Este artículo se produjo en asociación con Type Investigations , donde Eileen Guo es becaria Ida B. Wells, y está siendo coeditado por MIT Technology Review y Consumer Reports.

Unas horas antes de un amanecer a principios de mayo del año pasado, cuatro policías fueron enviados a una dirección que ya habían conocido antes: la casa de Gemma Smith en Cape Coral, Florida (EE. UU.). (Su nombre fue cambiado por los delitos descritos).

Allí, arrestaron al hombre que había irrumpido dentro de su casa: el exnovio de Smith, con el que estuvo casi 15 años, el padre de su pequeña hija y, durante la mayor parte de su relación, el autor del abuso físico y emocional de la mujer. Era la segunda vez en seis meses que los policías de la ciudad de casi 200.000 habitantes de la costa suroeste de Florida respondían a una llamada de que el exnovio de Smith había violado la orden de protección.

Su ex afirmó haber entrado por una ventana. Pero, gracias a una nueva herramienta en su arsenal, la policía pudo demostrar lo contrario. Como parte de un programa para combatir la violencia doméstica, a Smith le habían prestado un videoportero de Amazon Ring. El vídeo mostraba al sospechoso entrando a la casa de la mujer con una llave que, hasta ese momento, ella no sabía que él tenía.

Los agentes en el lugar confiscaron la llave y Smith les envió las imágenes de la cámara Ring, que usaron para presentar cargos por robo y violación de la orden judicial.

"Un sistema de vigilancia mucho más amplio"

Cuando Ring se lanzó hace ocho años con una campaña de financiación colectiva, apenas existía el mercado de las cámaras de vigilancia para el hogar y de los videoporteros. Ring lo ha acaparado en la actualidad: en 2020, la empresa vendió aproximadamente 1,4 millones de dispositivos en todo el mundo, tanto como los siguientes cuatro rivales juntos, según el informe de la empresa de inteligencia empresarial Strategy Analytics. El discurso de márketing de Ring atrajo a muchos usuarios: que las cámaras pueden reducir la delincuencia al hacer más fácil vigilar los porches, las entradas y, a menudo, a los transeúntes. La adquisición de la compañía por parte de Amazon en 2018 ha ampliado aún más el alcance de Ring, al igual que sus estrechas asociaciones con las agencias de aplicación de la ley.

Ring se ha asociado con más de 1.800 agencias de aplicación de la ley y 360 departamentos de bomberos en Estados Unidos, proporcionando videoporteros gratuitos a los oficiales de policía, bomberos y ciudadanos, generalmente a cambio de promocionar Ring y la app Neighbours

Como resultado de estas asociaciones, las fuerzas policiales de todo el país están inundadas de estas cámaras. Ring entregaba sus dispositivos gratuitos a policías particulares y a departamentos enteros desde 2016 hasta enero de 2020, a menudo a cambio de promocionar las cámaras y la red social y la app que las acompañan, Neighbors by Ring. Hasta junio de 2021, la empresa también proporcionó un portal especial de Neighbors que permitía a las fuerzas del orden acceder a las imágenes de los propietarios de Ring, incluso si no las habían subido públicamente.

En la actualidad, más de 1.800 agencias de aplicación de la ley en EE. UU. usan la app Neighbors, junto con más de 360 departamentos de bomberos. Las asociaciones de Ring con muchas fuerzas policiales brindan a los departamentos participantes un "sistema de vigilancia mucho más amplio del que la policía podría crear legalmente por su cuenta", escribió en una carta de junio de 2020 a Amazon el congresista y presidente del Subcomité de Política Económica y del Consumidor de la Cámara de Representantes de EE. UU., Raja Krishnamoorthi.

A pesar del enfoque de la empresa en las asociaciones policiales, no se sabe cuánto ayudan realmente estas cámaras a disuadir o resolver delitos. Después de su primer proyecto piloto en un barrio de lujo de Los Ángeles (EE. UU.) en 2015, Ring afirmó que la presencia de sus cámaras había reducido los robos en el barrio en un 55 % con respecto al año anterior, pero la cifra no se pudo repetir en un análisis independiente.

Mientras tanto, los grupos de libertades civiles han expresado su preocupación sobre cómo las cámaras y la app de Ring pueden producir discriminación racial, la vigilancia excesiva por parte de la policía y la pérdida de privacidad, no solo para los usuarios que compraron las cámaras y aceptaron las políticas de privacidad de Ring, sino también para cada transeúnte captado por una cámara.

A medida que se han generalizado estos videoporteros, los organismos encargados de hacer cumplir la ley han experimentado con su uso de formas más específicas, incluso para abordar uno de los delitos más íntimos y complicados: la violencia doméstica.

Así fue como llegó a haber un videoportero Ring instalado junto a la puerta de casa de Gemma Smith. Un programa iniciado en Cape Coral en 2019, diseñado en estrecha colaboración con Ring, ofreció videoporteros gratis a las víctimas de violencia doméstica "como un recurso adicional para que se sientan seguras en su casa y quizás ayudar en el enjuiciamiento de sus agresores", según los documentos del Departamento de Policía de Cape Coral obtenidos mediante una solicitud de registros públicos. Ring ayudó a iniciar programas similares en otros lugares. Poco después del inicio del programa piloto de Cape Coral, se lanzaron dos iniciativas más en Texas (EE. UU.), con el Departamento de Policía de San Antonio (SAPD) y la Oficina del Sheriff del condado de Bexar, que rodea la ciudad.

Existe una buena lógica en estos programas. Al fin y al cabo, ¿quién estaría más preocupado por un visitante potencialmente peligroso en su puerta que alguien que acababa de dejar a su pareja abusiva?

En 2019, Ring y las agencias locales de aplicación de la ley en Florida y Texas lanzaron nuevos programas piloto que ofrecían cámaras gratuitas a centenares de víctimas de violencia doméstica, basándose en las asociaciones ya existentes

Pero a algunos expertos en violencia doméstica les preocupa que estas iniciativas inyecten una combinación de factores posiblemente peligrosos en las vidas de aquellas personas a quienes se supone que deben proteger: las fuerzas del orden público que no siempre escuchan a las víctimas; la empresa de tecnología con un historial irregular en materia de privacidad y transparencia; y programas lanzados sin mucha supervisión del departamento, o sin aportes de los expertos en violencia doméstica. 

Las tecnologías como las cámaras Ring "hacen que el proceso de intervención en la violencia doméstica sea más fácil y tal vez más eficiente", asegura la investigadora visitante de la Universidad de California en Berkeley (EE. UU.) Laura Brignone, que estudia la intersección de la tecnología y la violencia contra las mujeres. "Pero no necesariamente la mejoran".

No obstante, los programas de este tipo se están expandiendo, según la investigación que duró un año realizada por Consumer Reports, Type Investigations y MIT Technology Review. La correspondencia por correo electrónico muestra que el estado de Florida recibió la aprobación del Departamento de Justicia federal para utilizar el dinero del Fondo para Víctimas del Crimen para proporcionar videoporteros a las víctimas de violencia doméstica en todo el estado (la expansión se detuvo en 2020 cuando al socio sin ánimo de lucro con el que el estado planeaba trabajar se le investigó por posible fraude). Además, se ha lanzado un gran programa nuevo en el condado de Harris, en Texas (EE.UU).

La participación de Ring en estos programas preocupa tanto a los defensores de la violencia doméstica como a los expertos en privacidad. Las cámaras Ring son controvertidas incluso para el usuario promedio, y las preocupaciones aumentan para las personas que han sufrido los delitos emocionalmente tensos de violencia doméstica, acecho y agresión sexual. Los expertos dudan si estos dispositivos de vigilancia siempre activos, proporcionados por los departamentos de policía con estrechos vínculos con los representantes de márketing de Ring, son realmente las herramientas adecuadas para que las víctimas estén más seguras.

Cómo se controla la violencia doméstica

Se estima que la violencia doméstica afecta a una de cada tres personas adultas estadounidenses en algún momento de sus vidas. Representa más del 40 % de todos los asesinatos de mujeres: 856 muertes en 2017, según las últimas cifras de los CDC.

Las fuerzas policiales tienen un historial deficiente de respuesta a este problema. La violencia doméstica genera la mayor categoría individual de llamadas a la policía, según el informe del Departamento de Justicia de EE. UU. de 2009, pero los defensores de las víctimas de violencia doméstica llevan mucho tiempo criticando a la policía por no tomar en serio algunas acusaciones de abuso o por responder con un enfoque estrecho de órdenes de protección, arrestos y procesamientos que no siempre ayudan a las víctimas.

La profesora Abbie Tuller, que durante años dirigió en la ciudad de Nueva York (EE. UU.) un refugio de violencia doméstica antes de obtener su doctorado en el John Jay College of Criminal Justice de la City University de Nueva York (CUNY), con su tesis doctoral sobre las reglas de intervención en la violencia doméstica, señala: "Creo que los agentes de policía se encuentran en una posición muy difícil cuando se trata de la violencia doméstica. Las herramientas y tácticas que les han enseñado para ayudar a las víctimas no son necesariamente la forma en la que se desarrolla la situación con las víctimas de la violencia doméstica".

Aun así, cuando una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo ofrece cámaras gratuitas para ayudar a abordar el problema, puede resultar una propuesta atractiva. La policía cree que conseguirá así un centinela siempre disponible de guardia frente a las casas de las víctimas del crimen que se repite. Sin embargo, "la realidad es que [la intervención policial] podría no ser lo más seguro", explica Tuller, que actualmente ofrece terapia privada y da clases en la CUNY como profesora asistente adjunta. "A veces puede ser lo más peligroso porque se trata de escalar una situación".

Para cumplir con los requisitos, se necesita una orden judicial

Cuando los programas piloto de Ring comenzaron en 2019, eran pequeños. El condado de Bexar reservó 50 cámaras para las "víctimas de acecho, víctimas de violencia interfamiliar, cualquier persona con una orden de protección", según afirmó el sheriff Javier Salazar en un comunicado de prensa cuando se lanzó el programa. Cape Coral asignó 100 dispositivos para las víctimas de la violencia doméstica y San Antonio 171 a las víctimas de la violencia intrafamiliar y agresión sexual que habían presentado denuncias. En Cape Coral, el programa de la violencia doméstica iba a durar un año.

El exjefe de policía de Cape Coral, David Newlan, recuerda que se le ocurrió la idea del programa de esa ciudad después de un caso de 2017 en el que la violencia doméstica escaló a un asesinato-suicidio. Al autor se le había prohibido acercarse a la víctima por una orden de alejamiento y se le exigía que usara en el tobillo un brazalete supervisado por una empresa externa. El día del asesinato, la empresa de monitoreo no notificó a la policía cuando el hombre violó la orden judicial al acercarse a la casa de la víctima. Newlan resalta: "Si yo fuera la víctima, no quisiera depender de un tercero en controlar el brazalete, especialmente en otro estado. Me gustaría tener el acceso por mi cuenta, para saber de verdad lo que está pasando, si soy la víctima".

El programa del Departamento de Policía de San Antonio ha empezado después de que Ring contactara con la coalición contra la violencia doméstica de la ciudad, "y les presentara la idea de que los sistemas de Ring se entregaran a las fuerzas del orden", según el especialista en servicios comunitarios de SAPD que luego diseñó ese programa, Aaron Gamez.

En el condado de Bexar ya se habían donado algunos dispositivos a la oficina del sheriff a cambio de que esta promocionara la app Neighbors. Los correos electrónicos muestran que Ring planeaba enviar a la oficina del sheriff 15 cámaras por 279 descargas de la app por parte de los ciudadanos solo en septiembre de 2018, que Ring redondeó a 300 (no se sabe si estas cámaras al final se usaron en el programa de la violencia doméstica).

Todos los programas imponían requisitos a las víctimas que querían participar. En San Antonio, tenían que haber presentado primero una denuncia pertinente. En Cape Coral, se requería una orden de protección, y cualquier persona que recibiera una cámara tenía que aceptar entregar las imágenes de Ring a la policía si se le pedía, o arriesgarse a perder la cámara. El condado de Bexar requería "que la víctima cooperara plenamente con la policía y la oficina del fiscal de distrito" para procesar el caso, según una declaración enviada por correo electrónico desde la oficina de información pública del departamento.

Para reclutar a los participantes en el programa, normalmente el defensor de las víctimas se pondría en contacto después de un incidente de violencia o al presentarse una denuncia o al tener una orden judicial. San Antonio, que gestiona el más grande de los tres programas, llevaba a cabo una evaluación de amenazas de las víctimas interesadas en el programa, teniendo en cuenta distintos factores como si el caso involucró armas, acecho, antecedentes de violaciones de órdenes de protección o escalada de violencia. San Antonio no requería que los participantes tuvieran órdenes de protección, pero las tenía en cuenta como un factor más al decidir a quién aceptar en el programa.

SAPD también dio mucha importancia a si los policías investigadores individuales creían que una cámara sería "beneficiosa para el caso", ya sea proporcionando un nivel adicional de seguridad a la víctima o para lograr más pruebas que podrían reforzar el trabajo del fiscal, explica Gamez.

En el condado de Bexar, se donaron dispositivos a la oficina del sheriff a cambio de que esta promocionara la app Neighbors. Los correos electrónicos muestran que Ring planeaba enviar a la oficina del sheriff 15 cámaras por 279 descargas de la app por parte de los ciudadanos solo en septiembre de 2018

Smith, en Cape Coral, recibió su cámara a principios de 2020, poco después de que su ex violara la orden de protección que la mujer había solicitado contra él. La visitó la responsable de los servicios para las víctimas, Christine Seymour, que dirigía el programa de cámaras de Cape Coral. Smith recuerda que había oído hablar de Ring pero que nunca había pensado en comprar uno de esos timbres con vídeo. Sin embargo, lo aceptó cuando ese servicio se le ofreció gratis: el dispositivo normalmente cuesta al menos 99 dólares (85 euros), más la opcional suscripción de almacenamiento anual de vídeos de al menos 30 dólares (25 euros).

Seymour tenía la cámara, pero el departamento de policía no se encargaba de instalarla; el padre de Smith lo hizo por ella. Seymour también le dio a Smith el "acuerdo de participación", el contrato entre los que reciben la cámara y el Departamento de Policía de Cape Coral. Todos los participantes acordaron mantener activas sus medidas cautelares; también sabían, como dice Smith, que "me podían sacar del programa si me negara a proporcionar las imágenes solicitadas" a la policía.

No se sabe lo populares que han sido estos programas. El de San Antonio distribuyó 158 de sus 171 cámaras. Sin embargo, en el primer año del programa del condado de Bexar, no más de 15 víctimas se inscribieron para una de sus 50 cámaras, según la especialista en los servicios para las víctimas de la oficina del sheriff, Rosalinda Hibron-Pineda. En Cape Coral, donde había 100 cámaras disponibles, Seymour afirmó que solo se habían entregado 24.

En una entrevista telefónica en septiembre de 2020, Seymour admitió: "Pensábamos que estaríamos más inundados de solicitudes. La verdad es que no lo estamos, lo cual es algo positivo". Muchas personas habían expresado su interés, añadió, pero cambiaban de opinión cuando les indicaban que se requeriría una orden judicial. Cuando una víctima expresó esas dudas, Seymour le explicó: "Bueno, lo siento, entonces no reúne los requisitos".

Seymour señaló que, sin darles a las fuerzas del orden las herramientas para arrestar y encarcelar a los abusadores, las cámaras no serían efectivas. "Es decir, todo el propósito es detenerlo. No hay forma de llevarlo a cabo [sin una orden judicial]".

Incluso con el vídeo, no hay pruebas irrefutables

Los defensores de la violencia doméstica resaltan que no les sorprende que las mujeres víctimas de abusos duden en seguir las normas establecidas por la policía de Cape Coral. Casi la mitad de los incidentes de la violencia doméstica no se denuncian, y la presentación de una orden judicial puede complicar la situación en la que se encuentran las víctimas. Quizás no estén listas (o no puedan) dejar a su abusador al que todavía aman, con quien comparten hijos o dependen económicamente o podrían temer las consecuencias de un proceso judicial.

La investigadora Brignone destaca: "Hay una gran cantidad de víctimas para las que llamar a la policía podría resultar esencialmente arriesgado. ¿Quiero llamar a la policía si esa persona saldrá en 24 horas y me matará?".

Ring mantuvo un presupuesto de publicidad específico en Facebook para promover los vídeos de personas "buscadas" de las fuerzas del orden. En al menos una ocasión, Ring produjo un vídeo para la Oficina del Sheriff del condado de Bexar. El ayudante del sheriff indicó que estaría interesado en este servicio en el futuro

Las víctimas de la violencia doméstica tienen razones adicionales para temer llamar a la policía, señala Brignone. En los estados con las leyes de arresto obligatorio por la violencia doméstica, la policía que responde a una llamada a veces termina arrestando tanto al presunto perpetrador como a la víctima. Además, las víctimas pueden ser sometidas a arrestos en represalia si un abusador llama a la policía para presentar una denuncia falsa.

Estos problemas afectan de manera desproporcionada a las mujeres de color y a las mujeres con ingresos más bajos. Las mujeres afroamericanas sufren una tasa más alta de violencia doméstica que todos los demás grupos étnicos, excepto las mujeres nativas americanas, pero un estudio de 2005 encontró que era menos probable que buscaran ayuda debido a los temores de discriminación y de brutalidad policial dirigidas a ellas mismas, a su abusador o a ambos.

Algunos defensores consideran que el uso selectivo de imágenes de vídeo también puede volverse en contra de las propias víctimas de la violencia doméstica.

"Las víctimas de la violencia con frecuencia se presentan de formas que no corresponden a los estereotipos", resalta la profesora de derecho que imparte el consultorio de violencia de género en la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Maryland en Baltimore (EE. UU.) Leigh Goodmark. La policía puede esperar ver a "alguien dócil, débil y pasivo" en el vídeo, pero en cambio encuentra a una mujer que parece enojada con su abusador. O un vídeo podría simplemente mostrar interacciones discretas entre una pareja, lo que proporciona una evidencia aparente, según Goodmark, de que "'no tiene miedo de esta persona, por lo que no necesita protección'".

La directora del proyecto de red de seguridad Safety Net en la Red Nacional para Poner Fin a la Violencia Doméstica, Erica Olsen, señala que los vídeos tienen otro defecto: rara vez son las "pruebas irrefutables" que uno podría esperar. Señala: "Hemos visto algunos de estos escenarios, donde, incluso con la existencia de vídeo, no se sabe lo que sucedió". Si "no hay audio, [o] el vídeo se inicia o detiene en un punto determinado, todo es cuestionable. Si hay demasiado vídeo y hay algo allí que cuestiona el carácter de la persona, [eso] debería ser irrelevante".

La policía exige que las víctimas cooperen con los esfuerzos para arrestar y procesar a los abusadores y, en algunos casos, tienen que entregar las imágenes de la cámara a la policía. Pero requerir la intervención de la policía puede ser coercitivo, peligroso y no la forma más efectiva de detener la violencia doméstica, según destacan las víctimas de la violencia doméstica y sus defensores

Los programas contra la violencia doméstica que dependen de la vigilancia también se quedan cortos en otros aspectos. Estos casos son complejos y las violaciones de una orden de protección no siempre ocurren en el hogar. Smith y su ex vivían en la misma pequeña comunidad y se conocían desde el instituto. Podían encontrarse sin querer. A veces, su expareja llegaba a su casa cuando había otras personas presentes; y es que compartían una hija. Al parecer, fue durante una de esas visitas que su ex consiguió y copió en secreto la llave de su casa.

Smith está contenta de haber tenido la cámara observando la puerta de su casa y que captó la mentira de su ex sobre cómo había entrado en ella en mayo. Cree que el aparato era como una "manta de seguridad" y la recomendaría a otras víctimas. Sin embargo, no estuvo de acuerdo con el requisito de que los participantes solo pudieran recibir una cámara con una orden judicial.

Habían pasado años antes de que la mujer estuviera lista para ver a su abusador acusado y procesado, a pesar de tantos años de abuso físico y emocional durante su relación intermitente, que ella describió como tóxica. Smith recuerda que al principio: "No quería... enjuiciarlo, porque es el padre de mi hija. Pero al mismo tiempo, no podía seguir dejándolo hacer eso".

¿Trabajo policial o campaña de márketing de Ring?

Ni el Departamento de Policía de Cape Coral ni el de San Antonio han publicado las cifras sobre cuántos procesamientos se habían producido gracias a las cámaras en los hogares de las víctimas. De hecho, según Aaron Gamez, el Departamento de Policía de San Antonio no lleva actualmente ninguna métrica sobre el éxito del programa. La Oficina del Sheriff del Condado de Bexar asegura que "la comunidad ha reaccionado favorablemente al programa y nuestros servicios están en demanda", pero no ha proporcionado detalles sobre cómo lo está evaluando su oficina.

No obstante, tenemos algunos detalles de Cape Coral. Según los documentos obtenidos a través de una solicitud de registros públicos, el Departamento de Policía de Cape Coral planeaba realizar informes trimestrales y una revisión anual antes de decidir si el departamento renovaría el programa Ring. El departamento explicó que realizaría controles físicos mensuales en cada dispositivo; quitaría las cámaras que no estaban instaladas, que resultaban dañadas o que no estaban en uso; y confiscaría cualquier dispositivo entregado a personas que no tenían una orden judicial activa. Cuando fue contactada en septiembre de 2020, Seymour afirmó que no había completado las evaluaciones pero que el programa continuaba. Desde entonces, a pesar de numerosas solicitudes, el departamento no ha proporcionado información sobre cómo ha progresado el programa.

En un correo electrónico a los oficiales de policía, el vicepresidente de desarrollo comercial de Ring, Steve Sebestyen, solicitó controles mensuales y una reunión a los 10 meses para decidir si seguir con el programa. Los mismos correos electrónicos especificaban que, si el programa terminaba, los participantes empezarían a recibir avisos de márketing instándolos a pagar una suscripción de Ring 30 días antes del final del programa piloto de 12 meses, a los 30 días, 10 días, siete días, y dos días. Ni Newlan ni nadie de Ring proporcionaron información adicional sobre las reuniones planificadas o los mensajes de márketing.

Fuera de los programas contra la violencia doméstica, los correos electrónicos muestran una estrecha coordinación entre al menos una de estas agencias de aplicación de la ley y los comercializadores de Ring. En enero de 2019, después de que un barrio en las afueras de San Antonio sufriera una serie de robos de coches, los agentes de la oficina del sheriff del condado de Bexar encontraron varios vídeos de los robos en la app Neighbors. Querían usar esos vídeos para crear un póster de vídeo de "Se busca" para las redes sociales, pero el propietario que había publicado los vídeos luego los eliminó, por lo que los agentes contactaron con Ring para pedir consejo.

En un correo electrónico a los agentes, el entonces director de contabilidad de Ring, Sami Tahari, recomendó que la oficina del sheriff presentara una solicitud pública de imágenes de otros propietarios de Ring del área. Un propietario respondió enviando varios vídeos. Luego, Tahari se ofreció a crear un vídeo en busca de ayuda para identificar al sospechoso del vídeo, que Ring pagaría para promocionarlo en Facebook. Tahari escribió: "Gastamos cientos de dólares en […] la publicidad pagada en Facebook para que miles de personas de la comunidad vean su vídeo o imagen".

Tahari también recordó a sus contactos: "Cuando descarguen un vídeo o una imagen de Neighbors y lo compartan […] en las plataformas como Facebook, Twitter o Nextdoor, no olviden animar a los demás a descargar Neighbors. Cuantas más personas accedan a la app, más valiosa será la plataforma para su agencia Y Ring donará una cámara a la comunidad del condado de Bexar por cada 20 descargas".

Luego, Ring produjo el vídeo en el que pide ayuda a los residentes locales para identificar al sospechoso, con la marca destacada Neighbors app by Ring. Cuando lo vio el oficial de información pública de la oficina del sheriff, Johnny García, respondió por correo electrónico: "¡Es increíble! ¡Boom! ¡Impresionante! ¡Lo compartiré cuanto antes!".

Los críticos también han expresado su preocupación por la privacidad y la seguridad digital en relación con estos programas. En diciembre de 2020, 30 demandantes se unieron a una denuncia colectiva contra Ring por lo que la demanda alega son malas prácticas de seguridad

Ese tipo de acuerdo promocional hace que sea "difícil saber dónde termina el departamento de márketing de Ring y dónde comienzan los departamentos de policía", sostiene el analista de políticas del grupo de defensa de los derechos digitales Electronic Frontier Foundation (EFF) Matthew Guariglia. "Durante mucho tiempo, sus puntos de conversación han sido idénticos".

Los memorandos de entendimiento entre Ring y las agencias de aplicación de la ley le dan a Ring el derecho de revisar cualquier comunicado de prensa que la policía utilice para anunciar sus asociaciones con Ring. Los departamentos de policía de todo el país han utilizado el mismo lenguaje promocional, incluido Cape Coral.

Los representantes del condado de Bexar no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el intercambio entre Tahari y los funcionarios locales. La portavoz de Ring, Emma Daniels, indica que la correspondencia "no refleja nuestra práctica actual" y que Ring dejó de donar dispositivos a las fuerzas del orden en enero de 2020.

"Cuantas más personas accedan a la app, más valiosa será la plataforma para su agencia Y Ring la correspondencia "no refleja nuestra práctica actual"donará una cámara a la comunidad del condado de Bexar por cada 20 descargas"

Correo electrónico del director de contabilidad de Ring, Sami Tahari, a la oficina de sheriff del condado de Bexar

En ese momento, el programa de donación probablemente había logrado sus objetivos, opina el investigador visitante del Centro Shorenstein de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard (EE. UU.) Chris Gilliard, que estudia las tecnologías de vigilancia. La amplia cooperación con los departamentos de policía es "una parte importante de cómo Ring se afianzó tanto en los barrios de todo el país".

Es posible que Ring ya no entregue cámaras gratuitas, pero continúa trabajando en estrecha colaboración con los departamentos de policía. Y la empresa ha estado desarrollando nuevas formas de extender su alcance, más allá de simplemente expandir su línea de productos y buscar asociaciones con las agencias de seguridad pública. Ring se asoció recientemente con Lennar, uno de los mayores constructores de viviendas del país, para instalar sus nuevos productos inteligentes para el hogar Connected by Ring en todas las casas de nueva construcción de Lennar. Para algunos compradores de vivienda, esta podría ser solo otra característica adicional, tan poco llamativa como las luces del porche, las regaderas o los electrodomésticos sofisticados. Sin embargo, Guariglia, de la EFF, ve una relación directa entre la asociación con Lennar y la forma en la que Ring repartió cámaras gratuitas a los departamentos de policía. "Si resultan más omnipresentes tanto Ring como los conectados productos inteligentes para el hogar", para Guariglia, eso es "una especie de publicidad incorporada y permanente para comprar más dispositivos de Amazon capaces de interactuar con el hogar y con la tecnología existente".

Privacidad y consentimiento, pero ¿para quién?

Según los programas piloto en Texas y Florida, las víctimas deben compartir las imágenes de incidentes directamente con la policía. Pero fuera de esos programas, algunos vídeos de violencia doméstica han llegado a otros lugares más amplios: a la app Neighbors, a internet y a las noticias del telediario.

Estos programas piloto se están expandiendo, aunque los departamentos de policía aún no han publicado las cifras sobre su éxito. Florida es la primera instancia conocida de un esfuerzo estatal para expandir el uso de las cámaras de Ring con el dinero del Gobierno federal

En junio de 2019, una escena desagradable ocurrió en Manor, (Texas, EE.UU.), a más de 160 kilómetros al este del condado de Bexar. En el vídeo granulado en blanco y negro, luego compartido en las redes sociales y emitido en las noticias de la televisión local, una mujer se acerca y golpea frenéticamente la puerta principal de una casa. Mira por encima del hombro varias veces. Sigue golpeando de forma más urgente. Un hombre se acerca rápidamente mientras ella suplica: "¡Para! ¡Por favor, no!".

"¡Ven aquí!", grita el hombre, "¡sube al coche!". La saca fuera del marco de la cámara.

Un vídeo similar fue capturado en Arcadia, California, en septiembre de 2019. Una mujer vestida con lo que parece un pijama aparece corriendo en el marco de otro videoportero. Ella también mira por encima del hombro mientras llama a la puerta, pero su agresor la alcanza rápidamente. Mientras ella grita "¡no!" e intenta resistirse, el hombre la arrastra por el pelo hasta el jardín. No se ve muy bien, pero parece que la golpea repetidamente pisoteándola. Al final, le dice: "Levántate o te mataré".

Estos vídeos revelan momentos traumáticos, y los expertos avisan que las personas capturadas por la cámara no tienen control sobre lo que pasa con las imágenes. En ambos casos, la cámara pertenece a un extraño, al igual que el vídeo. El propietario es quien acepta los términos de servicio de Amazon y elige cómo compartir el vídeo, ya sea subiéndolo a la app Neighbors, entregándolo a la policía o a los medios de comunicación.

La persona en las imágenes "no tiene relación con la empresa […] y nunca acordó que se usara su imagen ni que se convirtiera en un producto", subraya el abogado del Programa Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan para la Justicia Angel Díaz. Los críticos como Díaz sostienen que esos vídeos se convierten básicamente en el material de márketing gratuito para Ring, que se apoya en el miedo y en el voyerismo.

La empresa ha respondido que los vídeos como estos, por muy molestos que sean, pueden ayudar a proteger a la sociedad. "Ring creó Neighbors para capacitar a las personas con el fin de que compartan entre sí importante información de seguridad y se conecten con las agencias de seguridad pública que les brindan servicios", escribió Daniels, la portavoz de Ring, en un comunicado enviado por correo electrónico.

Ring asegura que toma medidas para proteger la privacidad de las personas que aparecen en esos vídeos: "Cuando se trata de compartir los vídeos de nuestros clientes con los medios de comunicación o con nuestros propios canales, nuestra política actual es obtener una autorización o difuminar la cara de cada persona identificable en el vídeo antes de compartirlo".

Cuando los incidentes violentos como estos se captan en cámara y se comparten, en la superficie puede parecer que el sistema de videovigilancia y de vecinos que se cuidan unos a otros funciona como debería. Las pruebas en vídeo pueden ayudar claramente a la policía y a los fiscales. Pero los defensores de las víctimas de la violencia doméstica resaltan que, cuando estos momentos íntimos se hacen públicos, las personas involucradas resultan victimizadas de nuevo, al perder el poder de tomar sus propias decisiones. Las mujeres en esos vídeos podrían haber querido y necesitado ayuda, según los defensores, pero no necesariamente de la policía.

En Manor, Texas, por ejemplo, la policía acusó al hombre del vídeo de secuestro como delito agravado de tercer grado. Pero la mujer del vídeo les contó más tarde a los periodistas locales que buscaba a un abogado para intentar que se retiraran los cargos.

"Están vendiendo el miedo a cambio de que la gente renuncie a su privacidad"

Angel Díaz, Brennan Center for Justice

"El objetivo no es [lograr que] la víctima denuncie o convencerla de participar en el proceso de juicio penal", señala Tuller, la exdirectora del refugio para mujeres en la ciudad de Nueva York. "El propósito es llevarlas a un lugar seguro y que se compartan los recursos y el apoyo que necesitan".

Además, algunos críticos de las cámaras Ring creen que los vídeos virales de Ring distorsionan la forma en la que la gente piensa sobre la prevalencia de los delitos violentos y lo útiles que pueden ser las cámaras de vigilancia para combatirlos.

"Están vendiendo el miedo a cambio de que la gente renuncie a su privacidad", opina Díaz del Brennan Center. Pero el problema con esta narrativa, añadió, es que típicamente no ha sido "una falta de pruebas" sino más bien una falta de "interés por parte de los departamentos de policía para investigar" ciertos delitos que afectan a las personas marginadas, ya sea en las comunidades de color o de las mujeres afectadas por la violencia doméstica.

Los costes de hacer negocios

Los expertos en seguridad y privacidad digital tienen sus propias preocupaciones sobre las cámaras de Ring.

Por un lado, los dispositivos de Ring han sido objeto de hackeos. En junio de 2019, la empresa de ciberseguridad Bitdefender descubrió una vulnerabilidad que podría haber permitido que alguien físicamente cerca de un dispositivo de Ring interceptara los inicios de sesión y potencialmente atacara la red doméstica, un problema que luego la empresa ha solucionado. Luego, en diciembre de 2019, el investigador de seguridad Nick Shepherd detectó que se habían comprometido más de 3500 contraseñas de inicio de sesión de los clientes de Ring. En un incidente en Cape Coral justo un mes antes de que Smith recibiera su cámara, una familia negra fue sometida a abusos racistas después de que alguien la hackeara y le hablara por el altavoz de su cámara Ring.

Ring niega que las filtraciones provengan de las bases de datos de la empresa y ha advertido a los usuarios no reutilizar las contraseñas. Pero también ha habido acceso no autorizado a las cámaras de Ring desde dentro de la empresa. En enero de 2020, en una respuesta por escrito a una consulta del Senado de Estados Unidos, el vicepresidente de políticas públicas de Amazon reveló que cuatro empleados habían sido despedidos durante los cuatro años anteriores por acceder de manera inadecuada a los vídeos de los clientes. En diciembre de 2020, 30 demandantes se unieron a una denuncia colectiva contra Ring, alegando que la empresa tenía prácticas de seguridad deficientes y quejándose de que Ring había intentado culpar a los usuarios por elegir contraseñas deficientes. En julio, Ring introdujo el cifrado de extremo a extremo en 13 de sus dispositivos, mejorando así la seguridad y garantizando que los empleados de Amazon no puedan ver ni compartir los vídeos a menos que el titular de la cuenta de Ring los publique en la app Neighbors. Sin embargo, el cifrado de extremo a extremo aún no está disponible en las cámaras de gama baja de Ring que funcionan con baterías, que se encuentran entre los dispositivos que se utilizan en San Antonio.

Los defensores indican que la privacidad y la seguridad digitales conllevan un riesgo especialmente alto para las víctimas de abuso. "Las cámaras en los barrios son una preocupación real para las agencias contra la violencia doméstica", resalta Olsen, de la Red Nacional para Poner Fin a la Violencia Doméstica. "No quieren que las víctimas acaben captadas por una cámara mientras van caminando de una tienda a un refugio". Esto significa que más allá de simplemente percibirlo como "una invasión de la privacidad, el uso masivo de cámaras de vigilancia puede parecer peligroso e inseguro".

Los expertos en privacidad, incluido Díaz, el abogado del Brennan Center for Justice, también tienen una preocupación más amplia.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley solicitan con frecuencia a las empresas de tecnología, incluida Ring, así como a Apple, Facebook, Google y a otras, que compartan algunos datos sobre sus usuarios. Cuando las empresas comparten la información, los usuarios rara vez se enteran de eso o no tienen la posibilidad de oponerse. Esto significa que el principal baluarte contra las solicitudes demasiado amplias de datos sobre las personas son las propias empresas tecnológicas. En un informe de transparencia publicado en enero de 2021, Ring afirmó que el año anterior recibió más de 1.900 solicitudes de información de las agencias de aplicación de la ley, y cumplió total o parcialmente al menos 1.090 de ellas.

Las peticiones que cumplió Ring podrían haber sido de interés público, pero eso no se sabe: las empresas tecnológicas tienen mucho margen de maniobra en cuanto a cómo responder cuando la policía llama a su puerta y cuánta información compartir en sus informes de transparencia. A Díaz le preocupa que Ring pueda "simplemente decidir que no vale la pena invertir los recursos legales y los costes para rechazar las solicitudes excesivas", y añade: "Ese tipo de análisis comercial de 'cuánto va a costar algo' combinado con 'queremos tener una buena relación con este departamento de policía' simplemente crea un aspecto muy negativo" para la protección de la privacidad.

Ring rechaza la idea de que la relación de la empresa con los departamentos de policía crea un conflicto de intereses en las cuestiones de privacidad. La empresa afirmó en una declaración escrita: "Ring crea productos para nuestros clientes y comunidades, no para las fuerzas del orden. Estamos comprometidos a ser transparentes con nuestros clientes sobre nuestras prácticas y políticas, y diseñamos todos nuestros productos, programas comunitarios y servicios para mantener a los clientes en control de la información que desean compartir y con quién, y eso incluye las fuerzas policiales".

Pero los críticos aseguran que el portal Neighbors para las agencias de seguridad pública es un ejemplo de un producto creado expresamente para la policía. "Con la misma facilidad podrían haber construido una empresa de cámaras de seguridad en red y nunca involucrar a la policía", sostiene Guariglia, el experto en políticas de EFF. "Si la policía quiere ese vídeo, puede presentar la orden judicial al propietario de la cámara. No tenían que construirles una interfaz mediante la cual pudieran solicitar fácilmente los vídeos".

Más allá de las consecuencias no deseadas

Entre los defensores de las víctimas de la violencia doméstica, incluso algunos de los escépticos de Ring creen que la idea de usar las cámaras de vigilancia para las víctimas no es intrínsecamente mala. En cambio, opinan que tales programas requieren un cálculo más honesto de los riesgos para los participantes, junto con más salvaguardas y una mayor participación tanto de los defensores como de las víctimas.

"Tener [una cámara de seguridad] como una opción no es el problema", resalta Olsen, de la Red Nacional para Poner Fin a la Violencia Doméstica. "El problema proviene realmente de la letra pequeña. Se trata de asegurarse de que las víctimas estén informadas sobre el uso más beneficioso y los posibles daños".

Parece haber algún cambio hacia un consentimiento más informado: en abril de 2021, el Consejo Coordinador de la Violencia Doméstica del Condado de Harris en Texas anunció que Ring había donado 500 dispositivos para dárselos a las víctimas de la violencia doméstica. En una declaración enviada por correo electrónico, Ring subrayó que estaba "orgulloso de apoyar" ese esfuerzo. El condado tiene más de 4 millones de habitantes, incluida la ciudad de Houston, y está a unas 200 millas (322 kilómetros) del condado de Bexar.

Las cámaras se distribuyen a través de las organizaciones de apoyo que brindan servicios directos a las víctimas, y los representantes del consejo aseguran que las víctimas no necesitarán una orden judicial contra sus presuntos abusadores para recibir una cámara. La directora ejecutiva del consejo, Barbie Brashear, resalta: "Queríamos que fuera lo más accesible posible y definido para las víctimas. Hay muchas personas que nunca se involucran en una intervención policial o penal o judicial, pero aún tienen grandes necesidades de seguridad".

Algunos expertos en la violencia doméstica señalan que el modelo del condado de Harris es una mejora con respecto a los programas dirigidos por la policía "porque no hay ningún elemento de coerción", indica Brignone, la investigadora de la UC Berkeley. Pero los defensores de las víctimas creen que se deben implementar más salvaguardias.

Por ejemplo, les gustaría ver los programas que ofrezcan cámaras solo después de una planificación de seguridad exhaustiva con las víctimas para asegurarse de que realmente pueda beneficiarlas, teniendo en cuenta sus circunstancias individuales (el condado de Harris ha dado este paso). Luego, antes de que las víctimas decidan si usar una cámara de vigilancia en particular, Olsen recomienda que ellas y sus asesores presten atención especial a las prácticas de privacidad de la empresa. (Smith, de Cape Coral, señala que no cree que, cuando la responsable de los servicios a las víctimas, Christine Seymour, le dio la cámara, "haya mencionado algún riesgo").

Otros expertos son aún más cautelosos y consideran que puede ser demasiado pronto para implementar programas como las asociaciones de Ring, incluso con otras garantías adicionales. Las personas con ganas de ayudar rara vez se esfuerzan lo suficiente en explorar todos los posibles daños, señala Goodmark, de la Universidad de Maryland, que concluye: "Creo que el problema que tenemos con frecuencia en el movimiento contra la violencia [doméstica] es que suceden cosas y pensamos: 'Oh, eso fue una consecuencia imprevista', porque no hemos pensado al principio en las posibles consecuencias".

Este artículo fue copublicado por 'MIT Technology Review' y 'Consumer Reports', y producido en asociación con Type Investigations, donde Eileen Guo es becaria Ida B. Wells. Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con ningún anunciante en este sitio.