“Atención, Jalisco. ¿Alguien conoce la ubicación de alguna fosa clandestina de cadáveres?” La pregunta, dirigida a las personas de este muy poblado estado mexicano, fue publicada en Twitter en febrero por Madres Buscadoras de Sonora, la organización de madres que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

Decenas de personas respondieron. Los vecinos que habían presenciado entierros clandestinos hablaron y señalaron en Google Maps las tumbas debajo de las casas vacías. También llegaron mensajes de “los arrepentidos”, los penitentes, personas que reconocieron que habían estado involucradas en los entierros y necesitaban confesarlo. Con picos y palas, las mujeres de Madres Buscadoras llegaron a la colonia Chulavista en el municipio jalisciense de Tlajomulco de Zúñiga y empezaron a cavar.

México ha luchado durante mucho tiempo con un largo historial de secuestros. A fecha de 5 de octubre, había 105.984 personas registradas oficialmente como desaparecidas en el país. Más de un tercio han desaparecido en los últimos años, durante el actual Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente como AMLO. Se cree que muchos de los desaparecidos fueron secuestrados o reclutados a la fuerza por las organizaciones criminales. La mayoría probablemente estén muertos y sus restos, enterrados en fosas clandestinas en áreas rurales, barrios y tierras de cultivo o dispersos en el vasto terreno despoblado cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Algunos pueden estar entre los más de 52.000 cuerpos no identificados que yacen en morgues, fosas comunes y universidades. Alrededor de una cuarta parte son mujeres y niñas, muy probablemente víctimas de explotación sexual, trata de personas o feminicidio.

A diferencia de las administraciones anteriores, el Gobierno de López Obrador ha reconocido públicamente la magnitud de la crisis y ha reforzado los esfuerzos de búsqueda e identificación. En marzo de 2019 fue inaugurado el Sistema Nacional de Búsqueda, un mecanismo que intenta coordinar los esfuerzos entre las agencias gubernamentales en la búsqueda de los desaparecidos. Cuando se puso en marcha el sistema, la directora de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, reconoció el trabajo que vienen haciendo las familias sobre el terreno, “prácticamente solas desde hace años” y prometió: “Nunca más solas”.

Pero las autoridades aún se escusan a la hora de involucrarse en la búsqueda de los desaparecidos, así que esa tarea sigue recayendo en las familias. Gran parte del trabajo que llevan a cabo actualmente se realiza a través de las redes sociales, donde las personas distribuyen ampliamente las fotografías de los familiares desaparecidos, coordinan los esfuerzos de búsqueda y crean conciencia sobre el problema. A través de WhatsApp, Twitter y Facebook, Madres Buscadoras ha creado una plataforma para involucrar a los ciudadanos y trabajar para acelerar la búsqueda de los desaparecidos. Todos los días, este grupo recibe información sobre algunas personas desaparecidas y la ubicación de posibles fosas, tantas que no tienen los recursos para investigarlas todas.

El trabajo no está exento de desafíos. Cuando Madres Buscadoras comenzaron a buscar cuerpos en Chulavista, las autoridades locales las observaban de cerca y las fotografiaban. Después de la reunión del colectivo con el gobernador de Jalisco, la policía local se unió a la búsqueda al día siguiente. Finalmente, Madres Buscadoras descubrió 221 bolsas de basura gigantes con partes de cuerpos. En abril, la oficina del fiscal dijo que el recuento oficial ascendía a 44 cuerpos, con bolsas aún por procesar.

Las familias que realizan sus propias investigaciones se pueden enfrentar a oposición y amenazas por parte tanto del crimen organizado como de funcionarios del Gobierno que podrían estar colaborando con estos grupos criminales y a quienes podría no gustarles la búsqueda de personas desaparecidas en su región. Según la histórica Ley General de Desaparición Forzada del país, que fue aprobada en 2017 tras la presión de las familias, las autoridades deben tomar medidas inmediatas para buscar a una persona desaparecida e investigar el crimen, pero eso aún no es la realidad para miles de familias. “Aunque las cosas han cambiado un poco, siempre ha sido la misma situación por parte de las autoridades. Se apartan diciendo 'No depende de nosotros, depende de otros'”, afirma el miembro del órgano consultivo del Sistema Nacional de Búsqueda, Martín Villalobos.

Pero otras partes de la sociedad mexicana ya están respondiendo a la complicada situación de las familias. “Las redes sociales funcionan muy bien aquí. La gente nos apoya mucho, aunque no tenga familiares desaparecidos”, señala Araceli Hernández, exmiembro del grupo principal de Madres Buscadoras, quien recientemente formó un nuevo colectivo. “El simple hecho de escuchar el dolor de una madre o una tía hace que nos apoyen con herramientas, comida, agua, bebidas y toneladas de información. Eso nos hace más fuertes”.

Juntándose

El 30 de octubre de 2015, el hijo de Ceci Flores, Alejandro Guadalupe, que entonces tenía 21 años, desapareció sin dejar rastro en la ciudad de Los Mochis, en el norte de Sinaloa (México). Menos de cuatro años después, el 4 de mayo de 2019, secuestraron a sus otros dos hijos, Marco Antonio y Jesús Adrián, en su estado natal de Sonora.

Flores acudió a las autoridades. Pero cuando no vio una respuesta inmediata, inició su propia búsqueda, transmitiendo en directo en las redes sociales. Seis días después, recibió una llamada diciendo que sus hijos serían liberados en un lugar específico. Cuando la mujer llegó al sitio indicado, solo estaba su hijo menor, Jesús Adrián. Hasta la fecha, Flores no ha tenido noticias de Marco Antonio.

El mismo día que recuperó a Jesús Adrián, Flores creó una cuenta de Twitter y comenzó a compartir fotos de sus hijos aún desaparecidos. Esa fue la génesis de Madres Buscadoras. Desde entonces, se han sumado más de 2.000 madres y familiares de personas desaparecidas. “No tuve el apoyo de las autoridades en la búsqueda de mis hijos. Por eso empecé con estas búsquedas, invitando a las familias. Cada día se sumaban más familias, porque había muchos desaparecidos”, asegura Flores.

Foto: En las afueras de Ciudad Obregón, un grupo de búsqueda encuentra lo que parecen ser restos humanos carbonizados. Créditos: Carlos Baró / Nortefoto

El esfuerzo no está exento de peligros. En julio del año pasado, la buscadora Aranza Ramos, de 28 años, fue secuestrada de su casa y asesinada. Ramos había estado buscando a su esposo, Brayan Omar Celaya Alvarado, desde que desapareció en diciembre de 2020. Flores recibió amenazas de muerte después del asesinato de Ramos, lo que la obligó a abandonar su ciudad natal en el estado de Sonora.

Madres Buscadoras ha hecho un llamamiento público a los grupos del crimen organizado para que les permitan hacer su trabajo. Pero existe un clima general de hostilidad en torno a la búsqueda de los desaparecidos, según explica Vladimir Cortés, responsable de derechos digitales para México y Centroamérica de la ONG Artículo 19, especializada en la defensa de la libertad de expresión. “Estamos ante un gobierno que niega que haya violaciones a los derechos humanos y que niega que haya abusos contra quienes defienden los derechos humanos”, destaca Cortés. “Esto genera una permisividad para agredir a quienes defienden los derechos humanos —familiares de desaparecidos— y para eliminar el trabajo que realizan”.

Denunciar o no

Cuando desapareció la estudiante de psicología Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, meses antes de graduarse de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2004, las redes sociales no eran tan omnipresentes como lo son hoy en día. Todavía no existía el movimiento nacional por los desaparecidos, ni la Ley General de Desaparición Forzada.

Pero las familias de los desaparecidos aún tienen algunos de los mismos desafíos, explica Martín Villalobos, quien es cuñado de Mónica Alejandrina. “La mayoría de las denuncias se tienen que realizar a nivel local, y el nivel local siempre se relaciona o es parte del crimen organizado”, asegura Villalobos. “Al denunciar, las familias quedan indefensas ante las agresiones, tanto por parte de los delincuentes como de las autoridades, y además quedan aisladas de sus propios familiares, quienes se alejan por temor a ser relacionados con las amenazas o la venganza”.

María de la Luz López Castruita recuerda haber visto a madres pegando carteles de personas desaparecidas con los rostros de sus hijas en lugares públicos de la ciudad norteña de Torreón a finales de la década de 2000, sin pensar que eso le pasaría a ella.

“Obviamente no había redes sociales en aquel entonces, pero había otras formas de apoyo”, señala López. Podría haber ayudado a pegar carteles o unirse a la búsqueda. “Pero no”, añade. “Nos quedamos con los brazos cruzados esperando que nos pasara, y nos pasó”.

Tras la desaparición en 2008 de su hija Irma Claribel, que entonces tenía 17 años, López y su esposo, Jesús Lamas, empezaron a pegar la foto de Irma en todos los postes posibles, con la esperanza de que alguien les diera alguna información. Recibieron dos tipos de respuesta: llamadas para pedirles dinero, de personas que decían saber el paradero de Irma, y palabrotas misóginas escritas en los carteles.

Entrar en las redes sociales era el siguiente paso lógico para las familias de los desaparecidos. Hubo un marcado aumento en esa actividad después del inicio de la pandemia, recuerda Villalobos, cuando las autoridades declararon que era demasiado arriesgado hacer trabajo de campo. “Muchos de los que pertenecemos a las generaciones que no conocíamos tanto la tecnología y las redes sociales hemos visto la oportunidad de dar visibilidad a nuestras realidades con nuestras propias voces”, resalta.

Pero, de alguna manera, la tecnología no ha facilitado las cosas, señala Villalobos; los usuarios acaban troleados por bots, cuentas falsas y simpatizantes de López Obrador. Villalobos explica que los partidarios del Gobierno a menudo acusan a las familias de recibir apoyo económico de los partidos de la oposición o instituciones extranjeras como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Fondo Nacional para la Democracia, grupos que tienen un largo historial de financiación de organizaciones no gubernamentales en México.

Debería haber más formación sobre la seguridad en las redes sociales, opina Cortés, y un mecanismo claro para el recurso legal cuando las personas reciben amenazas online. Actualmente, es un delito grave bajo la ley federal amenazar a una persona online, pero Cortés insiste en que las autoridades a menudo no investigan ni procesan esos casos.

Fuera del radar

Alrededor del mediodía del domingo 10 de abril, López recibió una llamada telefónica. Un hombre le dijo que había encontrado restos humanos hace unos meses, mientras arrancaba plantas de candelilla en el desierto. López y su esposo estaban agotados. Estaban en el autobús, regresando a su casa en Torreón después de pasar dos semanas liderando una brigada de búsqueda de más de 150 familiares de personas desaparecidas en la cercana ciudad de Monterrey (México). Pero no podían decir que no. Cualquier dato podría ser una pista en la búsqueda de su hija Irma Claribel. Llamaron a su hijo Jesús y le pidieron que los recogiera en un pueblo cercano a la carretera.

Se subieron a la furgoneta de Jesús, recogieron al guía y comenzaron un viaje de una hora y media hacia el desierto bastante inaccesible para la furgoneta. Después, López y Lamas siguieron al guía a pie, con la esperanza de encontrar esos restos humanos. “Aunque no sea mi hija, puede ser otra persona”, indica López.

Las autoridades no quieren la atención de los medios de comunicación. A menudo intervienen para ayudar en la búsqueda solo después de un descubrimiento masivo de restos humanos, del que desentenderse generaría mala imagen.

Después de caminar cinco horas, ya se hacía de noche y el lugar donde supuestamente se habían encontrado los restos aún parecía lejos. Una lesión en la pierna comenzó a molestar a Lamas, que tiene 66 años. Se dieron cuenta de que no llegarían al sitio. Caminaron de vuelta a la furgoneta hasta la medianoche. López y Lamas estaban asustados. Llegaron a su casa alrededor de las tres de la mañana, abatidos y agotados.

Las búsquedas como esta, lejos de los medios de comunicación y las autoridades, son comunes. La burocracia y la extensión del territorio han obligado a las madres como López a realizar sus propias búsquedas sin seguridad ni recursos.

“Tengo que estar rellenando formularios y más papeles para que las autoridades hagan su trabajo”, señala López. “Pero no quiero que alarguen el proceso. Así que cuando encuentro algo, les llamo y les digo: ¡Aquí! Aquí está."

López admite que todavía no sabe cómo lograr que se vuelva viral un caso, o una brigada de búsqueda. Las autoridades no quieren la atención de los medios de comunicación, explica. A menudo intervienen para ayudar en la búsqueda solo después de un descubrimiento masivo de restos humanos, del que desentenderse generaría mala imagen.

Internet ha permitido a las familias saltarse los filtros del Gobierno y de los medios de comunicación. “Por eso las redes sociales nos son muy útiles: para dar visibilidad a lo que estamos viviendo”, concluye Flores. “Esto no es ficción, es una realidad que vivimos todos los días. Cada día aparecen muertos. Cada día desaparece gente. Todos los días las madres nos quedamos sin hijos”.