competición deportiva o cultural a nivel nacional" significaba agregar 40 puntos. En un caso extremo, un residente perdió 950 puntos en el período de tres semanas por distribuir repetidamente cartas online sobre una disputa médica.

Dichos sistemas de puntuación han tenido un impacto muy limitado en China, ya que nunca se han elevado a niveles provinciales o nacionales. Pero cuando la noticia de los programas piloto como el de Rongcheng se extendió a Occidente, comprensiblemente alarmó los grupos activistas y los medios de comunicación, algunos de los cuales lo confundieron como aplicable a toda la población. Algunas personas conocidas como George Soros y Mike Pence amplificaron aún más esa idea falsa.

¿Cómo sabemos que esos programas piloto no se convertirán en normas oficiales para todo el país?

Nadie puede estar 100% seguro de eso, pero vale la pena recordar que el Gobierno central chino en realidad ha estado rechazando las acciones inapropiadas de los gobiernos locales en lo que respecta a las regulaciones de crédito social.

En diciembre de 2020, el Consejo de Estado de China publicó una orientación normativa en respuesta a los informes de que los gobiernos locales usaban el sistema de crédito social como justificación para castigar incluso acciones triviales como cruzar la calle de forma imprudente, reciclar incorrectamente y no usar mascarillas. La guía pide a los gobiernos locales que castiguen solo los comportamientos que ya son ilegales según el sistema legislativo actual de China y que no se extiendan más allá de eso.

"Cuando [muchos gobiernos locales] encontraron problemas difíciles de regular a través de las regulaciones comerciales, esperaban obtener apoyo de las soluciones que involucraban los créditos", afirmó el funcionario de la principal institución de planificación económica de China Lian Weiliang, en una rueda de prensa el 25 de diciembre 2020. "Estas medidas no solo son incompatibles con el estado de derecho, sino también con la necesidad de construir solvencia a largo plazo".

El rechazo del Gobierno central parece haber funcionado. En el caso de Rongcheng, la ciudad actualizó su regulación local sobre los puntos de crédito social y permitió a los residentes optar por no participar en el programa de puntuación; también eliminó algunos criterios controvertidos para los cambios de puntuación.

¿Hay alguna tecnología avanzada, como inteligencia artificial, involucrada en el sistema?

En su mayor parte, no. Este es otro mito común sobre el sistema de crédito social de China: la gente imagina que para realizar un seguimiento de los comportamientos sociales de más de mil millones de personas, debe haber un poderoso algoritmo central capaz de recopilar y procesar los datos.

Pero eso no es cierto. Dado que no hay un sistema central que puntúe a todos, ni siquiera se necesita ese tipo de algoritmo tan poderoso. Los expertos en el sistema de crédito social de China aseguran que toda la infraestructura es sorprendentemente de baja tecnología. Si bien los funcionarios chinos a veces mencionan tecnologías como blockchain e inteligencia artificial cuando hablan sobre el sistema, nunca dan detalles sobre cómo se podrían utilizar estas tecnologías. Si consultan el sitio web de Credit China, no es más que una biblioteca digitalizada de bases de datos separadas.

"No se conoce ningún caso en el que la recopilación de datos automatizada conduzca a la aplicación automática de sanciones sin la intervención de reguladores humanos", escribió Schaefer en el informe. A veces, la intervención humana puede ser especialmente primitiva, como los "recolectores de información" en Rongcheng, que pasean por la villa y escriben con bolígrafo las buenas acciones de los vecinos.

Sin embargo, a medida que se construye el sistema nacional, parece que existe la necesidad de algún elemento tecnológico, principalmente para agrupar los datos entre las distintas agencias gubernamentales. Si Beijing quiere permitir que todas las agencias gubernamentales tomen decisiones de cumplimiento de normas basadas en los registros recopilados por otras agencias gubernamentales, eso requiere construir una infraestructura masiva para almacenar, intercambiar y procesar los datos.

Con este fin, el último proyecto de ley habla sobre la necesidad de utilizar "diversos métodos, como los estadísticos, el modelado y certificación de campo" para realizar evaluaciones crediticias y combinar los datos de diferentes agencias gubernamentales. "Solo da una pista mínima de que el sistema será un poco más tecnológico", resalta Daum.

¿Cómo están involucradas las empresas tecnológicas chinas en este sistema?

Como el sistema es de tan baja tecnología, la participación de las empresas tecnológicas chinas ha sido periférica. "Las grandes empresas de tecnología y las pequeñas empresas tecnológicas... tienen roles muy diferentes y adoptan estrategias muy distintas", señala Shazeda Ahmed, investigadora postdoctoral de la Universidad de Princeton (EE UU), quien pasó varios años en China estudiando cómo las empresas tecnológicas estaban involucradas en el sistema de crédito social.

Empresas más pequeñas, contratadas por gobiernos municipales o provinciales, construyeron en gran medida la infraestructura tecnológica del sistema, como las bases de datos y los centros de datos. Por otro lado, las grandes empresas tecnológicas, en particular las plataformas sociales, han ayudado al sistema a difundir su mensaje. Alibaba, por ejemplo, ayuda a los tribunales a dictar sentencias a través de las direcciones de entrega que recopila a través de su plataforma masiva de comercio electrónico. Douyin, la versión china de TikTok, se asoció con un tribunal local en China para avergonzar públicamente a las personas que incumplieron las sentencias judiciales. Pero estos gigantes tecnológicos no están realmente involucrados en las funciones básicas, como contribuir con los datos o reunir evaluaciones de crédito.

"Lo vieron casi como una responsabilidad cívica o una responsabilidad social corporativa: si alguien infringe la ley de esta manera, tomaremos estos datos del Tribunal Popular Supremo y lo castigaremos en nuestra plataforma", indica Ahmed.

También hay empresas chinas, como el brazo fintech de Alibaba, Ant Group, que han creado productos de calificación crediticia financiera privada. Pero el resultado, como Sesame Credit de Alibaba, se parece más a un programa de recompensas por lealtad, según varios investigadores. Dado que la puntuación de Sesame Credit se calcula principalmente sobre la base del historial de compras de los usuarios y las actividades de préstamo en las propias plataformas de Alibaba, esa puntuación no es suficientemente fiable para ser utilizada por otras instituciones financieras externas y tiene un efecto muy limitado en las personas.

Con todo esto, ¿deberíamos seguir preocupados por las implicaciones de la creación de un sistema de crédito social en China?

Sí. Aunque no existe un algoritmo aterrador que califique a todos los ciudadanos, el sistema de crédito social aún puede ser problemático.

El Gobierno chino enfatizó que todos los castigos relacionados con el crédito social deben cumplir con las leyes existentes, pero las leyes mismas pueden ser injustas para empezar. "Decir que el sistema es una extensión de la ley solo significa que no es ni mejor ni peor que las leyes que tiene que cumplir. A medida que China se enfoca cada vez más en la vida social y cultural de las personas, regulando aún más el contenido del entretenimiento, la educación y el discurso, esas reglas también estarán sujetas a la aplicación del crédito", escribió Daum en un artículo de 2021.

Además, "siempre se trató de hacer que las personas fueran honestas con el Gobierno, y no necesariamente entre sí", señala Ahmed. Cuando las cuestiones morales como la honestidad se convierten en cuestiones legales, el estado acaba teniendo la autoridad exclusiva para decidir quién es digno de confianza. Una táctica que los tribunales chinos han utilizado para responsabilizar a las "personas desacreditadas" es alentar a sus amigos y familiares a informar sobre sus activos a cambio de recompensas. "¿Está haciendo que la sociedad sea más confiable al delatar al vecino? ¿O está generando desconfianza en su propia comunidad local?" se pregunta Ahmed.

Pero al fin y al cabo, el sistema de crédito social no ejemplifica (todavía) el abuso de las tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, y es importante evaluarlo en los hechos. Actualmente, el Gobierno de China está buscando durante un mes las reacciones de la sociedad sobre el borrador del proyecto de ley de este noviembre, aunque no hay una fecha prevista sobre cuándo se aprobará y se convertirá en ley. Todavía podrían pasar años antes de ver el producto final de un sistema de crédito social a nivel nacional.