Para los singapurenses, la pandemia de coronavirus (COVID-19) ha estado muy relacionada con la tecnología: con dos tecnologías, en concreto. La primera son los códigos QR, cuyos pequeños cuadrados en blanco y negro han sido omnipresentes en todo el país como parte del sistema de rastreo de contactos SafeEntry implementado en abril y mayo. 

Con SafeEntry, cualquier persona que entre a un lugar público de Singapur (restaurantes, tiendas, centros comerciales) debe escanear un código y registrarse con su nombre, número de DNI o pasaporte y número de teléfono. Si alguien da positivo por COVID-19, los rastreadores de contactos usan la información para rastrear a aquellos que hayan estado demasiado cerca y, por tanto, hayan podido contagiarse.

También está TraceTogether, la app que el país lanzó en marzo de 2020. Utiliza Bluetooth para relacionar los contactos cercanos; si dos usuarios están cerca, sus dispositivos intercambian identificaciones de usuario anónimas y cifradas que el Ministerio de Sanidad singapurense puede descifrar en caso de que una persona dé positivo por COVID-19. 

Para aquellos que no pueden o no quieren usar la app, el Gobierno también ofrece tokens TraceTogether, pequeñas fichas digitales con el mismo propósito. Y, aunque TraceTogether es actualmente voluntario, el Gobierno ha anunciado que fusionará ambos sistemas, lo que haría obligatorio descargar la app o usar un token.

Cuando se lanzaron los dos sistemas, no había mucho espacio para que la sociedad debatiera sus dudas: se vieron como algo imprescindible para luchar contra la pandemia, y el Gobierno de Singapur actuó de la típica manera de arriba hacia abajo. Sin embargo, intentó calmar los temores garantizando repetidamente a los singapurenses que los datos recopilados con dicha tecnología se usarían solo para rastrear los contactos durante la pandemia. 

Y ahí es donde las cosas salieron mal.

La policía accedió a datos privados

A principios de este mes, se supo que esa afirmación del Gobierno era falsa. El Ministerio del Interior confirmó que la policía podía acceder a los datos para realizar investigaciones penales; al día siguiente de esta confesión, el ministro reveló que esos datos ya se habían utilizado, de hecho, en la investigación sobre un asesinato. Rápidamente se hizo evidente que, a pesar de lo que los ministros habían dicho, la ley de Singapur significaba que las fuerzas del orden habían podido utilizar los datos de TraceTogether todo el tiempo.

Estas revelaciones desencadenaron la ira y las críticas de la sociedad, no porque los singapurenses se preocupen especialmente por su privacidad (en realidad, la vigilancia estatal está bastante normalizada en el país) sino porque la gente sintió que había sido engañada. Muchas personas tenían dudas sobre TraceTogether cuando se lanzó, y solo comenzaron a usarla después del aviso del Gobierno de que pronto sería obligatorio. (Según el copresidente del grupo de trabajo sobre la COVID-19, casi el 80 % de los habitantes de Singapur han adoptado TraceTogether).

Desde entonces, el Gobierno ha anunciado que introducirá una nueva legislación para limitar el uso de datos de rastreo de contactos por parte de las fuerzas del orden para investigar siete categorías específicas de delitos, que incluyen terrorismo, asesinato, secuestro y los casos más graves de tráfico de drogas.

En su declaración, la Oficina de Gobernanza Digital y Nación Inteligente afirma: "Reconocemos nuestro error al no informar de que los datos de TraceTogether no están exentos del Código de Proceso Penal". Y explica que la nueva ley "especificaría que los datos personales recopilados a través de las soluciones de rastreo digital de contactos... solo se pueden usar para el propósito específico de rastreo de contactos, excepto cuando exista una necesidad clara y urgente de utilizarlos para una investigación criminal de delitos graves".

Ha perdido su espíritu original

Aún no hay un cronograma sobre cuándo se presentará el propuesto proyecto de ley al parlamento, y los detalles son escasos. La activista de derechos digitales Lee Yi Ting detalla: "En Singapur, donde las leyes otorgan amplios poderes ejecutivos y legislativos a las autoridades estatales, creo que cualquier compromiso con la responsabilidad y la moderación es bienvenido. Pero, queda por ver si el proyecto de ley asumirá un compromiso sustancial con estas limitaciones propuestas. Por ejemplo, si las autoridades estatales desobedecen estas regulaciones, ¿qué órganos de investigación entrarán en juego y qué consecuencias tendrán los actores estatales?". 

Algunos dudan de la utilidad de estos datos para las investigaciones policiales y les preocupa que incluso los límites propuestos amplíen formalmente su uso más allá del rastreo de contactos. En un comunicado, el partido de oposición Progress Singapore Party afirma: "Nos gustaría reiterar que la ampliación de los poderes policiales a los datos [de TraceTogether] no está alineada con el espíritu original para el que estaba destinado el conjunto de datos. Los datos de rastreo de COVID-19 deben usarse única y estrictamente para combatir la pandemia y para nada más". 

La confianza está en juego

Este caos no ha podido llegar en un momento más difícil. La preocupación de que los gobiernos puedan abusar de los sistemas de rastreo de contactos ha aparecido en todo el mundo. Muchas de estas preocupaciones resultaron injustificadas, especialmente en los países que utilizan la tecnología de notificación de exposición de Google y Apple, que no permite la recopilación centralizada por parte de las autoridades locales. El Gobierno de Singapur había rechazado previamente el sistema de Apple y Google, afirmando que sería "menos efectivo" en el contexto de Singapur. 

Pero, a pesar de que los sistemas digitales podrían acelerar el rastreo de contactos y ayudar en la lucha contra el virus, que podría ser más vital con el tiempo, no menos, la mayoría de los países han tenido dificultades con la adopción de los mismos. Un tema importante: la confianza.

A Lee le preocupa que incluso si la nueva ley logra calmar a muchos singapurenses, las consecuencias fuera del país podrían ser graves. La medida tan temprana de Singapur para crear el rastreo digital de contactos lo colocó en una posición de liderazgo global, y otros países han utilizado los sistemas subyacentes de TraceTogether, aunque no hay indicios de que se hayan cometido los mismos errores legislativos en otros lugares. 

No obstante, "a los singapurenses les importa hasta qué punto el estado se entromete en sus vidas privadas", concluye Lee y añade que el país está sentando un precedente internacional "para que los gobiernos represivos también normalicen el uso de datos de rastreo de contactos para los fines que definan".

*Este artículo forma parte del Proyecto de Tecnología Pandémica, de la Fundación Rockefeller