Por eso, Aeden se ofreció como voluntario al medio de investigación Bellingcat para ayudar a verificar imágenes y vídeos de los posibles crímenes de guerra que se estaban cometiendo en Ucrania. Este trabajo podría ayudar a sostener posibles acusaciones por parte de la Corte Penal Inte acional. "Si queremos albergar alguna esperanza de responsabilizar a los perpetradores por sus acciones, tenemos que asegura os de haber realizado el trabajo de campo, y eso es lo que estamos haciendo actualmente", afirma Aeden, quien, por seguridad, pide que no se mencione su apellido. Desde que empezó la guerra, son muchas las personas de todo el mundo que están intentando ayudar a los refugiados y a la parte ucraniana. Para aquellos con habilidades de investigación como Aeden, que ya había trabajado como voluntario para Bellingcat antes, eso significa dedicar tiempo y esfuerzo a analizar el contenido publicado en la web por los ucranianos y confirmar su ubicación exacta, para así documentar posibles crímenes de guerra, como bombardeos de edificios civiles o de espacios protegidos como hospitales. Las habilidades obtenidas tras el asalto al Capitolio de Washington en EE UU, el 6 de enero de 2021, y los esfuerzos posteriores para encontrar online a los alborotadores dieron lugar a un perfil de detectives online que ahora utilizan esas mismas habilidades en la guerra de Ucrania. Pero no está claro si ese esfuerzo dará como resultado evidencias admisibles para una posible acusación por crímenes de guerra, y de qué manera, dada la ausencia de un sistema universal para clasificar la avalancha de las pruebas publicadas. Algunas organizaciones de derechos humanos ya han enviado a los investigadores profesionales a Ucrania para recopilar datos de posibles crímenes de guerra. Rich Weir, investigador de Human Rights Watch, aterrizó en Kiev (Ucrania) el 23 de febrero y a la mañana siguiente se despertó con la noticia de la invasión. "Se suponía que un colega me iba a acompañar, pero se cerró el espacio aéreo. Me quedé solo allí", explica desde Lviv (Ucrania), adonde se ha trasladado. El trabajo de Weir durante los primeros días de la guerra fue complicado. Se enteraba por los lugareños sobre los ataques aéreos e iba a esos sitios para investigar los daños y las víctimas civiles, si había personas heridas y muertas. En la guerra de la información, en la que proliferan los rumores y la desinformación, la verificación es clave. No basta con ver un vídeo de un ataque o una foto de cadáveres. Además, con la mala conexión a inte et en muchas partes del país, Weir ha tenido que recurrir a los métodos analógicos para confirmar los incidentes: caminar hasta los sitios o hablar con los refugiados para obtener una idea de primera mano de lo sucedido. El trabajo de registro se ha vuelto más sofisticado con cada conflicto, según considera Weir, que ha realizado un trabajo similar en Siria y Myanmar. Weir reconoce el valor de las redes sociales y de los teléfonos móviles con cámaras. "Siria es un muy buen ejemplo de eso ya que ahí hubo una avalancha de fotos y vídeos que documentaban lo que estaba pasando en esos posibles abusos y violaciones del derecho inte acional y de los derechos humanos", señala Weir. Sin embargo, incluso con todos esos datos, la justicia ha sido lenta, y hasta ahora no ha conseguido que el dictador sirio Bashar al-Assad sea procesado inte acionalmente. Ese es el riesgo en esta guerra. Incluso si terminara mañana, el procesamiento de Vladimir Putin o de cualquier comandante ruso involucrado en los crímenes de guerra llevaría años, si es que llega a suceder. Construir un caso requiere que los investigadores geolocalicen y verifiquen toda la evidencia digital. Lo que podría acelerar esta línea de tiempo es la legión de personas en todo el mundo que están dispuestas y son capaces de llevar a cabo ese trabajo, gracias en parte a la experiencia adquirida al documentar los acontecimientos del 6 de enero de 2021 en EE UU. "Hemos optimizado nuestro proceso desde el asalto del 6 de enero de 2021", resalta Giancarlo Fiorella, investigador de Bellingcat. "Hemos aprendido las lecciones de trabajar en un acontecimiento que generó tantos datos y estamos recogiendo una mayor proporción de información y pruebas de posibles crímenes de guerra", añade. Esto es, en parte, gracias a voluntarios como Aeden. It's been so encouraging to see the open source community organize in the @bellingcat Discord server recently.
Earlier this year, the server was quiet. Today, it's got 6,500+ members. Dozens of them are active every day, geolocating images from Ukraine.https://t.co/KkW0bJlYJT — Giancarlo Fiorella (@gianfiorella) March 12, 2022 Aeden lleva días dedicado a geolocalizar las pruebas de víctimas civiles y daños a la infraestructura civil en Ucrania. Se le asigna una foto o un vídeo de inte et y él se encarga de verificar la ubicación mediante distintas herramientas, como imágenes aéreas o Street View de Google Maps. Cuando Aeden y otro compañero voluntario se ponen de acuerdo sobre esa ubicación (Aeden admite que tener a alguien más que ayude a confirmar la prueba resulta muy útil para evitar la visión limitada conocida como efecto túnel), un investigador de Bellingcat verifica la información de forma independiente. Luego el ciclo empieza de nuevo. Se trata de un esfuerzo impresionante, pero Lindsay Freeman, directora de leyes y políticas del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Califo ia en Berkeley (EE UU), cree que tal cantidad y diversidad de esfuerzos supone un desafío. A pesar de sus buenas intenciones, es posible que algunos no cumplan con la carga de la prueba que se requiere para la acusación por crímenes de guerra.
Foto: Un residente local observa un área bombardeada el 5 de marzo de 2022 en Markhalivka (Ucrania). La policía regional afirmó que habían muerto seis personas, incluido un niño, y cuatro habían resultado heridas en el ataque aéreo ruso en esta aldea al suroeste de Kiev. Créditos: Anastasia Vlasova/Getty Images
Sorprendentemente, hasta hace poco no había ni un solo documento ni grupo que estableciera reglas sobre cómo recoger, registrar y presentar adecuadamente los datos de las zonas de conflicto para un posible procesamiento por crímenes de guerra. Es un problema derivado de la gran extensión de organizaciones inte acionales como las Naciones Unidas, la Corte Penal Inte acional o las varias organizaciones de ayuda y derechos humanos, las cuales tienen diferentes poderes y jurisdicciones, lo que puede favorecer que los criminales de guerra no se enfrenten nunca a la justicia.
En 2020, Freeman ayudó en la elaboración del Protocolo de Berkeley, un esfuerzo por regular el uso ético de la inteligencia de fuentes abiertas. El Protocolo, respaldado por las Naciones Unidas, ofrece un conjunto de reglas sobre cómo manejar y registrar los datos digitales. Según explica Freeman, gran parte del documento se basó en la experiencia de Siria y en el hecho de que los diferentes formatos provocaban que la recogida de datos fuera una tarea muy difícil allí.
El Protocolo es un primer paso hacia la creación de un sistema para la avalancha de los datos que llegan de Ucrania, pero Freeman reconoce que no es suficiente. Aunque un gran número de grupos de ayuda han adoptado el Protocolo, muchos otros utilizan sus propios métodos y tienen sus sistemas inte os para registrar la información.
Freeman resalta que el Protocolo de Berkeley tampoco "aborda realmente el crowdsourcing", que es un factor enorme no solo en la guerra de Ucrania sino también en otros conflictos durante los últimos años. El mayor acceso de los ciudadanos a la tecnología y a las redes sociales significa que obtener la información directamente de los afectados -incluso de aquellos que están en el poder- nunca ha sido tan fácil, pero, el Protocolo elude la cuestión de cómo documentar adecuadamente esta información.
Según Freeman, en parte se debe a que la Corte Penal Inte acional (CPI) es selectiva sobre qué tipo de evidencia permite y a menudo favorece las fuentes oficiales como un circuito cerrado de televisión con marcas de tiempo, en lugar de imágenes de teléfonos móviles, pixeladas y en movimiento.
Lo que muestra el Protocolo de Berkeley es un tira y afloja entre lo que la Corte Penal Inte acional considera evidencia admisible y los esfuerzos colaborativos para recoger esta evidencia. Si bien el Protocolo representa un gran primer paso en la creación de causas más sólidas contra los criminales de guerra, también muestra cómo la CPI se ha quedado atrás en lo relativo a cómo usan la tecnología tanto las víctimas de la guerra como los que la observan desde fuera. (La CPI no ha respondió a las repetidas solicitudes de comentarios).
Nada de esto impide que Aeden continúe con sus esfuerzos. "A veces me preocupa que el fruto de este trabajo llegue demasiado tarde para las víctimas de este conflicto, pero creo que la justicia retroactiva es mucho mejor que ninguna", concluye el voluntario.