Apple ha estado disputando la afirmación del FBI - respaldada por varios tribunales, aunque no por todos - de que una ley de 1789 llamada la Ley de Todos los Recursos obliga a la empresa a ayudar a los investigadores gube amentales a extraer pruebas de los móviles de los criminales. Apple sostiene que la Ley de Todos los Recursos no debería ser empleada como un sustituto para la acción del Congreso. En otras palabras, que no debería obligar a la toma de medidas que el Congreso no haya exigido expresamente.
De acuerdo, así que el Congreso necesita tomar partido. Pero, ¿qué debe hacer? Hasta ahora, Apple no ha propuesto nada específico, sólo que una comisión "u otro panel de expertos" discuta las implicaciones. Esto ha causado algunas fricciones cuando el director Legal de Apple, Bruce Sewell, testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes el pasado 1 de marzo. Según informó la organización de prensa McClatchy, el representativo James Sensenbrenner le preguntó a Sewell por qué Apple no disponía de ninguna propuesta específica a proponer. "Lo único que llevan haciendo es decir que no, no, no, no", dijo Sensenbrenner, y añadió: "Puedo decirle que no creo que les vaya a gustar lo que salga del Congreso".
Foto: La Asamblea Nacional de Francia. Crédito: Patrick Kovaric (AFP / Getty Images).
De hecho, los cuerpos legislativos de varios países están considerando proyectos de ley que requerirían que empresas como Apple sean capaces de desencriptar los datos encriptados por sus usuarios. Una enmienda para un proyecto de ley de este tipo en Francia introducida la semana pasada conllevaría hasta penas de cárcel para los ejecutivos que se nieguen a acatarla. Esa propuesta de ley podría enfriarse, pero unas propuestas anteriores en Francia han hecho algunas demandas onerosas y probablemente innecesarias a las empresas tecnológicas.
Esto es lo que sucede en ausencia de un pragmático término medio. Pero, ¿será posible encontrar uno?
Varias expertos en privacidad y las leyes que gobie an las comunicaciones afirman poder concebir una legislación realmente inteligente sobre el tema. Podría formularse una propuesta de ley, por ejemplo, que no permita al Gobie o guardar una clave maestra para los sistemas informáticos y que no dicte métodos concretos para acceder a los móviles. En lugar de ello, podría obligar a una empresa como Apple a ayudar a los investigadores cuando dispongan de una orden judicial, mientras fije límites sobre lo amplia que ha de ser esa asistencia. Una propuesta de ley también podría aclarar si y cuándo la policía podrá obligar a un sospechoso a revelar su contraseña durante una investigación.
Unas legislaciones así podrían llegar demasiado lejos, o quedarse cortas. Pero es necesario que una comisión determine cuál es el término medio para poder discutirlo a fondo.
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