Si envía su portátil a un taller de reparación, es posible que sus contenidos sean sometidos a un examen mucho más profundo de lo que se imagina.

Un proceso judicial en California (EEUU) ha revelado que el personal técnico del taller de reparaciones de la compañía Best Buy, conocido como Geek Squad, actuaba también como confidente para el FBI. Los detalles del juicio revelan que la plantilla de la cadena identificaba y comunicaba pruebas incriminatorias como pornografía infantil en los ordenadores de los clientes.

Muchos de los documentos del caso -un médico californiano acusado de poseer pornografía infantil- están bajo secreto de sumario. Pero, según la declaración de un antiguo mánager del Geek Squad publicada por Consumerist, "cuando los técnicos del departamento de recuperación de datos encuentran supuesta pornografía infantil en los ordenadores de los clientes, tienen instrucciones de parar de trabajar de inmediato y notificarlo a su supervisor, [quien] contacta después con el FBI".

En su declaración, el antiguo mánager explica que "recibió 500 dólares (unos 470 euros) en 2011 de la agente especial Tracey Riley", pero insiste en que él "no entendía el pago como un incentivo para encontrar pornografía infantil para el FBI".

Best Buy ha contado al Washington Post que si sus empleados encuentran materiales incriminatorios durante su trabajo tienen "la obligación legal y moral de entregar ese material a las autoridades". Pero, según la compañía, "[los pagos del FBI] no es algo que toleremos y desde luego no forma parte de nuestro comportamiento profesional normal". 

No obstante, el periódico señala que el tribunal ha tenido acceso a correos electrónicos enviados entre empleados del Geek Squad y agentes del FBI. Este tipo de comunicación sugiere que la situación se había convertido en una práctica habitual. La relación entre ambos es lo que se está investigando ahora.

Las personas que envían un dispositivo a reparar saben, y seguramente asumen, que éste podría ser examinado por el técnico que trabaje en él. Pero lo que seguramente nadie espera es que al hacerlo lo estén entregando a un agente a sueldo del Gobierno federal de Estados Unidos. Tampoco que, al hacerlo, podrían estar renunciando a la protección de la Cuarta Enmienda de la Constitución de EEUU contra los registros y pesquisas arbitrarias. Lo razonable es pensar que el FBI necesita una orden judicial para registrar cualquier aparato.

La realidad es que cada vez es más fácil conseguir esas órdenes judiciales. El año pasado, el FBI logró una mayor autoridad para hackear ordenadores durante la investigación de un crimen, y el Congreso de EEUU ha facilitado que los investigadores obtengan órdenes judiciales para dispositivos que no tienen bajo su custodia. Así que si prefiere mantener sus archivos a salvos de los ojos de las autoridades, quizá quiera encargarse usted mismo de reparar su portátil.  

(Para saber más: The Washington Post, Consumerist, Congress Is About to Expand Government Hacking Powers, Technology Can Make Lawful Surveillance Both Open and Effective)