De los dos grandes proyectos de vigilancia del Gobierno de Estados Unidos que salieron a la luz la semana pasada, el que podría parecer menos sorprendente -que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) recoge los registros de llamadas de la compañía Verizon en EE.UU.-, ha supuesto una mayor preocupación para los defensores de la privacidad que el informe que señala que la NSA puede obtener datos de usuario como correos electrónicos y fotografías en posesión de empresas de Internet como Google y Facebook.

La razón es que los detalles de la vigilancia telefónica, y la confirmación de su ámbito de aplicación por el director de inteligencia nacional de EE.UU., sugieren que la NSA ha ampliado su interpretación de la Ley Patriota de 2001 para permitir la recogida masiva de información sobre ciudadanos estadounidenses.

El mandato de la NSA se centra en captar información de inteligencia sobre extranjeros. Sin embargo, la gran redada de comunicaciones también recoge inevitablemente información sobre estadounidenses. En 2005, se reveló que la NSA estaba recogiendo registros telefónicos de ciudadanos estadounidenses. La preocupación pública sobre el programa pronto se desvaneció, pero muchos grupos de activistas e investigadores han estado trabajando desde entonces para saber más acerca de las actividades de vigilancia de la NSA. Una serie de informes publicados la semana pasada poniendo de manifiesto que la NSA hace un seguimiento secreto de los registros telefónicos y la información en línea de las personas para descubrir posibles actividades terroristas reavivó la indignación sobre la vigilancia, a lo que se sumaron las declaraciones del presidente Obama, que usó un cuidadoso lenguaje para defender las actividades, afirmando al público que "nadie está escuchando las llamadas telefónicas".

En concreto, una orden judicial publicada por el periódico británico The Guardian, muestra que la NSA obligó a la división de negocios de Verizon a entregar todos los registros de llamadas "de manera continua" en base a un artículo de la Ley Patriota, aprobada poco después de los ataques del 11 de septiembre en un esfuerzo por acabar con el terrorismo. Esa sección se había interpretado con anterioridad para permitir únicamente la demanda de datos existentes específicos. Estas demandas son examinadas por el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC, por sus siglas en inglés).

La nueva revelación sugiere que el gobierno y el FISC han llegado a una nueva interpretación de la Ley Patriota que permite la recopilación masiva de datos sobre ciudadanos y residentes estadounidenses, señala Christopher Soghoian, tecnólogo principal y analista de políticas del Proyecto de Voz, Privacidad y Tecnología de la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU, por sus siglas en inglés). "Creo que razonablemente podemos interpretar que el Gobierno ha estirado la ley hasta casi romperla", señala.

La sección 215 de la Ley Patriota regula el acceso del Gobierno a 'cosas tangibles', y afirma que ese concepto podría incluir 'libros, registros, artículos, documentos y otros elementos', mientras que otra sección con una supervisión más estricta, la 214, se aplica a la escucha de comunicaciones futuras. "En esta nueva interpretación secreta, están usando una disposición de la ley que les permite forzar la entrega de los registros existentes, un poco por la puerta de atrás", afirma Soghoian.

Deirdre Mulligan, profesor asistente de la Escuela de Información de la Universidad de Berkeley (EE.UU.) y presidente del Centro para la Democracia y la Tecnología, también está preocupada, y no es la única. Recientemente asistió a la Conferencia de Académicos de Leyes de Privacidad en la Universidad de Berkeley y señaló que el sentir general era "sombrío".

"Creo que esta revelación pone de manifiesto que se ha pagado un precio por no haber hablado de este tema de forma más detallada, ni haber tomado una decisión pública sobre el equilibrio entre la democracia y la policía", señala.

El programa de recopilación de datos de Internet, conocido como PRISM, también preocupa a los defensores de la privacidad, pero parece que se encuentra claramente dentro de las interpretaciones previamente establecidas por la legislación pertinente, la Ley de Enmiendas de la FISA, señala Soghoian. Sin embargo, PRISM podría ir en contra de las leyes de otros países, cuyas regulaciones sobre privacidad de datos tienden a ser más estrictas, añade.

Julián Sánchez, profesor investigador en el Instituto Cato, señala que los detalles del acuerdo de Verizon, descritos la semana pasada en un comunicado del director de inteligencia nacional, James Clapper, muestran que la NSA ha preferido la recogida de datos de forma masiva, y por adelantado, en lugar de centrarse exclusivamente en datos que se hayan considerado de probable interés.

Clapper reconoció que la recolección de datos fue amplia, pero señaló que "solo se indagó cuando existía una sospecha razonable". Eso resulta preocupante puesto que los datos sobre muchos ciudadanos y residentes estadounidenses se acumularán en los servidores del Gobierno, indica Sanchez. "Lo que se supone es que podemos extraer datos de registros que sean relevantes, y por eso en primer lugar los recolectamos al completo", señala. "Obviamente existe mucho más potencial para llevar a cabo abusos".

Numerosos expertos y grupos de libertades civiles están pidiendo la formación de un nuevo Comité Church, un comité del Senado liderado por el senador demócrata de Idaho Frank Church en la década de los 70 que investigó la recolección de datos de inteligencia del Gobierno y la vigilancia interna. Esto llevó a la formación de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera y el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.

"Me parece que es muy buen momento para que el Congreso, de manera muy detallada y pública, gestione mucho mejor los tipos de actividades en los que estamos involucrados en nombre de la guerra contra el terrorismo", señaló Mulligan.