OpenAI gastó 1,76 millones de dólares (unos 1,69 millones de euros) en grupos de presión en 2024, de los cuales 510.000 dólares (aproximadamente 489.600 euros) correspondieron solo a los últimos tres meses del año, según una nueva declaración presentada el 22 de enero. Esta cifra representa un aumento considerable en comparación con 2023, cuando la empresa destinó solo 260.000 dólares (unos 249.600 euros) a actividades de lobby en el Capitolio de Estados Unidos. 

La empresa también ha revelado la incorporación de una nueva lobista interna, Meghan Dorn, que trabajó durante cinco años con el senador Lindsey Graham y se unió a OpenAI en octubre. Asimismo, el informe destaca la actividad de la compañía relacionada con dos leyes presentadas en los últimos meses del año. Por un lado, la Ley de Avance y Fiabilidad de la IA de la Cámara de Representantes, que propone la creación de un centro gubernamental dedicado a la investigación de la inteligencia artificial. Por otro, la Ley del Futuro de la Innovación en Inteligencia Artificial del Senado, que define las características de los benchmarks empleados para evaluar el rendimiento de los modelos de IA.

OpenAI no contestó a las preguntas sobre sus actividades de lobby.

Lo más importante es que esto revela cómo OpenAI se está consolidando como un actor político, justo cuando termina su primer año de presión política más serio y con el control republicano en Washington. Aunque su gasto en lobbys sigue siendo mucho menor que el de otros gigantes tecnológicos como Meta, que gastó más de 24 millones de dólares (unos 23 millones de euros) en 2024, este aumento llega en un momento clave. Las empresas de IA, como OpenAI, están desempeñando un papel cada vez más importante en la definición de las políticas sobre inteligencia artificial.

En los últimos años, la política sobre inteligencia artificial ha sido como una lotería, sobre todo ante los riesgos asociados con la desinformación y las falsificaciones. Sin embargo, en 2024, las empresas de IA han comenzado a plantear que el éxito de esta tecnología es clave para la seguridad nacional y la competitividad de EE UU, y sostienen que el gobierno debería respaldar el crecimiento de la industria. Como resultado, OpenAI y otras compañías del sector parecen estar posicionándose para acceder a energía más barata, contratos lucrativos en el ámbito de la seguridad nacional y un entorno normativo más laxo que no se preocupa tanto por la seguridad de la IA. 

Aunque los grandes actores parecen estar en gran medida alineados en esta narrativa global, las divisiones internas sobre otros temas siguen amenazando con romper la aparente armonía que se mostró en la toma de posesión del presidente Trump esta semana.

La regulación de la IA cobró importancia tras el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022. En ese momento, "gran parte de la conversación se centró en la responsabilidad", señala Liana Keesing, directora de campañas para la reforma tecnológica en Issue One, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a rastrear la influencia de las grandes tecnológicas.

Se planteó a las empresas qué medidas tomarían ante las imágenes falsas (deepfakes) de contenido sexual abusivo y la desinformación electoral. "Sam Altman hizo un gran trabajo al llegar y posicionarse desde el principio como un firme defensor de ese proceso", señala Keesing.

OpenAI inició oficialmente su campaña de presión política en octubre de 2023 contratando a Chan Park, exasesor del Comité Judicial del Senado y lobista de Microsoft. Los legisladores, especialmente el entonces líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, expresaron su preocupación por frenar los posibles daños causados por la inteligencia artificial. En respuesta, OpenAI contrató al exasesor jurídico de Schumer, Reginald Babin, como lobista, según datos de OpenSecrets. Además, el verano pasado, la empresa incorporó a Chris Lehane, un veterano agente político, como responsable de política global.

Los esfuerzos de cabildeo de la empresa se centraron en gran medida en iniciativas como la No Fakes Act y la Protect Elections from Deceptive AI Act. Aunque estos proyectos no llegaron a convertirse en ley, los objetivos regulatorios de las empresas de IA cambiaron a medida que avanzaba el año. "Uno de los mayores cambios que hemos observado es que ahora se han enfocado de manera más clara en la energía", señala Keesing,

En septiembre, Sam Altman, acompañado de directivos de Nvidia, Anthropic y Google, visitó la Casa Blanca para demostrar que la competitividad de EE UU en inteligencia artificial pasaba por tener una infraestructura energética subvencionada para poder entrenar mejores modelos. Altman propuso a la administración Biden construir varios centros de datos de cinco gigavatios, y cada uno consumiría tanta electricidad como toda la ciudad de Nueva York.

Casi al mismo tiempo, empresas como Meta y Microsoft comenzaron a afirmar que la energía nuclearsería clave para el futuro de la IA y firmaron acuerdos para poner en marcha nuevas plantas nucleares.

Es probable que el equipo político de OpenAI ya estuviera preparando este giro. En abril, la empresa contrató a Matthew Rimkunas, lobista que antes trabajó para Breakthrough Energies, empresa de Bill Gates dedicada a la energía sostenible. Antes de eso, pasó 16 años en el Senado junto a Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, que forma parte del subcomité encargado de la seguridad nuclear.

Esta carrera energética de la IA está vinculada con su posicionamiento como herramienta para la seguridad nacional y la competitividad de Estados Unidos frente a China. En octubre, OpenAI dejó clara su postura en su blog: "La IA es una tecnología transformadora que puede ser utilizada para fortalecer los valores democráticos o para socavarlos. Por eso, creemos que las democracias deben seguir liderando el desarrollo de la IA". En diciembre, la empresa dio un paso más al revertir su política de no colaborar con el ejército: anunció una alianza con la empresa Anduril, dedicada a la tecnología de defensa, para desarrollar modelos que derriben drones alrededor de bases militares.

Ese mismo mes, Sam Altman afirmó en una entrevista con The Free Press que la administración Biden "no fue tan eficaz" en cuanto a la dirección de la IA: "Las cosas que creo que deberían haber sido las prioridades de esta administración, y espero que lo sean de la próxima, son crear una infraestructura masiva de IA en EE UU y tener una cadena de suministro en el país, entre otras cosas".

Esa declaración pasa por alto la Ley CHIPS, un paquete de 52.000 millones de dólares (unos 50 millones de euros) para reforzar la industria nacional de semiconductores que, al menos en teoría, coincide con la visión de Altman. Además, fue antes de que Biden firmara la semana pasada una orden ejecutiva para alquilar terrenos federales y construir los centros de datos a gran escala que Altman había propuesto.

Ya sea de forma intencionada o no, la postura de Altman lo ha alineado con el creciente acercamiento entre el presidente Trump y Silicon Valley. Durante la toma de posesión el lunes, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos y Sundar Pichai se sentaron justo detrás de la familia Trump, y Altman también estuvo presente. Además, muchos de ellos hicieron importantes donaciones al fondo inaugural de Trump, incluyendo Altman, que contribuyó con un millón de dólares (unos 961.000 euros).

Es fácil ver la toma de posesión como una prueba de que estos líderes tecnológicos están alineados entre sí y con otros actores de la órbita de Trump. Sin embargo, aún existen algunas líneas divisorias que valdrá la pena seguir de cerca. Un aspecto importante es el debate en torno a los visados H-1B, que permiten a muchos investigadores de inteligencia artificial no estadounidenses trabajar en EE UU. Musk y Vivek Ramaswamy (quien, desde esta semana, ya no forma parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental) han estado presionando para ampliar este programa de visados. Esta postura ha generado una reacción contraria en algunos aliados de la administración Trump, entre los cuales se encuentra Steve Bannon.

Otra línea divisoria importante es la disputa entre la IA de código abierto y la de código cerrado. Empresas como Google y OpenAI mantienen en secreto los detalles de sus modelos más avanzados porque, según ellos, así protegen la tecnología de un uso indebido por parte de actores malintencionados. Musk ha demandado a OpenAI y Microsoft por este motivo, y acusa a los modelos de código cerrado de contradecir la estructura híbrida sin ánimo de lucro de OpenAI. Meta, que ha optado por hacer público su modelo Llama, se alineó con Musk en esta queja. El capitalista de riesgo Marc Andreessen, aliado de Trump, también se unió a las críticas a OpenAI horas después de la toma de posesión. En su perfil de X, publicó con los modelos de IA de código abierto se "eliminaría la necesidad de regulaciones autoritarias".

Por último, está el debate sobre la parcialidad y la libertad de expresión. Los enfoques tan dispares adoptados por las empresas de redes sociales para moderar contenidos, como el reciente anuncio de Meta de poner fin a su programa de verificación en EE UU, plantean si la moderación de los modelos de IA seguirá una línea similar. Musk ha criticado lo que llama la wokeness de muchos modelos de IA, mientras que Andreessen aseguró el martes que "los LLM chinos están mucho menos censurados que los estadounidenses" (aunque esto no es del todo cierto, ya que muchos modelos de IA en China están sujetos a censura gubernamental que limita ciertos temas). Altman, por su parte, ha adoptado una postura más ambigua: "Nunca dos personas estarán de acuerdo en que un sistema es imparcial", declaró a The Free Press.

Este es solo el comienzo de una nueva era en Washington, aunque la Casa Blanca ya ha estado muy ocupada. Ha derogado varias órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Biden, incluida la que establecía normas para el uso gubernamental de la IA. Sin embargo, parece haber mantenido la orden de Biden relacionada con el arrendamiento de terrenos para nuevos centros de datos. Mientras tanto, Altman sigue trabajando a toda máquina. OpenAI, Oracle y SoftBank planean invertir hasta 500.000 millones de dólares (unos 480.000 millones de euros) en una empresa conjunta para crear nuevos centros de datos; un proyecto anunciado por el presidente Trump, con Altman a su lado. Además, según Axios, el 30 de enero, Altman participará en una reunión a puerta cerrada con funcionarios del gobierno donde discutirá el desarrollo por parte de OpenAI de un nuevo y poderoso agente de IA.