La pandemia de coronavirus (COVID-19) sigue arrasando el mundo con consecuencias devastadoras, y los viejos problemas con los sesgos raciales y la polarización política se acercan a un punto crítico. La inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de ayudarnos a enfrentar a estos desafíos. Sin embargo, los peligros de la IA se han vuelto cada vez más evidentes. 

Los investigadores han detectado casos de opacidad y falta de explicabilidad, de patrones de diseño que provocan sesgos, de impactos negativos en el bienestar personal y en las interacciones sociales, y de cambios en la dinámica de poder entre las personas, corporaciones y el estado, que contribuyen al aumento de las desigualdades. El buen o mal desarrollo y uso de la IA dependerá en gran parte de los marcos legales que la rigen y la regulan.

Debería haber un nuevo postulado básico para la regulación de la IA, un principio de la neutralidad jurídica para la IA, con leyes que no discriminen a una inteligencia artificial frente al comportamiento humano.

Actualmente, el sistema jurídico no es neutro. Una IA mucho más segura que una persona puede ser la mejor opción para conducir un vehículo, pero las leyes existentes pueden prohibir los vehículos sin conductor. Una persona puede fabricar bienes de mayor calidad que un robot a un coste similar, pero una empresa puede automatizarse porque así se ahorra impuestos. La IA puede ser mejor para generar ciertos tipos de innovación, pero es posible que las empresas no quieran utilizarla si eso restringe sus derechos de la propiedad intelectual. En todos estos casos, un régimen jurídico neutro beneficiaría al bienestar de las personas al ayudar a la ley a lograr sus objetivos políticos subyacentes.

Tomemos el ejemplo del sistema fiscal estadounidense. La inteligencia artificial y las personas participan en el mismo tipo de actividades comercialmente productivas, pero las empresas para las que trabajan pagan impuestos de manera diferente en función del ente que realice el trabajo. Por ejemplo, la automatización permite a las empresas evitar los impuestos sobre la renta de los trabajadores. Entonces, si un chatbot le cuesta a una empresa lo mismo que un empleado antes de los impuestos, que hace el mismo trabajo (o incluso un poco más), en efecto, después de pagar impuestos, a la empresa le cuesta menos automatizarse.

Además de no tener que pagar los impuestos sobre la renta, las empresas pueden acelerar las deducciones fiscales para algunas IA cuando tienen algún componente físico o se encuentran bajo ciertas excepciones de software. En otras palabras, los empleadores pueden solicitar una gran parte del coste de alguna IA por adelantado como una deducción de impuestos. Al final, los empresarios también reciben una variedad de incentivos fiscales indirectos para automatizar su negocio. En resumen, aunque las leyes fiscales no fueron diseñadas para fomentar la automatización, favorecen a la IA sobre las personas porque la mano de obra se grava más que el capital.

¡Y la IA no paga impuestos! Los impuestos sobre la renta y el trabajo son las mayores fuentes de ingresos para el Gobierno de EE. UU., y juntos representan casi el 90 % de los ingresos fiscales federales totales del país.  La IA no solo no paga impuestos sobre la renta ni genera impuestos laborales ni contribuciones, además, tampoco compra bienes y servicios, por lo que paga impuestos sobre las ventas, tampoco compra ni posee propiedades, por lo que no paga impuestos sobre el patrimonio. La IA simplemente no es un contribuyente. Si todo el trabajo se automatizara mañana, la mayor parte de la base tributaria desaparecería de inmediato.

Cuando las empresas se automatizan, el Gobierno pierde ingresos, probablemente cientos de miles de millones de euros en total. Esto puede limitar significativamente la capacidad del Gobierno para pagar la seguridad social, la defensa nacional y la atención médica. Si las personas logran conseguir otros trabajos comparables, entonces la pérdida de ingresos es solo temporal. Pero si la pérdida de empleo es permanente, se tendría que cambiar toda la estructura fiscal.

El debate sobre establecer impuestos sobre los robots empezó en 2017 después de que el Parlamento Europeo rechazara una propuesta para considerar un impuesto sobre los robots, un enfoque que posteriormente fue respaldado por Bill Gates. El problema se ha vuelto aún más crítico hoy en día, ya que las empresas recurren al uso de robots como resultado de los riesgos para los trabajadores relacionados con la pandemia. Muchas empresas se preguntan: ¿por qué no sustituir a las personas con máquinas?

No se trata de desincentivar la automatización por defecto, pero es fundamental elaborar políticas impositivas neutrales para evitar dar subsidios a usos de la tecnología que no aumenten la eficiencia, y garantizar que los gobiernos sigan recibiendo ingresos. La automatización con el propósito de ahorrar en el pago de los impuestos puede provocar que las empresas no sean más productivas ni generen beneficios para el consumidor, y puede provocar una disminución de la productividad para reducir la carga fiscal. Esto no es socialmente beneficioso.

La ventaja de la neutralidad fiscal entre las personas y la IA es que permite que el mercado se ajuste sin distorsiones fiscales. Las empresas solo deben automatizarse si así se vuelven más eficientes o productivas. Dado que el sistema tributario actual favorece la automatización, un paso hacia un sistema tributario neutral aumentaría el atractivo de los trabajadores humanos. Si la pesimista predicción que vislumbra un futuro con un desempleo sustancialmente mayor debido a la automatización resultase correcta, los ingresos por impuestos neutrales se podrían utilizar para brindar una mejor educación y formación a los trabajadores, e incluso para apoyar programas de ayudas sociales como la renta básica universal.

Si los legisladores deciden no favorecer a la IA sobre los trabajadores humanos, podrían reducir los impuestos para las personas o rebajar los beneficios fiscales otorgados a la IA. Por ejemplo, los impuestos sobre la renta (que se cobran a las empresas sobre los salarios de sus trabajadores) quizás tengan que eliminarse, lo que fomentaría la neutralidad, reduciría la complejidad fiscal y acabaría con la imposición de algo que sí tiene un valor social: el trabajo humano.

De una manera más ambiciosa, la neutralidad jurídica de la IA podría dar lugar a un cambio más fundamental en la forma en la que se gravan los bienes. Aunque los nuevos regímenes fiscales podrían afectar directamente a la IA, esto probablemente aumentaría los costes de cumplimiento y haría que el sistema fiscal fuera más complejo. También "gravaría la innovación" en el sentido de que podría penalizar los modelos de negocios que son legítimamente más productivos con menos trabajo humano.

Una mejor solución consistiría en aumentar los impuestos sobre las rentas de capital y sobre las sociedades para reducir la dependencia de las fuentes de ingresos como los impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre los rendimientos del trabajo. Incluso antes de que la IA entrara en escena, algunos expertos en impuestos llevaban años argumentando que los impuestos sobre los ingresos laborales eran demasiado altos en comparación con otros impuestos. La IA puede proporcionar el ímpetu necesario para abordar por fin este problema.

Los que se oponen al aumento de los impuestos sobre el capital basan su argumento en las preocupaciones sobre la competencia internacional. El economista de la Universidad de Harvard (EE. UU.) Lawrence Summers, por ejemplo, sostiene que "los impuestos sobre la tecnología probablemente impulsarán la producción en el extranjero en vez de crear puestos de trabajo en casa". Estas preocupaciones son exageradas, especialmente con respecto a países como Estados Unidos. Es probable que los inversores mantengan su actividad incluso con impuestos relativamente altos por una variedad de razones: el acceso a los mercados financieros y de consumo, el sistema jurídico predecible y transparente y una fuerza laboral, infraestructura y entorno tecnológico bien desarrollados.

Un sistema tributario basado en la neutralidad jurídica de la IA no solo mejoraría el comercio al eliminar los subsidios para la automatización ineficiente, sino también ayudaría a garantizar que los beneficios de la IA no se produzcan a expensas de los más vulnerables, al nivelar el campo de juego para los trabajadores humanos y garantizar unos ingresos fiscales adecuados.

Es probable que la inteligencia artificial genere beneficios masivos pero mal distribuidos, y esto requerirá y permitirá a los responsables políticos a repensar cómo asignar los recursos y distribuir la riqueza. Es posible que se den cuenta de que ahora no estamos haciendo un buen trabajo en este ámbito.

*Fragmento extraído de 'El robot razonable: la inteligencia artificial y la ley', de Ryan Abbott