Con la llegada de la pandemia, hemos asistido a la mayor migración de la historia. Hemos dejado nuestras oficinas, escuelas, supermercados y plazas para emigrar al único lugar del mundo donde estábamos más seguros: internet. Todos o casi todos, ya que 3.700 millones de personas no contaron con esta oportunidad. Sin infraestructura. Sin dinero para una suscripción o para comprar un teléfono móvil. Sin la posibilidad de utilizar internet y sin saber que podrían continuar su vida en el entorno digital, el 13 % de los ciudadanos de los países económicamente desarrollados y el 80 % del de los de los países en vías de desarrollo han tenido que conformarse con la triste realidad.

Aislamiento, pérdida de empleo, exclusión de la educación o alto riesgo de contagio. A ellos se ha unido una multitud de migrantes, refugiados, desplazados, personas con discapacidad, cuyas dificultades vitales o personales han complicado enormemente esta migración. Por supuesto, parece banal pensar en internet cuando esas personas se enfrentan a la carencia diaria de alimentos, agua, electricidad e higiene.

¿Superfluo porque no somos capaces de cuantificar los beneficios que tendría una conexión a internet incluso en situaciones vitales extremas? Sin embargo, contamos con algunas pruebas. Una de ellas es la pandemia que estamos viviendo. La covid-19 ha acabado con enormes cantidades de actividades y de vidas humanas, pero lo que queda se debe principalmente a la red. El acceso a internet ha representado en este caso, y en muchos otros quizás menos llamativos, el derecho a la vida, a la igualdad de oportunidades, a la posibilidad de trabajar, estudiar y, por tanto, ser autónomo, al derecho a la información y al derecho a la expresión. Comprometerse con la difusión de internet significa comprometerse con la protección de la dignidad y los derechos humanos, así como defender la democracia.

¿No es tan importante como defender el medio ambiente, reactivar la economía o encontrar la cura para la próxima pandemia? Entonces, ¿por qué no actuamos? ¿por qué una coalición de naciones, junto con la Alliance for Affordable internet (A4AI), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), las Naciones Unidas, Google, Facebook y Microsoft, no sienten el deber y la responsabilidad de construir infraestructuras y normas para dar voz a los que hoy no la tienen?

El gobierno italiano siempre ha prestado atención a esta cuestión. Ya en 2001, durante la presidencia italiana del G8, se presentó el informe Digital opportunities for all, que, por primera vez, trazaba un nexo entre los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y el desarrollo de internet. Ese proceso dio lugar a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que cumplirá 20 años en 2023. Estaría bien que no fuera solo una ocasión conmemorativa. El esfuerzo económico estimado para llevar internet a todas las personas es de unos 446.000 millones de dólares, con un rendimiento potencial de 8,7 billones de dólares. El Global Gateway, que pretende movilizar al sector privado para mejorar las infraestructuras, podría representar una acción concreta de la Unión Europea y del actual gobierno italiano para dirigir parte de los 300.000 millones de dólares destinados a la conectividad y a reducir la brecha digital en los países con más dificultades.

“La desigualdad ya no es aceptable ni tolerable”, dijo el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, en uno de sus últimos discursos. “Hoy, Europa con el plan de recuperación nos ofrece grandes oportunidades”. Dejemos atrás la indiferencia.

Paola Pisano es profesora en la Universidad de Turín y exministra de Innovación de Italia.