El Departamento de Justicia de EE UU (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció el pasado 24 de febrero que ponía fin al controvertido proyecto denominado 'Iniciativa China' y que usaría una nueva estrategia para defenderse de las amenazas de otros estados. El programa comenzó bajo la administración de Trump como un esfuerzo por erradicar el espionaje económico. Pero generó críticas por no alcanzar ese objetivo y, en su lugar, centrarse cada vez más en los profesores universitarios e investigadores de ascendencia china.

El fiscal general adjunto Matthew Olsen explicó durante su conferencia en el Instituto de Seguridad Nacional de la Universidad George Mason que, tras revisar el programa, había llegado a la conclusión de que "no era la estrategia adecuada" para afrontar las amenazas de seguridad nacional. "En lugar de ese enfoque, el intimidante panorama actual exige una amplitud de miras".

"No se equivoquen, seremos implacables en la defensa de nuestro país frente a China", esgrimió el fiscal general adjunto. "Pero nuestro análisis nos ha convencido de la necesidad de un nuevo enfoque para abordar las amenazas más graves", redondeó en su declaración.

Olsen hizo hincapié en que las acciones del DOJ habían sido impulsadas por verdaderas preocupaciones de seguridad nacional. Pero resaltó que al agrupar los casos en la 'Iniciativa China' se había creado la percepción de que se trataba de manera diferente a las personas con vínculos con China. Su nueva estrategia, por lo tanto, estará centrada en enfrentar las amenazas por parte de todos los países hostiles.

El fiscal general señaló escuchar las preocupaciones de la comunidad sobre los sesgos raciales desde que empezó la revisión de la Iniciativa en noviembre del año pasado. También indicó atender las preocupaciones de la comunidad universitaria sobre las acusaciones a los investigadores por fraude de subvenciones y otros cargos que han tenido un efecto escalofriante.

Su División de Seguridad Nacional adoptará un enfoque de "supervisión" de los procesamientos por la seguridad e integridad científica, pero eso no afectará los casos pendientes contra los investigadores universitarios programados para ir a juicio. "Me parece bien que sigan su curso", destacó Olsen.

Antes su declaración, el fiscal general adjunto del Departamento de Justicia de EE UU. archivó la página de la Iniciativa China que había sido la principal fuente de información sobre los procesamientos de su sitio web.

Acabando con la Iniciativa

La investigación que publicó el MIT Technology Review en diciembre del año pasado ya evidenciaba lo que ha confirmado el Gobierno estadounidense: la Iniciativa China se había alejado mucho de su misión inicial. En lugar de centrarse en el espionaje económico, la Iniciativa parecía aglutinaba cualquier caso con conexión con China. Los acusados se enfrentaban a menudo a infracciones menores como fraude de subvenciones, de visado o de mentir a los investigadores. Pero incluso cuando no estaban acusados de espionaje, los fiscales federales los describían como amenazas a la seguridad nacional.

Las preocupaciones sobre el espionaje económico chino llevan años creciendo entre las autoridades del Gobierno de EE UU. Durante la administración de Obama, los funcionarios del Departamento de Justicia de EE UU presentaron una cantidad récord de casos en virtud de la Ley de Espionaje Económico, muchos de los cuales eran contra entidades chinas. Fue este Departamento el que presentó los cargos de ciber espionaje contra cinco hackers afiliados al Ejército Popular de Liberación de China, la primera vez que unos actores estatales acabaron acusados de piratería informática. 

La Iniciativa China, anunciada por la administración Trump el 1 de noviembre de 2018, fue el primer programa nacional específico centrado en un país en la historia del Departamento de Justicia de EE UU. Su lanzamiento ocurrió después de varios meses de retórica de confrontación. Trump y su administración presentaba a China como una amenaza y a todos los estudiantes chinos en las universidades estadounidenses como posibles espías, algo que requería una respuesta de "toda la sociedad" .

"Aunque sigo centrado en la cambiante amenaza significativa que plantea China, he llegado a la conclusión de que esta iniciativa no tiene el enfoque adecuado. En cambio, el panorama actual de amenazas exige un enfoque más amplio".

Fiscal General Adjunto Matthew Olsen

La investigación de MIT consistió en reunir y revisar la lista de casos de la Iniciativa a partir de los comunicados de prensa que destacaban las actividades y éxitos. Aunque la falta de transparencia del Departamento  de Justicia hizo imposible crear una lista completa.

No obstante, se encontraron algunos casos que coincidían directamente con el propósito declarado de la Iniciativa, como las acusaciones de los hackers vinculados a la seguridad del estado chino que se creía que estaban detrás de la violación masiva de datos de Equifax o el enjuiciamiento de una empresa taiwanesa y tres personas por robar secretos comerciales de una compañía estadounidense de semiconductores en beneficio de una empresa estatal china.

Pero el análisis demostró que los fiscales se centraban cada vez más en las cuestiones de la integridad científica como el fraude de subvenciones o las "ayudas dobles" (buscar financiación para la misma investigación de fuentes estadounidenses y chinas), a pesar de que la mayoría de los investigadores involucrados trabajaban en investigaciones fundamentales que se pretendían publicar en abierto.

Los datos de la investigación también mostraron que casi todos los acusados, el 88%, eran de etnia china, incluidos numerosos ciudadanos estadounidenses o personas que habían vivido y trabajado en EE UU durante muchos años. 

Después de que MIT Technology Review publicara sus hallazgos, el ex fiscal federal que ayudó a dar forma a la Iniciativa como miembro de su comité directivo, Andrew Lelling, escribió en una publicación de LinkedIn que la Iniciativa "había nacido como una política sólida", pero "se había desviado en algunos aspectos significativos, perdió su objetivo". Y continuó: "El DOJ debería renovar y cerrar partes del programa, para evitar los innecesarios miedos en cuanto las colaboraciones científicas y comerciales con los socios chinos".

Una política específica centrada en un país

En su presentación de la Iniciativa en 2018, el fiscal general Jeff Sessions señaló a los investigadores en laboratorios, universidades y en el sector de defensa como "recolectores no tradiciones" porque podrían ser utilizados para transferir tecnología en contra de los intereses de EE UU.

"El mismo término se ha utilizado como un eufemismo para hablar de 'espías'", escribió en un correo electrónico la abogada de Asian Americans Advancing Justice Gisela Kusakawa.

"Así se difumina la línea entre el Gobierno de China y las personas de ascendencia china. Básicamente, la fijación en los 'recolectores no tradicionales' tiene el efecto de centrarse en las personas de origen chino, en vez de en aquellos que cometen actos de espionaje patrocinados por el estado", añadió Kusakawa.

La investigación del MIT encontró que, hasta 2021, los casos clasificados por el Gobierno federal como "casos de la Iniciativa China" se habían convertido en un batiburrillo de procesamientos que denunciaban a los acusados por una amplia variedad de delitos. La única conexión era lo que los funcionarios del Departamento de Justicia de EE UU describían vagamente como un "nexo con China".

Muchos de los grupos e individuos que abogaban por el fin de la Iniciativa han admitido que consideran algunas de las acciones del Gobierno chino y del Partido Comunista Chino como legítimas amenazas a la economía o a la seguridad.

Pero esos mismos grupos y personas creen que el Gobierno estadounidense podría abordar estas preocupaciones sin necesidad de apuntar a los estadounidenses de origen asiático.

Avanzando hacia la claridad

En muchos de los casos, las pautas para informar sobre las vinculaciones extranjeras y la adhesión a otras fuentes de financiación por parte de los investigadores universitarios no estaban claras, y eso fue parte del problema. Participar en un programa de talento chino, por ejemplo, es legal, aunque esa participación haya sido motivo de sospecha y un factor relevante en varios casos de la Iniciativa China.

La colaboración con los investigadores de instituciones extranjeras ha sido durante mucho tiempo una parte aceptada y fomentada en la vida académica. Pero la tensa relación política entre EE UU y China y los enjuiciamientos de los investigadores universitarios en el marco de la Iniciativa China han creado incertidumbre sobre el futuro de la cooperación entre los investigadores estadounidenses y chinos.

Las nuevas instrucciones de la Oficina de Políticas Científicas y Tecnológicas (OSTP, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca sobre el fortalecimiento de la seguridad científica en EE UU, publicadas a principios de enero, brindan una nueva claridad sobre qué tipos de colaboraciones internacionales están permitidas.

Estas pautas deberían aclarar los requisitos para los investigadores que financian su trabajo con fondos federales además de desarrollar mejores prácticas para las agencias federales de investigación.

También establecen un objetivo de normas y formas estandarizadas de transparencia para los investigadores que buscan financiación federal y ofrecen más información sobre cuándo los investigadores deben declarar posibles conflictos de intereses e informar sobre su participación en los programas extranjeros. Las instrucciones publicadas también exponen las posibles consecuencias de las infracciones, incluida la posibilidad de cargos penales.

Y aunque ahora las normas son más claras no se sabe exactamente qué impacto tendrán.

La OSTP denunció explícitamente la xenofobia y pidió que las pautas se implementen sin afectar negativamente la colaboración científica y la contratación.

"Los desafíos de seguridad científica a los que nos enfrentamos son reales y serios: algunos gobiernos extranjeros, incluido el de China, trabajan arduamente para adquirir ilícitamente nuestras tecnologías más avanzadas. Esto es inaceptable", escribió el exdirector de la OSTP, Eric Lander, en el informe que presenta las nuevas pautas.

"Al mismo tiempo, si nuestras políticas para abordar esas acciones disminuyen significativamente nuestro gran poder de atraer talento científico internacional o si alimentan la xenofobia contra los estadounidenses de origen asiático, nosotros mismos nos habremos hecho más daño que cualquier competidor o adversario. Por lo tanto, necesitamos un enfoque reflexivo y efectivo".

Muchos expertos que dieron por escrito su aportación a las reglas, recomendaron que las pautas tuvieran algún mecanismo de "amnistía", una forma para que las personas que habían estado involucradas en programas de talentos y otras afiliaciones pudieran revelar esos lazos sin temor a ser castigadas, aunque cuando esta idea se planteó por primera vez a principios de 2021, los legisladores republicanos la rechazaron rápidamente.

Cuando se le preguntó a un miembro de la OSTP cómo deberían proceder los investigadores en ausencia de esa disposición de amnistía, éste insistió en las pautas que recomendaba a las agencias de investigación sobre "garantizar la existencia de mecanismos para corregir las declaraciones: comunicación clara, simple y sencilla". Las reglas de la OSTP animan a los investigadores a revelar las infracciones pasadas, pero eso podría no ser suficiente para calmar a los investigadores después de tres años de duración de la Iniciativa China.

"La Iniciativa China buscaba problemas en los círculos universitarios donde ni esos mismos círculos se habían dado cuenta de que eran problemas", resalta la analista de políticas de China del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown (EE UU) Emily Weinstein, quien fue una de las expertas que había recomendado alguna forma de amnistía.

"Tiene que haber algún tipo de rama de olivo", opina Weinstein. "Solamento arreglar el requisito de transparencia es como ponerle una tirita".

Un momento de celebración y una necesidad de reflexión

Pero incluso con el final de la Iniciativa, el profesor de la Universidad de Princeton (EE UU), Rory Truex, que ha escrito sobre el efecto de la Iniciativa en la ciencia estadounidense, cree que existe un "miedo palpable" en la comunidad universitaria.

Resulta llamativo que cientos de personas en la comunidad universitaria se hayan unido para rechazar las acciones del Gobierno, incluidos muchos investigadores que no son étnicamente chinos, señala Truex.

"Los científicos y académicos en general rara vez actúan de manera colectiva", indica Truex.

Es posible que los cambios en la Iniciativa no aborden por completo las preocupaciones de la comunidad asiático-estadounidense.

"Acabar con la Iniciativa China del DOJ tal y como estaba planteada es un gran paso para detener la discriminación racial de los científicos chinos", escribió en un correo electrónico a MIT Technology Review antes del anuncio de Olsen, la profesora del Centro de Estudios y Prácticas de Políticas Educativas de la Universidad de Arizona (EE UU) Jenny J. Lee.

"No obstante, es probable que continúen las opiniones en contra de China, y en contra de las personas relacionadas con China", agregó Lee. "Los estereotipos negativos y la discriminación contra la comunidad asiática se extienden mucho más allá de la sala del tribunal".

"La Iniciativa China y la retórica más amplia a su alrededor han perjudicado la competitividad de nuestra nación, han arruinado las carreras de algunos investigadores inocentes y han dañado gravemente la relación del Gobierno con las comunidades asiático-estadounidenses", escribió por correo electrónico (después de la declaración de Olsen) la presidenta nacional de OCA-Asian Pacific American Advocates, Linda Ng. "Aunque somos cautelosamente optimistas sobre la revisión del programa por parte del Departamento de Justicia, eso no debería ser un esfuerzo solo de renovación. El Fiscal General Garland y el Fiscal General Adjunto Olsen se deben comprometer a implementar reformas sustantivas y enfocadas hacia la prevención de los ataques raciales injustos. Los intereses de seguridad nacional nunca se deben usar como una excusa para despojar sistemáticamente a los estadounidenses de origen asiático y a los científicos inmigrantes asiáticos de sus libertades civiles".

Para los científicos que habían sido procesados por el Gobierno, la terrible experiencia continúa, a veces durante años, después de acabar absueltos.

Los casos de la hidróloga Sherry Chen y del profesor de física Xi Xiaoxing, son anteriores a la Iniciativa China: se presentaron cargos en su contra en 2014 y 2015, respectivamente. Ambos tenían trayectorias similares y a los dos les retiraron los cargos antes del juicio. Años después, los científicos siguen con acciones legales de daños y perjuicios contra el Gobierno federal.

Por otro lado, está el caso del profesor del MIT Gang Chen quien fue acusado de fraude electrónico, declaración falsa sobre la renta y de no revelar una cuenta bancaria extranjera. Finalmente se desestimaron sus cargos antes del juicio porque el Gobierno no pudo cumplir con su carga de la prueba.

Chen regresó a su laboratorio y ha vuelto a dar clases. Está convencido de que continuará con su trabajo, pero no solicitará subvenciones federales en el futuro, a pesar de que las subvenciones del Gobierno representan una parte importante del dinero disponible para financiar la investigación. "Todavía no sé cómo lo haré", confesó a MIT Technology Review en una entrevista días después de la desestimación de su caso. "Tendré que buscar una solución".