A lo largo de su campaña para ganar la Casa Blanca, el recién elegido como nuevo presidente de EE. UU., Joe Biden, no habló demasiado sobre el sector tecnológico. 

En una reveladora entrevista de enero de 2020 con la junta editorial del The New York Times, Biden afirmó que quería revocar la Sección 230; sugirió que no estaba de acuerdo con lo amigable que se había vuelto la administración de Obama con Silicon Valley; y se refirió a los ejecutivos tecnológicos como "pequeños bichos raros" que mostraban una "arrogancia inmensa". Pero las compañías de internet han aparecido entre los 10 principales donantes de su campaña, algunos expertos del sector tecnológico se unieron a ella y su nueva vicepresidenta, Kamala Harris, tiene vínculos con Silicon Valley desde hace tiempo como antigua fiscal del distrito de San Francisco (EE. UU.). 

Sin embargo, la que fue consejera del antiguo presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), Tom Wheeler, durante la administración de Obama, Gigi Sohn, cree que, aparte del acceso a la banda ancha, la política climática y la respuesta al coronavirus, la tecnología podría no figurar entre las prioridades de Biden.

Biden sugirió que no estaba de acuerdo con lo amigable que la administración de Obama se había vuelto con Silicon Valley… pero las compañías de internet han aparecido entre los principales donantes de su campaña.

Su opinión es que Biden heredará otros asuntos importantes que ocuparán, y deberían ocupar, la atención principal de su administración. Y explica: "Podríamos hablar sobre los males de internet, pero aún lo necesitamos. Creo que garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a una conexión de banda ancha asequible es más importante [que regular internet], porque actualmente lo necesitan para vivir... trabajar... estudiar... y hablar con su médico".

La mañana del 8 de noviembre, menos de 24 horas después de que la primera cadena de noticias comunicara la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de EE. UU., el presidente electo lanzó una página web de transición donde detallaba la agenda de su administración. Tenía cuatro áreas prioritarias: la COVID-19, la recuperación económica, la equidad racial y el cambio climático. La tecnología se mencionó brevemente, pero con el foco en la expansión de la banda ancha de internet, y no en la regulación de las grandes empresas tecnológicas (las llamadas Big Tech). 

Entonces, ¿cómo será la regulación tecnológica bajo la presidencia de Biden? No está nada claro, pero hay varias áreas a las que vale la pena prestar atención. 

La demanda contra Google se mantiene

A finales de octubre, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó su tan esperada demanda antimonopolio contra Google. A pesar de que los expertos tienen opiniones distintas sobre la solidez de la demanda en sí, coinciden en que continuará bajo la presidencia de Biden. En todo caso, algunos argumentan que probablemente se reforzará, especialmente porque se espera que varios estados (incluido Nueva York) presenten sus propias demandas, que se podrían unir al esfuerzo del Departamento de Justicia estadounidense.

Además, la administración de Biden tiene "la capacidad de enmendar esa demanda", según la directora de Política de la Competencia de la organización de activistas Public Knowledge, Charlotte Slaiman. La responsable detalla: "En realidad, hay más dudas sobre la competencia en torno a Google que podrían incluirse en una demanda más amplia", como las posibles prácticas anticompetitivas en la publicidad digital. 

En cambio, el presidente y CEO de Internet Society, Andrew Sullivan, tiene "esperanzas" en que la presidencia de Biden signifique "menos intentos de interferir en el funcionamiento directo de internet". Esto no significa renunciar de la regulación antimonopolio, y añade: "Hay muchos demócratas a los que también les gustaría que esas empresas se dividieran, por lo que es posible que no veamos un gran cambio en la política". 

Nuevo enfoque del debate sobre la Sección 230 

Biden ha abogado por revocar la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones que protege a las empresas de internet de la responsabilidad por el contenido que alojan. 

Sohn cree que la postura real de Biden tiene más matices y que, si bien la Sección 230 seguirá siendo un tema de debate, es probable que los reguladores abandonen las acciones propuestas por Trump. La experta señala: "Les puedo asegurar que nadie en su grupo piensa que la FCC debería ser quien interprete la ley". En su opinión, más bien le corresponde al Congreso de EE. UU. "corregir la ley" y a los tribunales interpretarla.

Por otro lado, considera que la presidencia de Biden cambiará el enfoque del debate para centrarlo en que "estas empresas son demasiado grandes y demasiado poderosas", y sustituir el discurso liderado por los republicanos que insiste en un sesgo anticonservador en las empresas de redes sociales, sobre lo cual no hay evidencia.

Esto se reflejó en varios tuits del subdirector de Comunicaciones de la campaña de Biden, Bill Russo, quien destacó que la incapacidad de Facebook para lidiar con la desinformación estaba "destrozando el tejido de nuestra democracia".

Diferentes prioridades 

Si los republicanos vuelen a controlar el Senado de EE. UU., o si los demócratas solo logran una estrecha mayoría, "el antimonopolio tecnológico baja demasiado en la lista de las prioridades", opina el director de Tecnología del Progressive Policy Institute, Alec Stapp. En concreto, según él, el enfoque principal será la necesidad de crear un plan contra el coronavirus y un paquete de estímulo. 

Durante el verano, los demócratas de la Cámara de Representantes de EE. UU. publicaron un informe de 449 páginas sobre las prácticas monopolísticas de Apple, Amazon, Facebook y Google. La directora de la Política de la Competencia de la organización de activistas Public Knowledge de Washington (EE. UU.), Charlotte Slaiman, opina que es "un signo importante" y quizás indicativo de una nueva ley. 

El subdirector de Políticas de la organización de defensa de los derechos civiles Fight for the Future, Evan Greer, considera que ya existe una "indignación y ansiedad generalizada por los abusos de las Big Tech", pero que se necesitan más políticas capaces de "abordar el problema desde su raíz." Esto significa no solo romper los monopolios, "sino también prohibir los modelos de negocio capitalista de vigilancia dañina". 

Según algunos expertos, como Sohn, esto se puede lograr mediante un proyecto de ley nacional de privacidad y protección de datos del consumidor, similar a la Ley de Privacidad del Consumidor de California (EE. UU.), que se amplió en las recientes elecciones estatales. "Una de las cosas que hace que estas empresas sean tan poderosas es el hecho de que tienen acceso a todos nuestros datos", explica. Limitar su acceso a los datos efectivamente reduciría ese poder, y esto, según Sohn, sería su máxima prioridad en la regulación tecnológica. De hecho, Sohn asegura que se trata de algo que ya se está debatiendo.

¿Volver a apoyar la tecnología?

La administración de Obama tuvo una relación infamemente acogedora con Silicon Valley, y algunos indicios de la campaña de Biden sugieren que esas mismas relaciones han ayudado a sus esfuerzos por ser elegido presidente. 

Biden inició su candidatura presidencial en abril de 2019 en un acto de recaudación de fondos organizado por el directivo de Comcast David Cohen, y recaudó más de 25 millones de dólares (21 millones de euros) de las compañías de internet, según datos del Center for Responsive Politics, que controla la financiación de las campañas. Varios expertos de Silicon Valley se unieron a su equipo, incluida la antigua vicepresidenta de asuntos gubernamentales de Apple, Cynthia C. Hogan, quien regentó una de las cuatro copresidencias de su comité de elección de vicepresidente.

La forma en la que estas donaciones políticas y movimientos individuales afectarán el enfoque de la administración hacia las Big Tech es todavía un tema especulativo, pero los vínculos entre la política y Silicon Valley están bien documentados. 

La organización sin ánimo de lucro The Revolving Door Project, que se dedica a las relaciones entre este sector y el Gobierno, señaló que 55 empleados de Google ocuparon varios puestos influyentes en la administración de Obama, mientras que 197 antiguos funcionarios de Obama se unieron a Google después de trabajar para el Gobierno de EE. UU.