A medida que la injerencia en las elecciones extranjeras y los ataques a las infraestructura civiles rompen los límites de lo que los estados pueden hacer con impunidad en el ciberespacio, un equipo recién formado de abogados, académicos, ejecutivos y funcionarios del gobierno lucha para desarrollar un sencillo "código de circulación" en un intento por evitar que la marea creciente de ciberataques se convierta en una guerra abierta.

La Comisión Global para la Estabilidad en el Ciberespacio, como se ha llamado, busca triunfar donde Naciones Unidas ha fracasado. Aunque existe un grupo de la ONU creado para definir cómo debería aplicarse la legislación internacional actual al ciberespacio, éste llegó a un punto muerto a principios de año, lo que provocó llamadas a la acción fuera del organismo internacional.

Establecer estas directrices es urgente. Los gobiernos de todo el mundo compiten entre ellos por construir y utilizar cada vez más herramientas digitales para cada vez más cosas, desde distribuir propaganda hasta cometer ataques muy parecidos a actos de guerra convencionales. Episodios como las intromisiones en las elecciones de Estados Unidos y Europa y los recientes ataques contra la red eléctrica de Ucrania demuestran que el conflicto cibernético internacional tiene cada vez más consecuencias en el mundo físico. Sin embargo, "el ciberespacio no es la selva". Así lo expuso el mes pasado la presidenta de esta nueva comisión internacional de ciberseguridad, Marina Kaljurand, durante la conferencia sobre seguridad informática Black Hat de Las Vegas (EEUU). "El derecho internacional es aplicable; la cuestión es cómo se aplica", explicó.

La comisión sólo puede hacer recomendaciones políticas, pero Kaljurand, que fue ministra de Asuntos Exteriores de Estonia, sostiene que la inclusión de representantes del sector privado y académico además de gobiernos en la comisión es una ventaja frente a la ONU, que depende única y exclusivamente de los estados. Para ella, Internet representa un conjunto enormemente complejo de actores e intereses diferentes. Los principales donantes de la comisión son los gobiernos de los Países Bajos y Singapur; también Microsoft, que ha sido una de las voces empresariales líderes en el debate sobre qué debería ser un comportamiento responsable de los estados en el ciberespacio (ver Una Convención Digital de Ginebra que proteja a los civiles de la ciberguerra).

Dado que la ciberseguridad se ha vuelto tan crucial para la seguridad global, es imprescindible que la comunidad internacional llegue a un acuerdo sobre qué supone un comportamiento inaceptable. "Cuantas más zonas ambiguas haya, más posibilidades hay de malentenderse mutuamente y caer en provocaciones", expuso Kaljurand en Las Vegas. 

Sin embargo, no es que los gobiernos no hayan tratado de encontrar un terreno común. De hecho, el intento de la ONU, llamado Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los Avances en el campo de la Información y las Telecomunicaciones en el Contexto de la Seguridad Internacional (GEG), logró avances en el desarrollo de algunas reglas no vinculantes, como que un estado no debería atacar la infraestructura civil crítica de otro en tiempos de paz. Este año, sin embargo, el GEG no llegó a un consenso y no presentó un informe a la Asamblea General de la ONU. En declaraciones tras la reunión, la representantes de Estados Unidos en el GEG y coordinadora adjunta para asuntos cibernéticos en el Departamento de Estado de EEUU, ​Michele Markoff, expresó su decepción porque algunos participantes parecían querer "desandar lo andado".

Fue un duro golpe para la iniciativa, pero el debate debe continuar y, según dijo Kaljurand en Las Vegas y que también representó a Estonia dentro del GEG, la nueva comisión será el foro. Mientras haya zonas grises en la aplicación del derecho internacional, apuntó, seguiremos viendo estados que traten de salirse con la suya con tantas acciones dudosas como puedan, incluso a pesar de que esas acciones puedan llegar a convertirse en un conflicto global.