La reducción de la financiación gubernamental podría hundir algunos proyectos.
Un elemento clave de la revisada dirección de la NASA hecha por la Casa Blanca consiste en el desvío hasta el sector privado del transporte de astronautas hacia y desde la órbita terrestre.
Las recientes medidas de financiación realizadas por el Congreso podrían limitar enormemente la capacidad de las empresas para prestar dichos servicios.
La propuesta original de presupuesto de la administración de Obama para la NASA, emitida hace casi seis meses, incluía 6 mil millones de dólares durante los próximos cinco años para ayudar a financiar el desarrollo de tales sistemas. Una serie de propuestas de revisión de dicha propuesta podrían reducir esta cifra de manera espectacular, a una cifra tan baja como 150 millones en tres años.
La NASA usaría vehículos desarrollados por empresas privadas para llevar a las tripulaciones hacia y desde la Estación Espacial Internacional. Las empresas que operasen las naves espaciales podrían también utilizarlas para dar servicio a otros clientes. Sin embargo, el alto coste de desarrollo de tales sistemas—desde cientos de millones a miles de millones de dólares—significa que la NASA tendría que ayudar a financiar su desarrollo.
Cuando un grupo independiente, el Comité Augustine, revisó los planes de vuelos espaciales humanos de la NASA el año pasado, varias compañías ofrecieron soluciones comerciales para el transporte de los astronautas. "De forma consistente, todo el mundo afirmaba que sin el apoyo del gobierno no habría realmente ninguna forma viable de que pudieran obtener un retorno de la inversión", señaló Phil McAlister la semana pasada en Newspace 2010, una conferencia para empresarios espaciales celebrada en Sunnyvale, California. McAlister fue director ejecutivo del Comité Augustine y en la actualidad trabaja en cuestiones de tripulación comercial en la NASA.
Mark Sirangelo, presidente de la Federación de Vuelos Espaciales Comerciales, un grupo industrial que proporciona apoyo al desarrollo de vehículos espaciales comerciales, señaló durante una mesa redonda en Newspace 2010 que la NASA ya está comprando tales servicios a los rusos—comprando asientos en la nave espacial Soyuz con destino a la estación espacial. "Lo que estamos diciendo simplemente es: ¿no puede la industria de los EE.UU. hacer lo mismo que estamos subcontratando a los rusos?"
Algunas compañías de emprendedores tales como SpaceX y Sierra Nevada Corporation, perteneciente a Sirangelo, podrían verse obligadas a cancelar el desarrollo de los vehículos de transporte de tripulación en caso de que la financiación del gobierno sea aún menor. Incluso las empresas más grandes podrían tener problemas con el desarrollo si la financiación se reduce de manera significativa.
La semana pasada, en el Salón Internacional Aeronáutico de Farnborough, en Inglaterra, Boeing discutió algunos planes relacionados con una cápsula llamada CCT-100. Boeing ya posee un cliente potencial y que no es la NASA: Bigelow Aerospace, una empresa de Las Vegas, que está desarrollando estaciones espaciales comerciales y ya ha puesto en marcha dos pequeños prototipos. "El dinero que la NASA ha propuesto invertir en tripulaciones comerciales nos permite cerrar el caso de negocios", afirmó en Farnborough John Elbon, director del programa de tripulación comercial de Boeing. Sin esa financiación, "continuar sería una decisión difícil para nosotros".
El problema es que el dinero puede que no llegue, al menos no al nivel solicitado por la Casa Blanca. El 15 de julio, el Comité de Comercio del Senado aprobó un proyecto de autorización para la NASA que proporcionaría 1,3 mil millones para el desarrollo de la tripulación comercial desde el año fiscal 2011 al 2013. La administración de Obama había solicitado 3,3 mil millones de dólares para la tripulación comercial durante todo ese tiempo.
La versión de la legislación emitida por la Cámara, aprobada una semana después por el Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara, propuso una serie de recortes aún más profundos. El proyecto de la Cámara ofrece sólo 150 millones en tres años para el desarrollo de los vehículos de transporte de tripulación, así como 300 millones para un nuevo programa de garantía de préstamo con el que ayudar a las compañías a asegurar la financiación para el desarrollo de estos vehículos.
Tanto la Cámara y el Senado proponen estos cortes para ayudar a pagar el desarrollo de vehículos de lanzamiento y naves espaciales operados por el gobierno y que no figuraban en la propuesta original de la Casa Blanca. La versión del Senado incluye 6,9 mil millones de dólares durante tres años para un "sistema de lanzamiento espacial", un cohete de carga pesada capaz de colocar al menos 70 toneladas en la órbita terrestre baja, y 3,9 millones de dólares para una cápsula de tripulación similar a la nave espacial Orion que la NASA había estado desarrollando. La versión de la Cámara incluye 13,2 mil millones de dólares para el desarrollo combinado de la nave, así como un vehículo de lanzamiento estrechamente derivado del Ares I, que la administración trató de cancelar.
Los miembros intentaron retratar estos proyectos de ley como un compromiso entre el anterior programa Constellation de la NASA y las propuestas de la administración para poner más énfasis en el desarrollo de la tecnología y las capacidades comerciales. "El objetivo era preservar el liderazgo de los EE.UU. en la exploración del espacio y mantener la mayor cantidad de talento dentro de la industria de los cohetes como posibles empleados", señaló el senador Bill Nelson (Demócrata por Florida), presidente del subcomité espacial del Comité de Comercio del Senado.
Los defensores de la tripulación comercial se están preparando para una larga batalla durante los próximos meses, al tiempo que el pleno de la Cámara y el Senado asumen sus respectivos proyectos de ley, así como una serie de proyectos separados que aporten de forma efectiva la financiación.
Jim Muncy, presidente de PoliSpace, una compañía de defensa de intereses (lobbying) de la industria espacial, predijo durante Newspace 2010 que un proyecto de ley final que resuelva las diferencias entre las versiones de la Cámara y el Senado no se completará hasta después de las elecciones legislativas de noviembre, dando a los partidarios tiempo para ganar apoyos y obtener un compromiso más aceptable. "Lo bueno es que la lucha no ha terminado", afirmó. "Y, podría decirse, la verdadera lucha aún no ha comenzado".