Para hacer frente a este crecimiento, será necesario construir aerogeneradores, parques solares y otras centrales eléctricas, además de ampliar la infraestructura de cables que las conecte a la red.
Uno de los mayores desafíos es el alto coste y la lentitud para obtener los permisos necesarios para construir nuevas líneas de transmisión a lo largo de todo el país. Esto se ha convertido en un gran obstáculo para ampliar la generación de electricidad, frenando la inversión en nuevas centrales y dejando a muchas en largas “colas de interconexión” mientras esperan conectarse a la red.
Afortunadamente, hay soluciones que pueden ampliar la capacidad del sistema actual sin necesidad de construir una infraestructura completamente nueva. Se trata de un conjunto de herramientas de hardware y software, conocidas como tecnologías avanzadas de transmisión (ATTs, por sus siglas en inglés), que mejoran tanto la capacidad como la eficiencia del sector eléctrico.
Las ATTs pueden agilizar la mode ización de la red, evitar los problemas de permisos y generar un ahorro anual de miles de millones de dólares para los estadounidenses. Además, podrían facilitar la integración de los casi 2.600 gigavatios de proyectos de generación y almacenamiento que siguen en espera de conexión a la red eléctrica.
Aprovechar las tecnologías avanzadas de transmisión para mode izar el suministro y el consumo de electricidad en EE UU es una oportunidad única, comparable a encontrar un billete de 20 dólares en la acera. Impulsar su desarrollo y adopción debería ser una prioridad tanto para los legisladores en Washington D.C. como para los reguladores del mercado eléctrico en todo el país.
Eso incluye a la nueva administración de Trump, que ha expresado su compromiso con la expansión del suministro eléctrico y la reducción de costes para los consumidores como prioridades fundamentales.
En el último mes, Washington ha estado centrado en poner a prueba los límites del poder ejecutivo, despedir a funcionarios y alterar el funcionamiento básico del gobie o federal. Sin embargo, cuando la Casa Blanca y el Congreso empiecen a diseñar nuevas políticas energéticas, deberían aprovechar la oportunidad de promover medidas bipartidistas que aceleren el despliegue de estas innovadoras tecnologías de transmisión.
Las ATTs se dividen generalmente en cuatro categorías: clasificación dinámica de líneas, que utiliza previsiones meteorológicas locales y mediciones en la línea de transmisión o cercanas a ella para aumentar su capacidad cuando las condiciones lo permiten; conductores de alto rendimiento, cables avanzados que emplean fibra de carbono, núcleos compuestos o materiales superconductores para transportar más electricidad que los conductores tradicionales de acero; optimización de la topología, que emplea programas informáticos para modelizar las condiciones cambiantes de la red e identificar las rutas más eficientes para distribuir la electricidad en cada momento; y dispositivos avanzados de control del flujo eléctrico, que redistribuyen la electricidad hacia las líneas con capacidad disponible.
"Esto permitiría a las empresas de servicios públicos obtener beneficios y reducir costes, algo que también haría que los consumidores ahorrasen miles de dólares en la factura de la luz"
Otros países, como Bélgica, la India y el Reino Unido, ya utilizan estas tecnologías a gran escala. Los primeros proyectos en Estados Unidos también han sido un éxito notable. Un proyecto reciente de líneas dinámicas aumentó la capacidad en más del 50% por solo 45.000 dólares (unos 42.300 euros) por milla, aproximadamente el 1% del coste de construir nuevas líneas de transmisión.
Entonces, ¿por qué no estamos viendo una explosión de inversión y despliegue de ATTs en Estados Unidos? Porque, a pesar de su potencial para desbloquear la tecnología del siglo XXI, la estructura del siglo XX de los mercados eléctricos del país frena la adopción de estas soluciones.
Por un lado, bajo el sistema regulador actual, las empresas de servicios públicos ganan dinero trasladando el coste de los grandes proyectos a los clientes, al obtener un rendimiento fijo sobre su inversión. Esto provoca un aumento en las tarifas eléctricas, que las comisiones locales suelen aprobar después de que las empresas presenten sus propuestas.
Esto significa que las empresas tienen incentivos financieros para hacer grandes y costosas inversiones, pero no para ahorrar dinero a los consumidores. Cuando se instalan ATTs en lugar de construir nueva capacidad de transmisión, los menores costes de capital derivan en menos beneficios para las empresas. Por ejemplo, las compañías de servicios públicos pueden ganar 600.000 dólares al año (unos 423.000 euros) tras construir una nueva milla de transmisión, frente a solo unos 4.500 dólares anuales (aproximadamente 3.200 euros) por milla al instalar el equipo y el software necesarios para la clasificación dinámica de las líneas. Aunque las agencias reguladoras estatales tienen la misión de velar por los intereses de los consumidores, a menudo carecen de la información necesaria para identificar la mejor forma de lograrlo.
Superar estas barreras estructurales requerirá la intervención de los gobie os estatales y federal, y debería ser un tema de interés tanto para demócratas como para republicanos. Ya hemos visto a algunos estados, como Minnesota y Montana, avanzar en esta dirección, pero las acciones políticas hasta ahora han sido insuficientes. En un documento reciente, proponemos un nuevo enfoque para liberar todo el potencial de estas tecnologías.
En primer lugar, proponemos exigir a las distribuidoras eléctricas que utilicen las ATTs en situaciones en las que los posibles inconvenientes sean mínimos o incluso inexistentes. La Comisión Federal Reguladora de la Energía (FERC), por ejemplo, ya está considerando la posibilidad de implementar clasificaciones dinámicas en ciertas líneas muy congestionadas. Dado el bajo coste de estas clasificaciones y su evidente beneficio en casos de congestión, creemos que la FERC debería avanzar rápidamente en la creación de una norma al respecto y reforzarla. De igual manera, el Departamento de Energía o el Congreso deberían establecer una norma de eficiencia para los cables que transportan electricidad a lo largo del país. Cada año, aproximadamente el 5% de la electricidad generada se pierde durante el proceso de transmisión y distribución. El uso de conductores de alto rendimiento podría reducir esas pérdidas hasta un 30%.
Además, las agencias federales y los legisladores estatales deberían pedir a los proveedores de transmisión que evalúen el potencial de las ATTs en su red u ofrecerles apoyo para que puedan hacerlo. La FERC ha tomado recientemente medidas en esta dirección y debería continuar reforzándolas.
Los reguladores también deberían ofrecer incentivos financieros a las distribuidoras para promover la instalación de ATTs. El enfoque más prometedor es un incentivo de “ahorro compartido”, como el propuesto en la reciente ley Advancing GETS Act. Esto permitiría a las empresas de servicios públicos obtener beneficios por ahorrar dinero, no solo por gastarlo, y permitiría a los consumidores ahorrar miles de dólares en sus facturas de electricidad cada año.
Por último, debemos invertir en la creación de herramientas digitales que permitan a los propietarios de las redes eléctricas identificar oportunidades para estas tecnologías y que ayuden a los reguladores a hacerles cumplir las normativas. Para desarrollar estos sistemas, será necesario que las distribuidoras compartan información sobre la oferta y la demanda de electricidad, así como sobre la infraestructura de la red. Lo ideal sería que, con esos datos, los investigadores pudieran crear un “gemelo digital” del sistema actual para probar distintas configuraciones de ATTs y mejorar así el rendimiento y la eficiencia de nuestras redes.
Todos sabemos que el mundo se enfrenta con frecuencia a difíciles disyuntivas políticas. No obstante, las leyes o normativas que faciliten el uso de las ATTs pueden expandir rápidamente la red y ahorrar dinero a los consumidores. Deberían ser una propuesta fácil de aceptar para ambas partes políticas.
Brian Deese es profesor de innovación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y fue director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca de 2021 a 2023. Rob Gramlich es fundador y presidente de Grid Strategies y fue asesor económico del presidente de la Comisión Federal Reguladora de la Energía durante el gobie o de George W. Bush.