En un discurso dado en el departamento de Justicia de Estados Unidos la semana pasada, el presidente Barack Obama afirmó que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) renunciará a su base de datos de los registros de todas las llamadas de teléfono hechas en el país. La agencia mantendrá su capacidad para buscar entre esos datos, pero se almacenarán en otro sitio, siguiendo un plan cuyos detalles aún están por definirse.

El discurso de Obama es una respuesta a las revelaciones surgidas de los documentos filtrados por el contratista de inteligencia Edward Snowden, y al informe sobre las actividades de vigilancia de Estados Unidos elaborado por un panel de expertos encargado por el presidente y completado en diciembre de 2013. La existencia de un programa de registros telefónicos fue una de las revelaciones más significativas de las filtraciones de Snowden porque representaba una extensión desconocida hasta el momento de la vigilancia doméstica (ver "La vigilancia al usuario en Estados Unidos refleja una interpretación relajada de la Ley").

"Creo que los críticos tienen razón al señalar que sin las salvaguardas adecuadas este programa se podría usar para averiguar más detalles sobre nuestras vidas privadas y abrir la puerta a programas aún más invasivos en el futuro", afirmó Obama, en relación al programa de recogida de datos telefónicos a gran escala. Prometió "una transición que ponga fin al programa en su encarnación actual y establezca otro que preserve las capacidades que necesitamos sin que el gobierno guarde estos datos".

Obama reconoció que conseguirlo será un reto. El panel de expertos ha sugerido la posibilidad de que un tercero guarde los datos. "Depender de proveedores podría hacer que cambiaran sus operaciones de tal forma que surjan otros problemas de privacidad", dijo Obama. "Habría un tercero que se haría cargo de funciones del gobierno con un gasto mayor y una vigilancia menor".

Antes del 28 de marzo de este año se terminará un informe sobre cómo rediseñar el programa. Ésta es la fecha en la que el Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, que supervisa los programas de la NSA en relación con las leyes estadounidenses, debe reautorizar la versión actual del programa. Mientras tanto, la NSA sólo podrá buscar en su base de datos con permiso judicial y en caso de emergencia. También se impondrá un límite al análisis de llamadas que tengan dos grados de separación con la persona que se sospecha es una amenaza para la seguridad nacional, en vez de los tres grados actuales. 

Obama dejó claro que considera que la necesidad de recoger y analizar metadatos telefónicos de Estados Unidos no es negociable y rebajó la sensibilidad de la información. "Este programa no incluye el contenido de las llamadas ni los nombres de quienes las hacen", afirmó.

Algo que contrasta con la opinión vertida por el antiguo director adjunto de la CIA, Michael Morell, en una vista sobre la revisión de la vigilancia. Afirmó que los metadatos telefónicos contienen, en sí mismos, algo de información sobre el contenido de las llamadas. "Hay bastante contenido en los metadatos", afirmó. "No hay una distinción clara entre metadatos y contenido".

Obama también afirmó que había emitido una nueva directiva presidencial en la que se establecen los límites para la inteligencia en el extranjero, que en general no está restringida por leyes pertinentes. Esas reglas incluyen la promesa de que Estados Unidos sólo recogerá información para defender su seguridad nacional y para luchar contra el crimen. La directiva también incluirá directrices sobre cómo llevar a cabo la vigilancia contra líderes extranjeros y sus gobiernos, sólo en casos de "razones imperiosas de seguridad nacional", afirmó Obama.

Para establecer el nuevo protocolo de almacenaje de registros telefónicos al por mayor, tendrá que intervenir el congreso, así como para otras dos sugerencias hechas por Obama. En una de ellas, el Congreso establecería un panel de expertos en privacidad y tecnología no pertenecientes al gobierno para aconsejar al Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera; la otra serviría aumentar la vigilancia sobre el uso de las cartas de seguridad nacional, un instrumento legal usado por la NSA y el FBI para obligar a las empresas estadounidenses a entregar datos y prohibirles revelar ese hecho.

La actividad de presión ejercida en los pasillos de Washington por las empresas de tecnología que quieren que se les permita revelar cuántas cartas de seguridad nacional y otras solicitudes de datos han recibido por parte de la agencia de inteligencia, se ha visto recompensada. Obama afirmó que las cláusulas de confidencialidad de las cartas de seguridad nacional ya no serían indefinidas en la mayoría de los casos, y que las empresas de comunicaciones podrían revelar la información relativa a las solicitudes del gobierno.

Sin embargo, Obama decepcionó a los críticos con los programas de vigilancia doméstica de Estados Unidos que esperaban una reforma más sustancial y evitó mencionar algunas de las sugerencias más radicales del panel de revisión de la vigilancia. El panel había recomendado que la NSA sea dirigida por un civil y que se prohíba explícitamente a la agencia socavar los estándares de encriptado, por ejemplo.