Google, Facebook, Twitter y Microsoft han establecido un "código de conducta" (PDF) conjunto sobre sus operaciones en países de la Unión Europea. Su acuerdo requiere que los gigantes de internet despubliquen las expresiones del odio durante las primeras 24 horas después de su publicación en cualquiera de estas plataformas. Es la última medida en lo que ha sido un tema espinoso para las empresas, quienes intentan lograr un equilibrio entre la libertad de expresión en línea y la censura de contenidos abusivos o violentos.

La directora de Políticas Públicas de Google en Europa, Karen White, afirmó en un comunicado: "Seguimos comprometidos con permitir que los tuis fluyan. Sin embargo, existe una clara distinción entre la libertad de expresión y las conductas que incitan a la violencia y al odio".

Pero precisamente ese ha sido el problema, que no exista una línea clara que separe ambos conceptos. Gran parte de las expresiones protegidas por la Constitución de Estados Unidos, de donde proceden estas emporesas, pueden llegar a ser realmente ofensivas. Las expresiones de racismo, homofobia e intolerancia religiosa pueden ser deplorables, pero no son ilegales en sí.

Las plataformas como Twitter y Facebook no tienen la obligación legal de perpetuar ningún comentario protegido por ley, claro está. Pueden eliminar cualquier contenido que quieran. Y a menudo lo hacen, cediendo ante la opinón pública o presiones gubernamentales para tomar medidas contra los contenidos abusivos, o dan marcha atrás cuando sus censores se exceden.

En Europa, las protecciones para la expresión no son tan amplias. La Comisión Europea define los "discursos ilegales de odio" como "cualquier conducta que incite públicamente a la violencia o al odio dirigido a un grupo de personas o un miembro de un grupo definido por referencias a la raza, el color, la religión, la descendencia o el orígen nacional o étnico". El texto delega en las naciones miembros de la UE la responsabilidad de definir los castigos penales y civiles en consecuencia. Las reglas acordadas el pasado martes se elaboraron en respuesta a los recientes ataques terroristas de París (Francia) y Bruselas (Bélgica), y tienen la intención explícita de "contrarrestar la propaganda terrorista".

Muchas empresas de internet ya han incorporado un lenguaje similar a sus políticas, la mayoría del cual parece bastante sensato. Pero este acuerdo coloca la autoridad de decidir qué contenidos resultan aceptables y cuáles no en manos de una empresa, sin la promesa de transparencia ni el debido proceso legal que normalmente acompañaría estas medidas si la decisión correspondiera a una agencia de seguridad.

Al menos en parte por este motivo, algunos grupos abandonaron el Foro sobre Internet en la UE donde se redactó el acuerdo. El grupo European Digital Rights, que aboga por las libertades digitales, se retiró del foro y publicó un comunicado el martes que afirmaba que el acuerdo permite a las empresas simplemente "correr un túpido velo", añadiendo que puesto que el proceso se realizará de forma totalmente independiente del proceso legal, "presenta graves riesgos para la libertad de expresión ya que contenidos legales pero controvertidos podrían ser eliminados como resultado de este mecanismo voluntario y sin claros responsables de eliminación de contenidos".

De cualquier modo, puesto que representa un acuerdo voluntario y no vinculante, tiene pocas probabilidades de volverse clave. Si acaso, realza la voluntad del Gobierno de despachar la responsabilidad de tomar algunas de las decisiones más difíciles acerca de cómo nos expresamos en línea. Al hacerlo, por desgracia nos deja, como ciudadanos, a vivir partes cada vez más grandes de nuestras vidas en internet, sumidos en la oscuridad en cuanto a cómo estas reglas son aplicadas.

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