Un acuerdo de 5,4 millones de dólares sobre la mala gestión del Fondo de Derechos Humanos de Yahoo pone fin a una larga batalla legal.
Una demanda que buscaba responsabilizar a Yahoo por «hacer la vista gorda« ante la mala gestión de un fondo de derechos humanos destinado a disidentes chinos se resolvió la semana pasada con un acuerdo de 5,425 millones de dólares, tras ocho años de batalla legal. Al menos 3 millones de ese monto se destinarán a la creación de un nuevo fondo. Según los documentos del acuerdo, este fondo ofrecerá «asistencia humanitaria a personas que estén en China o provengan de allí, y que hayan sido encarceladas en la República Popular China por ejercer su libertad de expresión«.
Esto pone fin a una larga lucha por exigir responsabilidades a Yahoo, que comenzó a principios de los 2000, cuando la empresa entregó información sobre usuarios chinos de internet a las autoridades del país. Esa decisión terminó con varias personas encarceladas y torturadas. Tras hacerse pública la situación y recibir duras críticas, Yahoo creó el Fondo de Derechos Humanos de Yahoo (YHRF, por sus siglas en inglés), con una dotación de 17,3 millones de dólares (unos 15 millones de euros aproximadamente), destinado a apoyar a personas que fueron encarceladas por ejercer su derecho a la libertad de expresión en internet.
Sin embargo, en los años siguientes, la fundación sin fines de lucro que Yahoo eligió para administrar el fondo —Laogai Research Foundation— hizo una pésima gestión. De los 17,3 millones, se usaron menos de 650.000 dólares (es decir, apenas un 4%) en apoyo directo a los disidentes. La mayor parte del dinero fue gastada por Harry Wu, un ex disidente chino con fuertes vínculos políticos que dirigía Laogai, en sus propios proyectos e intereses personales. En 2017, un grupo de disidentes decidió llevar el caso a la justicia. Demandaron no solo a Laogai y a su equipo directivo, sino también a Yahoo y a varios de sus altos ejecutivos de aquella época. Uno de los puntos clave de la acusación es que siempre había al menos una persona de Yahoo en el consejo del fondo, con poder de decisión sobre el presupuesto y las actividades.
Los demandados -que, además de Yahoo y Laogai, incluían a Impresa Legal Group, el bufete de abogados que trabajó con Laogai- acordaron pagar a los seis disidentes chinos excarcelados que presentaron la demanda: cinco de ellos recibirán 50.000 dólares cada uno y el principal demandante, 55.000 dólares (cifras cercanas a los 45.000 euros)
El resto del dinero, una vez descontados los honorarios legales y otros gastos, se destinará a crear un nuevo fondo que continúe con la misión original del Fondo de Derechos Humanos de Yahoo (YHRF): apoyar a personas en China que hayan sido encarceladas por expresarse. Este nuevo fondo será gestionado por una pequeña organización sin fines de lucro llamada Humanitarian China, fundada en 2004 por tres participantes del movimiento democrático chino de 1989. Desde entonces, Humanitarian China ha entregado cerca de 2 millones de dólares en ayuda directa a disidentes chinos y a sus familias, gracias a donaciones individuales principalmente.
Esta ayuda suele ser vital. Los presos políticos muchas veces son liberados solo después de haber pasado años —o incluso décadas— en prisión, a veces con problemas de salud y sin las herramientas necesarias para conseguir un trabajo estable en el mercado laboral actual. Además, siguen siendo vigilados, visitados e incluso sancionados por la seguridad del Estado, lo que hace que muchos empleadores locales prefieran no contratarlos. «Es una situación difícil», contó Xu Wanping, uno de los demandantes, en una entrevista anterior con MIT Technology Review. «Esa sensación de aislamiento, esa especie de impotencia que sentimos… si esta demanda puede ser más efectiva, si pudiera ayudar a reactivar este programa, sería algo realmente significativo». Como escribimos en nuestro artículo original:
«Xu vive en una vivienda social en su ciudad natal de Chongqing, en el oeste de China. He Depu, otro de los demandantes, sobrevive junto a su esposa y su hijo adulto gracias a una pequeña asignación mensual de 1.500 yuanes (unos 180 euros) que les otorga el gobierno local. Esta ayuda económica actúa como una especie de garantía para asegurarse de que mantenga sus opiniones en silencio. Pero él sabe que, incluso si calla, ese dinero podría desaparecer en cualquier momento.»
Los términos del acuerdo impiden a las partes emitir declaraciones más allá de un comunicado superficial a los medios, pero Times Wang, el abogado de los demandantes, ya había hablado previamente con MIT Technology Review sobre la importancia del fondo. Además del apoyo financiero crucial, «es una fuente de consuelo para ellos (los disidentes) saber que hay personas fuera de China que los apoyan», comentó.
MIT Technology Review analizó en profundidad el caso y la mala gestión de YHRF. Puedes leer más aquí.
