Era primera hora de la tarde en Berlín, a solo un día de Nochebuena, cuando Josephine Ballon recibió un correo inesperado de la oficina de US Customs and Border Protection. El mensaje informaba de que había cambiado el estado de su autorización para viajar a EE UU. Ya no podría entrar en el país. 

En un primer momento no encontró ninguna explicación en internet, aunque tenía sus sospechas. Ballon era una de las directoras de HateAid, una pequeña organización sin ánimo de lucro alemana fundada para apoyar a las víctimas de acoso y violencia en línea. A medida que la organización se ha convertido en una firme defensora de las regulaciones tecnológicas europeas, se ha visto cada vez más atacada en campañas de políticos y agitadores de derecha que la acusan de practicar la censura. 

Solo más tarde vio lo que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había publicado en X: 

For far too long, ideologues in Europe have led organized efforts to coerce American platforms to punish American viewpoints they oppose. The Trump Administration will no longer tolerate these egregious acts of extraterritorial censorship.

Today, @StateDept will take steps to…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 23, 2025

Rubio difundía una teoría de la conspiración a la que él mismo llama el “complejo industrial de la censura”, según la cual habría una connivencia generalizada entre el Gobierno de EE UU, las grandes tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil para silenciar a las voces conservadoras, justo la misma teoría en la que recientemente se ha visto atrapada HateAid. 

Después, la subsecretaria de Estado Sarah B. Rogers publicó en X los nombres de las personas afectadas por las prohibiciones de entrada. En la lista figuraban Ballon y su codirectora en HateAid, Anna Lena von Hodenberg. También aparecían otras tres personas con trabajos similares o relacionados: el excomisario europeo Thierry Breton, uno de los artífices de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) europea; Imran Ahmed, del Center for Countering Digital Hate, que documenta el discurso de odio en redes sociales; y Clare Melford, del Global Disinformation Index, que elabora calificaciones de riesgo para alertar a los anunciantes sobre webs que promueven desinformación y mensajes de odio. 

Fue una escalada más en la guerra de la administración Trump contra los derechos digitales, librada en nombre de la libertad de expresión. Pero responsables de la UE, especialistas en libertad de expresión y las cinco personas señaladas rechazan de plano las acusaciones de censura. Ballon, von Hodenberg y algunos de sus clientes sostienen que su trabajo, en esencia, busca que la gente se sienta más segura en internet. Y lo vivido en las últimas semanas ilustra hasta qué punto se ha politizado y sitiado el ámbito de la seguridad en línea. Es casi seguro que no serán las últimas a las que se apunte de este modo. 

Fue Ballon quien avisó a von Hodenberg de que ambas estaban en la lista. “Sentimos como un escalofrío en los huesos”, me dijo von Hodenberg cuando me reuní con la pareja a principios de enero. 

Pero añadió que también se dieron cuenta rápidamente de que: “vale, es el manual de siempre para callarnos”. Así que se pusieron manos a la obra, empezando por desmontar el relato que el Gobierno estadounidense estaba construyendo sobre ellas. 

En cuestión de horas, Ballon y von Hodenberg difundieron un comunicado contundente refutando las acusaciones: “No nos dejaremos intimidar por un gobierno que usa la acusación de censura para silenciar a quienes defienden los derechos humanos y la libertad de expresión”, escribieron. “Exigimos una señal clara del Gobierno alemán y de la Comisión Europea de que esto es inaceptable. De lo contrario, ninguna organización de la sociedad civil, ningún político, ningún investigador y, desde luego, ninguna persona se atreverá a denunciar los abusos de las tecnológicas estadounidenses en el futuro”. 

Las señales llegaron rápido. En X, Johann Wadephul, el ministro de Exteriores alemán, calificó las prohibiciones de entrada como “inaceptables” y añadió que “el DSA fue aprobado democráticamente por la UE, para la UE; no tiene efectos extraterritoriales”. También en X, el presidente francés, Emmanuel Macron, escribió que “estas medidas equivalen a intimidación y coacción destinadas a socavar la soberanía digital europea”. La Comisión Europea emitió un comunicado en el que “condena enérgicamente” las acciones de la administración Trump y reafirma su “derecho soberano a regular la actividad económica conforme a nuestros valores democráticos”. 

Ahmed, Melford, Breton y sus respectivas organizaciones también publicaron sus propias declaraciones denunciando las prohibiciones de entrada. Ahmed, el único de los cinco que reside en Estados Unidos, también presentó con éxito una demanda para impedir cualquier intento de detenerlo, algo que el Departamento de Estado había insinuado que podría considerar. 

Pero junto a los mensajes de apoyo, explicaron Ballon y von Hodenberg, llegaron consejos más prácticos: asumir que la prohibición de viajar era solo el principio y que podrían venir más consecuencias. Proveedores de servicios podrían revocar de forma preventiva el acceso a sus cuentas; los bancos, restringir su acceso al dinero o al sistema de pagos global; también podrían producirse intentos maliciosos de acceder a sus datos personales o a los de sus clientes. Quizás, les dijeron sus aliados, deberían incluso considerar trasladar su dinero a las cuentas de sus amigos o guardar dinero en efectivo para poder pagar los salarios de su equipo y comprar comida para sus familias. 

Aquellas advertencias resultaron especialmente apremiantes porque, días antes, la administración Trump había sancionado a dos jueces de la Corte Penal Internacional por “apuntar de forma ilegítima contra Israel”. Como consecuencia, perdieron el acceso a muchas plataformas tecnológicas estadounidenses, entre ellas Microsoft, Amazon y Gmail. 

“Si Microsoft hace eso con alguien mucho más importante que nosotras”, me dijo Ballon, “ni parpadearán para cerrar las cuentas de correo de una organización de derechos humanos cualquiera en Alemania”. 

“Ahora tenemos una nube negra encima y, en cualquier momento, puede pasar algo”, añadió von Hodenberg. “Vamos contrarreloj para tomar las medidas adecuadas”. 

Ayudar a orientarse en “un territorio sin ley” 

Fundada en 2018 para apoyar a personas víctimas de violencia digital, HateAid ha evolucionado hasta defender de forma más amplia los derechos digitales. Ofrece vías para denunciar contenidos ilícitos en internet y presta asesoramiento, seguridad digital, apoyo emocional y ayuda para preservar pruebas a las víctimas. Además, forma a policías, fiscales y políticos alemanes en el tratamiento de los delitos de odio en línea. 

Una vez que se contacta al grupo para pedir ayuda, y si sus juristas consideran que el tipo de acoso probablemente ha violado la ley, la organización conecta a las víctimas con asesores legales que pueden ayudarlas a presentar demandas civiles y penales contra los perpetradores y, si es necesario, contribuye a financiar los casos. (HateAid, como tal, no presenta demandas contra particulares). Ballon y von Hodenberg calculan que HateAid ha trabajado con unas 7.500 víctimas y ha ayudado a interponer 700 causas penales y 300 procedimientos civiles, en su mayoría contra agresores individuales. 

Para Theresia Crone, estudiante alemana de Derecho de 23 años y franca activista política, el apoyo de HateAid le devolvió parte del control sobre su vida, dentro y fuera de internet. Acudió a la organización cuando descubrió foros enteros dedicados a fabricar deepfakes con su imagen. Sin HateAid, me dijo, “habría tenido que confiar en que la policía y la fiscalía llevaran el caso como es debido o, de lo contrario, asumir yo el coste de un abogado”, un desembolso enorme para “una estudiante que prácticamente no tiene ingresos fijos”. 

Además, hacerlo sola habría sido retraumatizante: “Habría tenido que documentarlo todo por mi cuenta”, explicó, “lo que significa que tendría que ver esas imágenes una y otra vez”. 

“Internet es un territorio sin ley”, me dijo Ballon cuando hablamos por primera vez, a mediados de diciembre, unas semanas antes de que se anunciara la prohibición de viajar. En una sala de conferencias de la oficina de HateAid en Berlín, subrayó que hay muchos casos que “ni siquiera pueden perseguirse, porque no se identifica a los autores”. Por eso la organización sin ánimo de lucro también aboga por mejorar las leyes y las regulaciones que rigen a las compañías tecnológicas en Alemania y en toda la Unión Europea. 

En ocasiones también han recurrido a litigios estratégicos contra las propias plataformas. En 2023, por ejemplo, HateAid y la Unión Europea de Estudiantes Judíos demandaron a X por no aplicar sus términos de servicio frente a publicaciones antisemitas o negacionistas del Holocausto, algo ilegal en Alemania. 

Eso casi con toda seguridad puso a la organización en el punto de mira del propietario de X, Elon Musk; también convirtió a HateAid en blanco frecuente del partido de extrema derecha alemán, Alternative für Deutschland, al que Musk ha descrito como “la única esperanza para Alemania”. (X no respondió a la petición de comentario sobre esta demanda). 

HateAid queda atrapado en la redada del entorno de Trump 

Para lo bueno y para lo malo, el perfil de HateAid creció aún más cuando asumió otra labor clave en la seguridad en línea. En junio de 2024 fue designada como “notificador de confianza” en el marco de la DSA, una ley de 2022 de la UE que obliga a las redes sociales a retirar determinados contenidos ilícitos (incluidos el discurso de odio y la incitación a la violencia) que vulneren las leyes nacionales, y a ofrecer más transparencia al público, entre otras cosas ampliando las vías de recurso frente a las decisiones de moderación de las plataformas. 

Los “notificadores de confianza” son entidades designadas por cada país de la UE para señalar contenidos ilegales y constituyen una pieza clave de la aplicación de la DSA. Aunque cualquier usuario puede denunciar ese tipo de contenidos, los avisos de estos notificadores tienen prioridad y exigen legalmente una respuesta por parte de las plataformas. 

La administración Trump ha repetido en voz alta que este programa y, en general, la DSA, son ejemplos de censura que perjudican de manera desproporcionada a voces de derechas y a tecnológicas estadounidenses como X. 

Cuando hablamos por primera vez en diciembre, Ballon fue tajante al asegurar que esas acusaciones de censura no tienen fundamento: “Nosotras no borramos contenido, ni tampoco señalamos públicamente publicaciones para que la gente pase vergüenza. Lo único que hacemos es utilizar los mismos canales de notificación que puede usar cualquiera, y lo único que establece la Ley de Servicios Digitales es que las plataformas deben dar prioridad a nuestros avisos”. Después son las propias plataformas las que deciden qué hacer. 

Aun así, la idea de que HateAid y otras organizaciones afines censuran a la derecha se ha convertido en una poderosa teoría conspirativa con consecuencias muy reales. (El año pasado, MIT Technology Review informó del cierre de una pequeña oficina del Departamento de Estado tras acusaciones de “censura”, así como de un inusual intento por parte de los dirigentes del Departamento por acceder a registros internos relacionados con la supuesta censura, incluidos datos sobre dos de las personas que ahora tienen prohibida la entrada, Medford y Ahmed, y sobre sus organizaciones). 

HateAid sufrió una nueva oleada de acoso el pasado febrero, cuando 60 Minutes emitió un reportaje sobre las leyes alemanas contra el discurso de odio. En él aparecía una declaración de Ballon: “La libertad de expresión necesita límites”, que, añadió, “forman parte de nuestra constitución”. La entrevista se emitió pocos días antes de que el vicepresidente JD Vance asistiera a la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde advirtió de que “en toda Europa, la libertad de expresión está retrocediendo”. Aquellas palabras, me contó Ballon, alimentaron la hostilidad hacia ella y hacia la organización. 

En julio, un informe republicano de la Cámara de Representantes de EE UU afirmó que la DSA “impone censura y vulnera la libertad de expresión estadounidense”. HateAid aparecía mencionada de forma explícita. 

Todo esto ha hecho que su labor sea “más peligrosa”, me dijo Ballon en diciembre. Antes de la entrevista con 60 Minutes, explicó, “quizá hace año y medio, como organización recibíamos ataques, pero eran sobre todo contra nuestros clientes, porque eran ellos quienes estaban en primera línea: activistas, periodistas, políticos. Pero ahora… vemos que se está volviendo más personal”. 

Como consecuencia, en el último año HateAid ha tomado más medidas para proteger su reputación y adelantarse a los relatos dañinos. Ballon ha denunciado el discurso de odio dirigido contra ella (“Más [quejas] que en todos los años anteriores en los que llevo haciendo este trabajo”, señaló) y también ha presentado demandas por difamación en nombre de la organización. 

Todas estas tensiones estallaron finalmente en diciembre. A comienzos de mes, la Comisión Europea impuso a X una multa de 140 millones de dólares (unos 117,8 millones de euros) por vulneraciones de la DSA. Aquello provocó una nueva oleada de acusaciones sobre la supuesta censura a la derecha, con Trump calificando la sanción como “muy desagradable” y advirtiendo: “Europa tiene que tener mucho cuidado”. 

Unas semanas más tarde, el día antes de Nochebuena, llegó por fin la represalia dirigida contra personas concretas. 

Quién tiene derecho a definir (y a vivir) la libertad de expresión 

Varios grupos de derechos digitales están plantando cara a la visión restrictiva que la administración Trump defiende sobre qué es libertad de expresión y qué es censura. 

“Lo que estamos viendo en esta administración es una concepción de la libertad de expresión que no se basa en los derechos humanos, donde se trata de un derecho inalienable e imborrable que pertenece a todas las personas” sostiene David Greene, director de libertades civiles de la Electronic Frontier Foundation, una organización de derechos digitales con sede en EE UU. Más bien, observa “la expectativa de que… [si] se cuestiona el discurso de cualquier otra persona, hay un buen motivo para hacerlo, pero que eso nunca debería aplicarse a ellos”. 

Desde la victoria de Trump en su segundo mandato, las grandes plataformas han ido deshaciendo sus compromisos con la confianza y la seguridad. Meta, por ejemplo, eliminó la verificación de hechos en Facebook y adoptó buena parte del lenguaje sobre censura promovido por la administración, con su consejero delegado, Mark Zuckerberg, asegurando al podcaster Joe Rogan que la compañía “colaborará con el presidente Trump para plantar cara a los gobiernos de todo el mundo” si se considera que “van contra las empresas estadounidenses y presionan para censurar más”.  

Y como demuestran las recientes multas a X, la plataforma de Musk ha ido aún más lejos en su incumplimiento de la legislación europea y, en última instancia, en su ignorancia de los derechos de los usuarios que la DSA pretende proteger. En uno de los ejemplos más graves hasta la fecha, en las últimas semanas X permitió que la gente utilizara Grok, su generador de IA, para crear imágenes de desnudos de mujeres y menores sin su consentimiento, con muy pocas limitaciones y, al menos por ahora, escasas consecuencias. (La semana pasada, X emitió un comunicado en el que afirmaba que empezaría a restringir la creación de imágenes explícitas con Grok; ante varias preguntas, la representante de la plataforma, Rosemarie Esposito, me remitió a esa declaración). 

Para Ballon, todo encaja: “Es más rentable si no tienes que aplicar medidas de seguridad ni invertir dinero en hacer que tu plataforma sea un lugar seguro”, me dijo. 

“Y funciona en las dos direcciones”, añadió von Hodenberg. “No solo las plataformas salen ganando cuando la administración estadounidense socava la legislación europea… también, evidentemente, la propia administración de EE UU tiene un enorme interés en no regular a las plataformas… porque ¿quién se ve amplificado ahora mismo? La extrema derecha”. 

Cree que ahí está la clave de por qué HateAid (y el Center for Countering Digital Hate de Ahmed, el Global Disinformation Index de Melford, así como Breton y la DSA) han sido señalados: están trabajando para desbaratar ese “pacto impío en el que las plataformas sacan un beneficio económico y la administración estadounidense obtiene réditos dividiendo a la Unión Europea”, afirmó. 

Las restricciones de viaje envían un mensaje contundente a todos los grupos que buscan exigir cuentas a las tecnológicas. “Es pura venganza”, asegura Greene. “Está diseñado para castigar a quienes continúan trabajando contra la desinformación o los discursos de odio”. (El Departamento de Estado no respondió a la solicitud de comentarios). 

Y, en última instancia, todo esto tiene un impacto mucho más amplio en quién se siente lo suficientemente seguro como para participar en internet. 

Ballon señaló investigaciones que evidencian el “efecto silenciador” del acoso y del discurso de odio, no solo sobre “quienes han sido atacados”, sino también sobre quienes presencian esos ataques. Esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres, que suelen enfrentarse a más odio en internet, que además es más sexualizado y violento. La situación empeorará si organizaciones como HateAid son expulsadas de las plataformas o pierden financiación. 

Von Hodenberg lo expresó con mayor contundencia: “Se reapropian de la libertad de expresión cuando quieren decir lo que les dé la gana, pero silencian y censuran a quienes les critican”. 

Aun así, las directoras de HateAid insisten en que no van a echarse atrás. Están tomando en serio “todos los consejos” que han recibido, especialmente en lo relativo a “ser más independientes de los proveedores de servicios”, comentó Ballon. 

“Parte de la razón por la que no les gustamos es porque estamos fortaleciendo a nuestros clientes y empoderándoles”, dijo von Hodenberg. “Nos aseguramos de que no ganen y de que [nuestros clientes] no se retiren del debate público”. 

“Así que cuando piensan que pueden silenciarnos atacándonos… es una percepción totalmente equivocada”. 

Martin Sona contribuyó con la información.