El 15 de junio, el canal de YouTube Atajurt Kazakh Human Rights fue desactivado, su feed de vídeos fue sustituido por una vaga declaración de que el canal había sido "cancelado por violar las normas de la comunidad de YouTube". Unos días después, fue reactivado sin ninguna explicación pública. Luego, varios días después de eso, 12 de los primeros vídeos del canal desaparecieron de su feed público.
Atajurt recoge y publica testimonios en vídeo de los familiares de personas encarceladas en los campos de internamiento de China en Xinjiang. Para garantizar la credibilidad de estas declaraciones en vídeo, cada testimonio público muestra un documento de identidad de la persona que testifica y de sus familiares detenidos. Esto también pone de relieve la integridad de la organización, según el destacado activista kazajo y propietario del canal, Serikzhan Bilash.
Foto: Atajurt ha recopilado miles de testimonios en vídeo de los familiares de los musulmanes turcos que han desaparecido en Xinjiang. Los testigos muestran su identificación para demostrar que son personas reales.
La precisión es especialmente importante no solo porque de Xinjiang sale muy poca información, también porque los testimonios suelen enfrentarse a críticas de los partidarios del Partido Comunista Chino, quienes, según Bilash, buscan cualquier excusa para negar lo que las Naciones Unidas han denominado como "graves abusos contra los derechos humanos" en la provincia.
Después de publicarse en Atajurt, la información de los vídeos es utilizada por otras organizaciones como la Base de Datos de Víctimas de Xinjiang (Xinjiang Victims Database), que documenta dónde se están produciendo las detenciones, qué comunidades son las más afectadas y quiénes han desaparecido. Un representante de Xinjiang Victims Database admitió a MIT Technology Review que su proyecto se vinculaba "miles de veces" con los vídeos de Atajurt.
Durante años, estos vídeos, que empezaron en 2018, no resultaban problemáticos, al menos no desde el punto de vista de YouTube, pero eso cambió la semana pasada.
"Una revisión exhaustiva"
En declaraciones a MIT Technology Review, un representante de YouTube afirmó: "Tenemos políticas estrictas que prohíben el acoso en YouTube, incluido el doxxing. Damos la bienvenida a los esfuerzos responsables para documentar casos importantes sobre derechos humanos en todo el mundo. También tenemos normas que no permiten que los canales publiquen información de identificación personal para evitar el acoso".
Foto: A algunos vídeos, como este, YouTube los convirtió en privados a la fuerza después de haber sido denunciados por violar su política sobre las "organizaciones criminales violentas".
Probablemente se refería a la exhibición de los documentos de identidad de Atajurt, que el canal utiliza para confirmar la veracidad de los testimonios de las personas.
Sin embargo, poco después de que MIT Technology Review enviara una lista de preguntas sobre la eliminación del canal el 15 de junio y sus políticas de moderación de contenido en general, YouTube revirtió su posición. "Después de una revisión exhaustiva del contexto de los vídeos", se restableció el canal "con una advertencia", escribió un representante de la empresa en un correo electrónico., y añadió: "Nosotros... estamos trabajando en estrecha colaboración con esta organización para que pueda eliminar la información de identificación personal de sus vídeos y restablecer su canal".
Como Atajurt todavía estaba considerando si cumplir las normas de YouTube y cómo, el martes 22 de junio la plataforma de vídeo tomó medidas adicionales, bloqueando una docena de los primeros testimonios en vídeo de Atajurt convirtiéndolos en privados, afirmando que podrían violar su política de organizaciones criminales violentas, que prohíbe el contenido producido por (o que elogia) a grupos criminales u organizaciones terroristas.
No está claro por qué YouTube considera que los testimonios en vídeo de los familiares de los musulmanes chinos detenidos podrían apoyar los criminales o terroristas violentos, o cómo se relaciona esto con las declaraciones anteriores de YouTube de que Atajurt compartía de manera inapropiada información de identificación personal. Los representantes de YouTube explicaron en un correo electrónico que su acción fue el resultado de "mensajes automatizados que, en este caso, no están relacionados con el contenido del creador".
Pero no es la primera vez que Atajurt y Bilash, su fundador, reciben ataques.
Una batalla por YouTube, una batalla por el discurso
En 2019, Bilash fue arrestado por sus fuertes críticas a los estrechos vínculos del Gobierno de Kazajistán con China, a los que culpa por su débil postura en apoyo a los kazajos detenidos en los campos de China. Como resultado, fue condenado a siete años de cárcel por "incitar a las tensiones interétnicas" y liberado solo después de aceptar la obligación de detener su activismo, un acuerdo que no respetó después de salir en libertad.
Luego, en septiembre de 2019, después de que varios intentos de registrar Atajurt como una organización sin ánimo de lucro en Kazajstán fracasaran, un grupo progubernamental registró una organización diferente con un nombre similar e intentó hacerse con el control del canal de YouTube. Esto le habría dado acceso a miles de testimonios inéditos en vídeo que el grupo mantiene en privado en YouTube a petición de los testigos.
En 2020, Bilash huyó de Kazajstán a Turquía. Actualmente se encuentra exiliado en Texas (EE. UU.), donde pensó que el canal y sus testimonios en vídeo estarían a salvo. Pero eso fue antes de que sus vídeos llamaran la atención de la comunidad de YouTube dedicada a sus normas.
Antes de lo ocurrido con YouTube este mes, Atajurt ya había recibido dos "avisos" en los últimos dos meses por "acoso y ciberacoso", por incluir los documentos de identidad en los vídeos publicados en 2018. Las apelaciones fueron denegadas. De acuerdo con la política de YouTube, los canales se eliminan permanentemente si reciben tres avisos en 90 días.
Pero los partidarios de Atajurt aseguran que los avisos no demuestran ejemplos de mala conducta por parte de Bilash y Atajurt, sino que más bien son el resultado de continuas campañas masivas de información por parte de actores asociados a los gobiernos chino y kazajo.
Otro representante de Atajurt mostró a MIT Technology Review capturas de pantalla de lo que explicó que eran vídeos instructivos compartidos por WhatsApp, en kazajo, enseñando a los destinatarios cómo marcar los vídeos de Atajurt en masa para obligar a YouTube a eliminarlos. A principios de este año, otros ataques similares han causado la eliminación temporal de las cuentas de Facebook de Atajurt.
Las reglas comunes
Aunque no hay pruebas contundentes de que el Gobierno chino o el kazajo estuvieran detrás del esfuerzo por eliminar el canal de Atajurt, este sigue un esquema cada vez más común en todo el mundo. Desde el Gobierno de Ecuador hasta el ejército vietnamita y los departamentos de policía de EE. UU., las organizaciones a las que no les gusta el contenido crítico utilizan la ley de derechos de autor y las políticas estándar de las redes sociales para forzar, o simplemente engañar, a las plataformas para conseguir esa eliminación.
Esconderse detrás de políticas estándar y leyes que se aplican a todos los usuarios es "una forma de dar un aire de legitimidad a la censura política arbitraria, y también crea una negación convincente para el censor", opina el director de investigación de China en Miburo Solutions e investigador de campañas estatales de desinformación, Nick Monaco.
El experto añade: "También se trata de encontrar una manera de esconderse de los equipos de seguridad de estas empresas: cuantos más informes haya contra un contenido específico, más legítima será la queja y más incentivos tendrán las empresas para eliminar ese contenido. Siempre que se cubran bien sus huellas, se puede utilizar un equipo de personas y bots para que parezca convincente que un contenido está realmente ofendiendo a diverso público, cuando en realidad todas las quejas provienen de un solo lugar".
La investigadora de derechos digitales de Human Rights Watch (HRW) Deborah Brown añade que la experiencia de Atajurt destaca lo mal preparado que está YouTube para manejar este tipo de acción coordinada. Su organización había alertado a YouTube de que el canal probablemente había sido eliminado por error, afirma Brown. Pero este no era el trabajo de HRW. YouTube podría hacerlo mejor si tuviera "más conocimiento contextual" y "expertos internos en derechos humanos", opina Brown.
Usar la moderación de contenido no es la única forma en la que los actores estatales intentan controlar el discurso. Varios reportajes recientes del The New York Times y ProPublica encontraron evidencia de una campaña de propaganda coordinada en la que miles de residentes de Xinjiang hablan, siguiendo guiones similares, sobre sus vidas color de rosa como un contrataque a la creciente prueba de detenciones masivas y abusos de derechos humanos en esta provincia occidental china.
¿Qué es lo siguiente?
Bilash resalta que su equipo y él todavía consideraban la posibilidad de tapar la información de identificación personal para cumplir con la política de YouTube cuando recibieron las notificaciones de que se habían bloqueado 12 vídeos más por apoyar a las "organizaciones criminales violentas".
Bilash ya se había mostrado escéptico sobre las razones declaradas por la empresa sobre la eliminación de su canal: "A nadie le importan los documentos. Es solo una excusa de YouTube", afirma.
Independientemente de lo que decida Atajurt, la obligación de tomar esa decisión es una opción difícil para la organización: cambiar sus métodos de hace tanto tiempo para documentar los abusos en Xinjiang y arriesgarse a ser atacado por los gobiernos chino y kazajo por propagar información falsa, o mantener la información y correr el riesgo de que YouTube lo desactive.
Las advertencias, los bloqueos y la reactivación podrían haber tenido la intención de enviar un mensaje a Atajurt, pero en realidad YouTube podría estar enviando un mensaje aún más claro a los malos actores que quieren silenciar a los disidentes kazajos y otras organizaciones de derechos humanos: si alguien quiere deshacerse de algún contenido crítico, simplemente puede usar como arma las propias normas de la comunidad de YouTube.
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