Una ambiciosa propuesta de comercio de derechos de emisiones de California (EEUU) pretende destinar cientos de millones de euros a un fondo de I+D  energético cada año. Estos fondos competirían con la capacidad de inversión del programa federal de energético lanzado bajo el presidente Barack Obama.

La propuesta es el último ejemplo de los esfuerzos que la sexta economía más grande del mundo está haciendo por impulsar políticas climáticas ambiciosas e investigaciones energéticas a pesar de la intención de la administración Trump de reducir los fondos y revertir las regulaciones. También proporcionaría una fuente de fondos crucial para la investigación y el desarrollo energético temprano en un momento en el que los inversores de capital riesgo se han retirado del espacio.

La mayor parte de los ingresos del programa, que el senador de California, Bob Wieckowski, presentó a principios de mes, revertiría en los ciudadanos de California en forma de un dividendo climático. Pero el proyecto de ley contempla también una fracción para un programa independiente de infraestructuras y para el Fondo de Investigación de Clima y Energía Limpia de California.

El portavoz de Wieckowski, Jeff Barbosa, confirmó que este último fondo dispondría de cientos de millones de euros cada año. Esta cifra podría superar a la de los fondos asignados a la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación del Departamento de Energía-Energía (ARPA-E, por sus siglas en inglés), que recibió cerca de 260 millones de euros el año pasado. Pero a diferencia de ARPA-E, inicialmente financiado con unos 356 millones de euros como parte del paquete de estímulo económico de 2009, esos fondos irían aumentando significativamente a medida que los precios mínimos y máximos de una tonelada métrica de dióxido de carbono suban año tras año. El programa de comercio de derechos de emisiones propuesto por California establecería uno de los precios más altos del carbono en el mundo, lo que generaría miles de millones euros al año.

Mientras tanto, la propuesta presupuestal del presidente Trump pretende eliminar el 93% de la financiación de ARPA-E para el año fiscal 2018 y suprimir por completo el programa para 2019. Esta medida formaría parte del objetivo del gobierno de recortar más de 2.700 millones de euros en los programas de investigación del Departamento de Energía de EEUU. ARPA-E, que hasta la fecha ha generado unos 1.340 millones de euros en financiación, anunció en febrero que 74 de sus equipos de proyectos habían recaudado 1.600 millones de euros en financiación del sector privado y 56 habían formado empresas nuevas.

El financiamiento de California probablemente acabaría en un amplio abanico de manos, que incluiría a universidades estatales, laboratorios gubernamentales y empresas del sector privado, según Barbosa. Podría ser distribuido, en su totalidad o en parte, a través de los programas existentes de subvenciones estatales. Pero aún no está claro si los fondos se limitarían a instituciones y empresas de California.

El director ejecutivo del Centro Steyer-Taylor de Políticas Energéticas y Finanzas de la Universidad de Stanford (EEUU), Dan Reicher, afirma: "Nos vendría mejor tener un amplio apoyo federal para la I+D de energías limpias. Pero [el plan de California] podría ser la segunda mejor opción, especialmente si terminamos sufriendo cortes importantes en programas federales estratégicos".

El tamaño exacto del fondo y otros detalles relativos a su gestión, serán detallados en una próxima enmienda probablemente. 

El programa de comercio de derecho de emisiones propuesto revisaría el sistema existente de California, que ha luchado contra la baja demanda, desafíos legales y la incertidumbre sobre su autoridad para operar más allá de 2020. Las probabilidades de éxito del proyecto de ley, que requerirá una aprobación mayoritaria de dos tercios en el Senado y la Asamblea de California, aún no están claras. Varios grupos claves de defensa medioambiental y social, incluyendo la Coalición de Igualdad Climática de California, respaldan  la propuesta. Pero otros prefieren conservar el duro programa existente, incluyendo el Fondo de Defensa Medioambiental . De forma crucial, el gobernador de California, Jerry Brown, también ha señalado que se ha centrado en ampliar el sistema actual.

El siguiente paso para el proyecto de ley es una audiencia ante el comité de calidad ambiental del Senado de California, que aún no ha sido programada.