Estamos viviendo una transformación global sin precedentes marcada por tres tendencias. La primera es una demanda creciente de más y mejores servicios, calidad de vida y expectativas de respuesta inmediata. La segunda reside en las estructuras de autoridad rígidas y lentas para adaptarse a las necesidades fluidas y dinámicas de la economía y sociedad actual. La tercera consiste en la revolución de los datos y la tecnología y su creciente adopción por parte de los gobiernos para ser más responsivos e inteligentes.

Más que una era de cambio, estas tres tendencias están provocando un cambio de era. Se trata de una evolución de los paradigmas sociales e institucionales que nos rodean, entendidos como normas sociales, incentivos y conductas políticas y económicas individuales y colectivas incrementalmente complejas. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, este cambio estrechamente ligado a los avances tecnológicos actuales, está transformando la forma de trabajar e interactuar de los individuos y la sociedad. En concreto, las tecnologías digitales y los datos nos permiten entender y accionar la nueva y compleja realidad en la que vivimos, y también a dar sentido a la realidad y encontrar nuevos patrones y maneras de actuar.

Para los gobiernos, esta transformación se traduce en un cambio en su forma de hacer las cosas para adecuarse a este nuevo paradigma. Junto con este cambio sistémico, los gobiernos de todos los niveles se enfrentan retos asociados a las presiones demográficas incrementales, a la crisis de confianza en las instituciones, a presiones presupuestarias y a la falta de agilidad en la prestación de servicios públicos y administración interna. Basta decir que para 2050, se estima que 7.000 millones de personas vivirán en ciudades, al tiempo que índices como el de la calidad regulatoria y el desigualdad están en números negativos. Por tanto, no es casual el hecho de que el 75 % de los latinoamericanos no confíe en sus instituciones, y que cada vez más gobiernos democráticamente electos impulsen agendas extremistas, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda.

Las presiones presupuestarias de los gobiernos exacerban este panorama. La disponibilidad limitada de recursos frente a la mayor demanda por parte de la ciudadanía provocan que los fondos deban destinarse a sostener programas sociales y los gastos corrientes. Este giro merma la capacidad de operación, atracción y retención de talento altamente especializado e innovador. Esta situación genera un círculo vicioso en el que los viejos problemas se siguen abordando con las fórmulas de antes, al tiempo que la capacidad de experimentar con nuevas soluciones es limitada.

El potencial del 'govtech'

En este contexto, buscar nuevos enfoques de cooperación y asociación entre instituciones públicas y actores privados puede ayudar a zanjar la brecha a la que se enfrentan los gobiernos para adecuarse al nuevo paradigma del siglo XXI.

Uno de esos nuevos enfoques es el govtech, que consiste en la adopción de distintas tecnologías por parte de los gobiernos para automatizar sus operaciones y darles un uso estratégico para obtener ventajas competitivas en el sector público. Esta tendencia permite a los gobiernos ser más eficientes, abiertos y tecnológicamente avanzados, al tiempo que les ayuda a apoyarse en sectores de alto valor agregado con la procura pública. La clave está en entender que eficiencia, apertura y avance tecnológico no son simples objetivos hacia los que avanzar. Por el contrario, se trata de ámbitos de operación concretos, de actividades accionables que, si se ejecutan correctamente, tienen la capacidad de adecuar a las instituciones públicas a las necesidades, exigencias y realidades actuales del mundo actual.

Desde esta perspectiva, los ecosistemas govtech deben reconceptualizar su propia identidad. El Govtech no puede ser una simple actividad más, un sólo tipo de negocio o un contexto de fondo. Para alcanzar su máximo potencial, el govtech debe entendido como un movimiento sistémico capaz de crear un cambio estructural en todo el sector público, no sólo en el ámbito de la innovación. En el pasado, sectores similares, como el fintech, lo han logrado al adoptar un rol cada vez más central en la industria financiera. Los actores del ecosistema govtech deben hacer lo mismo, reconociendo que tanto la demanda de los gobiernos, como la oferta de las start-ups se necesitan mutuamente para prosperar y abordar las exigencias del ciudadano-consumidor actual.

Esto tiene implicaciones importantes para los gobiernos, el sector privado y la ciudadanía. Para el gobierno, significa desarrollar políticas govtech exhaustivas de las que se beneficiarán a través del incremento de capacidades, talento, inteligencia e implementación de políticas públicas.  Para el sector privado, significa colaboración y exigencia para lograr las condiciones adecuadas para la rentabilidad, pero también corresponsabilidad en la generación de valor público. Finalmente, para el ciudadano significa una nueva manera de beneficiarse y relacionarse con el gobierno a través de la microterciarización de etapas específicas de la provisión de servicios públicos.

Los cambios de era pueden convertirse en una oportunidad para aquellos que son capaces de identificarlos. Una conceptualización adecuada del govtech es necesaria para reconocer su potencial completo para el futuro de los gobiernos que todavía luchan por ponerse al día y adecuarse a las necesidades de las personas al entrar en la segunda década del siglo XXI.

*Enrique Zapata es ejecutivo principal en la Dirección de Innovación Digital del Estado del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).