El Tribunal Supremo de EE UU ha dictaminado revocar el fallo del caso Roe contra Wade, la histórica sentencia judicial de 1973 que consagró el aborto como un derecho constitucional. Terminar con la protección federal para el acceso al aborto tendrá duraderas repercusiones económicas, emocionales y de salud para millones de personas y retrocede 50 años en los derechos reproductivos estadounidenses.

La decisión definitiva pone fin a varias semanas de especulaciones tras la filtración en mayo de la versión preliminar de la sentencia, que detallaba la resolución del Tribunal Supremo de anular el fallo. Afirma que la Constitución "no confiere el derecho al aborto" y que tal derecho no está profundamente arraigado en la historia y tradición de la nación, y añade que "la competencia de regular el aborto se devuelve al pueblo y a sus representantes electos".

Al juez quien escribió la sentencia, Samuel Alito, se unieron los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, quienes apoyaron la decisión. Los tres liberales del Supremo, los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, no estuvieron de acuerdo con la opinión de la mayoría.

"Con tristeza, por este Tribunal, pero aún más, por millones de mujeres estadounidenses que acaban de perder una protección constitucional fundamental, discrepamos", escribieron.

La sentencia de Alito asegura que la decisión "se refiere al derecho constitucional al aborto y a ningún otro derecho", y que "esta opinión no se debería entender como duda sobre los precedentes que no se refieren al aborto". Sin embargo, en una opinión concurrente, el juez Clarence Thomas argumentó que el Supremo debería ir más allá en el futuro y considerar "todos los precedentes sustantivos del debido proceso de este Tribunal, incluidos Griswold, Lawrence y Obergefell", las decisiones que protegen respectivamente el acceso a los anticonceptivos, las relaciones sexuales y matrimonio entre personas del mismo sexo. Thomas se refirió a esos tres fallos como "demostrablemente erróneos".

El acceso al aborto legal está sujeto a las leyes estatales, lo que permite que cada estado decida si prohíbe, restringe o permite el procedimiento. Algunas zonas del país son mucho más estrictas que otras: Arkansas, Oklahoma y Kentucky (todos en EE. UU.) se encuentran entre los 13 estados con leyes desencadenantes que inmediatamente declararon ilegal el aborto después del fallo. En total, es probable que alrededor de la mitad de los estados prohíban o limiten el aborto, y muchos de ellos no quieren permitir ningunas excepciones ni siquiera en los embarazos que involucran la violación, incesto ni fetos con anomalías genéticas. Muchas clínicas especializadas en aborto pueden verse obligadas a cerrar en los próximos días y semanas.

Aunque la anulación del fallo Roe contra Wade no significará el fin de los abortos en EE UU, es probable que reduzca la tasa y obligue a las personas a buscar diferentes métodos. Las personas que viven en los estados que prohíben o restringen el aborto pueden considerar viajar a otras áreas, aunque cruzar las fronteras estatales puede llevar mucho tiempo y ser prohibitivo para los que tienen dificultades económicas.

La probabilidad de que los activistas contra el aborto utilicen la vigilancia y la recopilación de datos para rastrear e identificar a las personas que quieren abortar también es mayor después de la sentencia. Esta información recogida se podría usar en procedimientos penales, lo que la vuelve especialmente peligrosa para quienes intentan cruzar las fronteras estatales.

Los voluntarios vigilantes ya rodean las clínicas de aborto en los estados como Mississippi, Florida y Carolina del Norte: graban la llegada de las personas con cámaras y registran los detalles sobre ellas y sus coches. Aunque los activistas niegan que los datos se utilicen para acosar o contactar a las personas que buscan abortar, a los expertos les preocupa que las imágenes de las personas que llegan a las clínicas y se van de ahí, se puedan explotar para atacarlas y perjudicarlas, especialmente si las fuerzas del orden o los grupos privados utilizan el reconocimiento facial para identificarlas.

Una opción para evitar acudir a las clínicas es pedir las llamadas píldoras abortivas para interrumpir discretamente el embarazo en casa. Las pastillas, que son seguras y recetadas ampliamente por los médicos, son significativamente menos costosas que los procedimientos quirúrgicos y ya representan la mayoría de los abortos en Estados Unidos.

Los activistas online ayudaron rápidamente a los residentes de Texas a acceder a las píldoras después de que el estado en septiembre del año pasado aprobara la ley S.B.8, proclamando el procedimiento ilegal desde que se detecta un latido del corazón, algo que suele ocurrir alrededor de las seis semanas de embarazo. Esa ley criminaliza efectivamente el aborto, porque los ciclos menstruales impredecibles significan que muchos embarazos no se detectan antes de ese tiempo.

Los expertos aseguraron a MIT Technology Review que sería conveniente investigar el acceso a las píldoras en el estado donde viven y que algunas personas podrían querer pedir las píldoras por adelantado, ya que no caducan en al menos tres años.

Según han encontrado las encuestas de opinión realizadas por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC y otros organismos, la decisión del Supremo no coincide con las opiniones de la mayoría de los estadounidenses, que se oponen a revocar el fallo del caso Roe y a permitir que los estados por su cuenta dicten el acceso al aborto.