Silicon Valley apoya la RBU para dotar de ingresos a la población debido a la automatización de los puestos de trabajo y el problema social que generaría. En Estados Unidos, la crisis sanitaria ha transformado esta dotación económica en un ingreso mínimo financiado en algunos casos por millonarios como el cofundador de Twitter Jack Dorsey y que busca resolver, además de problemas económicos, también raciales
Hace varios años, cuando la maestra Elizabeth Softky escuchó por primera vez el concepto de la renta básica universal (RBU), tenía sus dudas. En aquel entonces trabajaba en una escuela pública y sabía lo difícil que era convencer a la gente de apoyar incluso los beneficios económicos más modestos, como los aumentos de sueldo para sus compañeros de trabajo. "¿Dar dinero a la gente? No podía entenderlo. No se puede simplemente dar dinero a la gente", reconoce.
Pero eso fue antes de que le diagnosticaran cáncer de colon, antes de que la quimioterapia agresiva la dejara sin poder trabajar ni pagar el alquiler, antes de que la desalojaran de su casa en Redwood City (California, EE. UU.) y antes de mudarse a un refugio para personas sin hogar en esa zona. También fue antes de que recibiera la llamada de que había sido aceptada en un programa que ofrecía seis pagos mensuales de 500 dólares (410 euros) a 15 personas sin hogar.
Era diciembre de 2020 y se trataba de un programa piloto, dirigido por la organización sin ánimo de lucro Miracle Messages, que ofrecía un ingreso garantizado: una transferencia directa de dinero sin condiciones. Para Softky, eso fue un salvavidas, y confiesa: "Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía… respirar profundamente, comenzar a ahorrar y verme a mí misma en el futuro".
La idea de "simplemente dar dinero a la gente" ha formado parte de las noticias desde que se convirtió en una causa favorecida por muchos empresarios de alto perfil de Silicon Valley, incluidos el cofundador de Twitter Jack Dorsey; los de Facebook Mark Zuckerberg y Chris Hughes, y el fundador ejecutivo y director de la Singularity University (EE. UU.), Peter Diamandis. Propusieron la RBU como una solución a la pérdida de puestos de trabajo y al conflicto social que generarían la automatización y la inteligencia artificial (IA), las mismas tecnologías que creaban sus propias empresas.
Pero, aunque algunos nombres prominentes de la tecnología todavía siguen involucrados hoy en día, especialmente cuando se trata de financiar proyectos, el discurso ha cambiado. Su centro de gravedad se ha alejado de la RBU destinada a contrarrestar la automatización del trabajo, y más hacia el ingreso garantizado con el fin de abordar las injusticias económicas y raciales.
Cómo surgió el ingreso garantizado
La idea de un ingreso entregado directamente por el Estado, propuesta por primera vez por los filósofos del siglo XVI, se ha considerado en muchos sectores como una protección de todo tipo de males sociales. Los progresistas argumentan que el ingreso mínimo garantizado tiene el potencial de sacar a las comunidades de la pobreza. Mientras tanto, algunos conservadores y liberales ven la renta básica universal como una alternativa rentable a los sistemas existentes de bienestar social.
En Estados Unidos, los defensores del ingreso garantizado como una cuestión de justicia económica han sido los Panteras Negras y Martin Luther King, mientras que el economista liberal Milton Friedman lo defendió como una forma de impuesto negativo sobre la renta. Incluso, el presidente estadounidense Richard Nixon propuso entregar dinero directamente a las familias, sin condiciones. Su plan, elaborado después de que mil economistas lo urgieran en una carta abierta, fue aprobado dos veces por la Cámara de Representantes, pero fue rechazado por el Senado.
Los defensores de la RBU del sector tecnológico suelen seguir el modelo liberal, tanto por sus creencias fundamentales sobre el futuro como por su teoría principal del cambio. Si bien no se trata de una solución tecnológica per se, también lo es de alguna manera. Es el último truco para superar las complejidades de crear políticas equitativas de bienestar social.
Está muy "en consonancia con el actual entusiasmo de Silicon Valley por los experimentos e ideas de políticas alternativas. Es como decir: 'Vale, los sistemas e instituciones regulares no están funcionando, y aquí está este truco tan genial'", afirma la profesora de la Universidad de Washington (EE. UU.) e historiadora de la tecnología Margaret O'Mara, que ha escrito mucho sobre la historia de la industria tecnológica.
Cuando el concepto de la RBU comenzó a afianzarse en Silicon Valley, muchos partidarios buscaron casos prácticos fuera de Estados Unidos. En 2017, Finlandia lanzó un plan de dos años que otorga ingresos mensuales a 2.000 ciudadanos desempleados. En Canadá, el Gobierno de Ontario anunció un programa de tres años que se interrumpió cuando otro partido más conservador llegó al Gobierno. También ha habido proyectos piloto en Irán, España, Holanda y Alemania.
Pero Estados Unidos también tiene sus precedentes. Cuando Nixon planteaba su propio plan de ingreso garantizado, se llevaron a cabo estudios en ciudades como Denver y Seattle (ambas en EE. UU.). Desde 1982, el Fondo Permanente de Alaska ha entregado una parte de los ingresos petroleros del estado a cada ciudadano adulto, una media de 1.100 dólares (905 euros) al año. Varias tribus indígenas pagan una parte de los ingresos del casino a cada miembro registrado. Estos sistemas no han mostrado casi ningún impacto en la tasa de empleo: las personas no renuncian a sus trabajos, algo que es una de las preocupaciones comunes de los críticos, sino que han llevado a mejores resultados en educación, salud mental y delincuencia.
Aun así, hay algo que se ha percibido inherentemente antiestadounidense sobre la RBU. Por eso Softky se opuso cuando lo escuchó por primera vez en la radio: "Porque yo era una buena estadounidense" (se supone que un buen estadounidense no aceptaría limosnas).
"Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía... respirar profundamente, comenzar a ahorrar y verme a mí misma en el futuro"
El exaspirante a la presidencia estadounidense Andrew Yang entendió esta barrera cognitiva de la 'americanidad' cuando propuso la RBU como el tema central de su campaña de 2020 para la candidatura demócrata. Sabía que el nombre que decidió darle a su plan de enviar cheques mensuales de 1.000 dólares (822 euros) a todos los estadounidenses sería crucial para obtener una recepción positiva, por lo que estudió varias opciones antes de decidirse por el "dividendo de la libertad". Al fin y al cabo, el capitalismo se ha convertido en el sinónimo del sueño americano, y ¿qué es más capitalista que un dividendo? Y la libertad... Bueno, habla por sí sola.
Conseguir las mismas oportunidades
Cuando Yang empezó su campaña presidencial, varios proyectos piloto de ingreso básico comenzaban a generar datos en distintas ciudades estadounidenses.
Uno fue Magnolia Mother's Trust (MMT), en Jackson, Misisipi (EE. UU.), que se dirigió específicamente a las madres negras de bajos ingresos. En diciembre de 2018, su primer grupo de 20 madres recibió sus primeros 1.000 dólares (822 euros) y la misma suma todos los meses durante un año (también se les entregaron cuentas de ahorro para sus hijos). Para muchas de ellas, los 12.000 dólares (9.870 euros) duplicaron sus ingresos anuales. Desde entonces, el programa ha añadido otros dos grupos más de 110 mujeres cada uno.
Centrarse en las madres negras fue intencional, según la CEO de la organización sin ánimo de lucro detrás de MMT Springboard to Opportunity, Aisha Nyandoro: "Cuando analizamos la pobreza en este país y quiénes han sido más perjudicados", señala, "son las mujeres negras". El grupo también decidió crear cuentas de ahorro para los niños con el fin de abordar el hecho de que la pobreza en Estados Unidos a menudo es generacional.
"Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de estar apoyando bien a esa población que ha sido marginada?" pregunta Nyandoro. Aunque el análisis no está completo, los primeros resultados son prometedores. En comparación con el grupo de control, los participantes del proyecto piloto tenían un 40 % menos de probabilidades de incurrir en deudas por gastos de emergencia y un 27 % más de probabilidades de acudir a un médico. De media, lograron reservar 150 dólares (123 euros) cada mes para los alimentos y gastos del hogar.
Sin embargo, para Nyandoro, estos medibles "resultados capitalistas" eran solo una parte de la historia. Eran importantes, pero también lo eran la dignidad y la capacidad que se devolvía a los destinatarios. "Tantas familias con las que trabajamos", explica Nyandoro, "no han tenido a nadie que les diga: 'No tienes que demostrar que te lo mereces. Simplemente te lo mereces'".
En otras palabras, el ingreso garantizado no se trataba de limosnas, sino de dar a todos, empezando por los más marginados, la posibilidad de tener las mismas oportunidades.
El poder del discurso
Dar a todos las mismas oportunidades también fue la misión del entonces recién electo alcalde de Stockton (California), Michael Tubbs, cuando lanzó el experimento del ingreso garantizado en su ciudad en febrero de 2019 y se convirtió en el rostro de este movimiento renovado.
La Demostración del Empoderamiento Económico de Stockton, o SEED por Stockton Economic Empower Demonstration, dio a 125 ciudadanos elegidos al azar 500 dólares (411 euros) al mes durante 18 meses. Atrajo mucha atención —Tubbs y sus esfuerzos incluso fueron tema de un documental de HBO— y obtuvo fondos de la organización sin ánimo de lucro de Chris Hughes Economic Security Project. Los resultados fueron alentadores. La mayor parte del dinero se destinó a satisfacer las necesidades básicas. Los alimentos constituían la categoría de gasto más grande (37 %), mientras que solo el 1 % se gastaba en alcohol o tabaco (algo que preocupaba a los oponentes). Además, en vez de abandonar sus puestos de trabajo, los participantes encontraron empleo doblando la tasa del grupo de control.
Animado por este éxito, Tubbs creó la organización Alcaldes por el Ingreso Garantizado (Mayors for Guaranteed Income) para expandir el proyecto piloto de su ciudad. Hasta la fecha, se han inscrito 42 alcaldes de Estados Unidos, y ya se están realizando otros proyectos adicionales en pueblos y ciudades desde Hudson, Nueva York y Gary, Indiana (todo en EE. UU.), hasta Compton, en California.
Desde que se publicaron los resultados del primer año de SEED en marzo, a Tubbs se le ha preguntado a menudo qué aprendió. A finales de marzo me confesó: "Me siento tentado a decir que 'nada'". Quiere decir que el proyecto piloto no le mostró nada que no fuera obvio para él: sabía por experiencia personal que muchos estereotipos sobre la gente pobre (especialmente los negros) no están, como él lo expresó, "arraigados en la realidad".
Tubbs nació en Stockton de madre adolescente y padre encarcelado. Fue a la Universidad de Stanford (EE. UU.) con una beca basada en sus necesidades y volvió a casa después de graduarse. Pronto fue elegido para el Concejo Municipal, antes de convertirse en alcalde cuando solo tenía 26 años.
Él no necesitaba los datos para saber que podía confiar en las personas con el fin de tomar decisiones económicas racionales, pero la experiencia le ayudó a "aprender el poder del discurso".
El alcalde reconoció que "a veces la ideología, otras veces el racismo" influyen en las percepciones de la gente. Una parte de su trabajo como alcalde se convirtió en "ilustrar lo que es real y lo que no lo es", explica. Vio la oportunidad de "ilustrar lo que realmente está respaldado por los datos y lo que está respaldado por los sesgos".
La necesidad de cambiar el discurso a través de la investigación y la evidencia también fue obvio para Nyandoro, de Magnolia Mother's Trust. Unos días antes de que el tercer grupo comenzara a recibir dinero, le pregunté a qué cuestiones de investigación esperaba que respondiera este nuevo ciclo.
"Ahora tenemos datos más que suficientes para demostrar que el dinero funciona", me respondió. Su pregunta ya no era cómo el dinero afectaría a las personas de bajos ingresos, sino más bien, "¿cuáles son los datos o los puntos de conversación que necesitamos para llegar a los legisladores... para conmover sus corazones?" ¿Qué evidencia podría ser suficiente para hacer del ingreso garantizado una política a nivel federal?
Al final resultó que lo que marcó la diferencia no fue más investigación, sino la pandemia global.
El efecto de la pandemia
Cuando las órdenes de quedarse en casa cerraron muchos negocios y destruyeron empleos, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos que ya eran vulnerables, el abismo de la desigualdad estadounidense se volvió más difícil de ignorar. Las colas para pedir comida se extendían por kilómetros. Millones de estadounidenses se enfrentaron al desalojo. Los estudiantes sin acceso a internet en casa recurrieron a los estacionamientos públicos para conectarse a wifi y asistir a clases online.
Todo esto era peor para las personas racializadas. En febrero de 2021, las mujeres negras e hispanas, que son solo un tercio de la fuerza laboral femenina, representaron casi la mitad de las pérdidas de empleos de mujeres por la pandemia. Mientras tanto, los hombres negros estaban desempleados casi el doble que otros grupos étnicos, según los datos del censo analizados por el Centro de Investigación Pew.
Todo esto también cambió el debate sobre los costes de los programas del ingreso garantizado. Cuando la comparación era entre la renta básica y el statu quo, se los consideraba demasiado caros para ser realistas. Pero, ante la recesión causada por la pandemia, de repente los paquetes de ayuda se consideraron necesarios para reactivar la economía estadounidense o, al menos, evitar lo que el entonces presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, llamó una "espiral descendente" con resultados "trágicos".
"La COVID-19 ilustró todas las cosas que sabemos los que nos relacionamos y trabajamos con y para las personas con inseguridad económica"
"La COVID-19 ilustró todas las cosas que sabemos los que nos relacionamos y trabajamos con y para las personas con inseguridad económica", afirma Tubbs. Es decir, la pobreza no era un problema de "la gente sino de los sistemas. Tiene que ver con las políticas".
Los pagos de estímulo y el aumento de la prestación por desempleo, es decir, transferencias directas de dinero sin condiciones a los estadounidenses, se aprobaron con un gran apoyo público. Y a principios de este año, se introdujo el ampliado Crédito Tributario por Hijos y Dependientes (CTC, por sus siglas en inglés) que proporciona hasta 3.600 dólares (2.965 euros) por cada hijo, en cuotas mensuales, a la mayoría de las familias estadounidenses.
Esta nueva prestación, que durará un año, está disponible incluso para las familias que no ganan suficiente dinero para pagar el impuesto sobre la renta, que se habían quedado fuera de las versiones anteriores del crédito fiscal. Y al realizar pagos mensuales de hasta 300 dólares (247 euros) por cada hijo, en vez de un solo pago al final del año, ofrece a las familias una mejor oportunidad de planificar sus gastos. Se espera que reduzca la pobreza infantil a la mitad.
Puede que Washington no haya utilizado el lenguaje del ingreso garantizado, pero estos programas se ajustan a la definición.
El CTC es "un cambio de juego", según la cofundadora del Economic Security Project, Natalie Foster, que financió muchos de los proyectos piloto, incluidos SEED y Alcaldes por el Ingreso Garantizado. "Revierte décadas de políticas punitivas de bienestar en Estados Unidos", asegura Foster, y prepara el escenario para políticas más permanentes.
Aunque su organización pensó al principio que se podría necesitar una década de datos de programas piloto basados en las ciudades para "informar a los formuladores de políticas federales", el CTC significa que el ingreso garantizado ha llegado, al menos por un tiempo.
Las leyes de estímulo y el CTC también hacen que Tubbs sea "más optimista ahora que nunca" acerca de que el ingreso garantizado pronto podría convertirse en un elemento permanente de la política federal. "Vivimos en una época de pandemias. No es solo la COVID-19. Es el terremoto del mes que viene. Son los incendios forestales. Todas estas cosas ocurren todo el tiempo, sin mencionar la automatización. Debemos tener la capacidad de que nuestra gente desarrolle resiliencia económica".
Pero incluso si la retórica se ha alejado del concepto tecnocrático de la RBU, el interés de Silicon Valley en la universalidad no ha desaparecido. En abril pasado, Jack Dorsey anunció su nueva iniciativa filantrópica, Start Small LLC, para repartir 1.000 millones de dólares (823,5 millones de euros).
Las donaciones se centrarían primero en el alivio de la COVID-19. Después de la pandemia, se trasladarían a la renta básica universal y a la educación de las niñas, detalló Dorsey. Poner dinero en estas causas, explicó, representaba "las mejores soluciones a largo plazo para los problemas existenciales con los que se enfrenta el mundo".
A pesar de su anunciado enfoque en la renta básica universal, StartSmall se ha convertido en uno de los mayores financiadores del ingreso garantizado. Donó 18 millones de dólares (14,82 millones de euros) a Alcaldes por el Ingreso Garantizado, 15 millones de dólares (12,35 millones de euros) al Open Research Lab (anteriormente conocido como el experimento de la renta básica Y Combinator), 7 millones de dólares (5,76 millones de euros) a la fundación de Andrew Yang Humanity Forward, y más recientemente 3,5 millones de dólares (2,88 millones de euros) para crear el laboratorio Cash Transfer Lab en la Universidad de Nueva York, con el fin de realizar más investigaciones sobre este tema.
Yang, que se postula actualmente para alcalde de la ciudad de Nueva York, también se ha alejado de su enfoque en la universalidad. En vez de enviar cheques de 1.000 dólares (823,5 euros) cada mes a todos, ahora aboga por un ingreso mínimo garantizado de 2.000 dólares (1.647 euros) al año para los neoyorquinos que viven en la pobreza extrema.
Tubbs reclama algo de mérito por estos cambios. Recuerda una conversación con Dorsey en la que le dijo al multimillonario: "Llevará tiempo llegar a la universalidad, pero es urgente tener el ingreso garantizado... Así que, a ver, no vamos a... probar la RBU. Sí que podemos probar el ingreso garantizado. Empecemos por ahí".
Dorsey tomó en serio las palabras de Tubbs, según indican sus donaciones. Sin embargo, lo que aún no está claro es si él y otros líderes tecnológicos ven el ingreso garantizado como un trampolín hacia la RBU o como un fin en sí mismo. Ni Dorsey ni el personal de Start Small respondieron a las solicitudes de entrevista.
Uno de los primeros "defensores de la renta básica", Scott Santens, cree que el interés inicial del sector tecnológico en la RBU como solución para la pérdida de empleo sigue siendo relevante. La pandemia ha llevado a un aumento de las ventas de automatización y robots, resalta Santens, y señala a los informes de que han aumentado las consultas sobre la tecnología del centro de llamadas de Amazon, al igual que las compras de robots de almacén para sustituir a los trabajadores.
Mientras tanto, la persona que ayudó a iniciar el experimento sobre la RBU de Y Combinator antes de marcharse para dirigir la start-up de inteligencia artificial OpenAI, Sam Altman, escribió recientemente un manifiesto sobre la situación. En él, instó a que nos mantengamos centrados en el panorama general: aunque la pandemia ha causado un impacto a corto plazo, es la tecnología, específicamente la inteligencia artificial, la que tendrá el mayor impacto en el empleo a lo largo del tiempo.
Altman pidió que la RBU se financiara con un impuesto del 2,5 % sobre las empresas. "La mejor manera de mejorar el capitalismo es permitir que todos se beneficien de él directamente como accionistas", escribió.
Pero, ¿"todos" incluirían a las personas de color, que ya están siendo perjudicadas a niveles desproporcionados por los sesgos de la IA? ¿Y un dividendo pagado con el botín de la inteligencia artificial podría compensar ese daño? El manifiesto de Altman omite notablemente cualquier mención a la raza.
Cuando se le contactó para hacer comentarios, Altman envió una declaración a través de un representante de OpenAI que dice: "Debemos construir la IA de tal manera que no cause más daño a las comunidades tradicionalmente marginadas. Además de crear la tecnología de una forma equitativa y justa, también debemos encontrar el modo de compartir los beneficios de una manera amplia. Son temas de una importancia independiente".
Altman no respondió a las preguntas específicas sobre cómo la IA ya perjudicaba a las comunidades negras, y cómo los hombres negros ya estaban siendo acusados erróneamente de delitos sobre la base de un reconocimiento facial defectuoso.
La profesora O'Mara señala que, para los tecnólogos, una cosa no ha cambiado durante la pandemia: la suposición de que el progreso tecnológico es inevitable y positivo. Eso fomenta una actitud de "averigüemos cómo ajustar la sociedad en torno a ello en vez de decir: 'Bueno, tal vez en primer lugar deberíamos intentar prevenir ese desplazamiento'", opina.
Tubbs, que recientemente fue coanfitrión de una sesión de Clubhouse con Altman, tiene una visión más amplia y clara del papel de Silicon Valley en este movimiento: "Me complace que [los tecnólogos] sean parte de la conversación", porque "una gran cantidad de ingresos vendrán de ellos o de los productos que fabrican".
Al fin y al cabo, es en gran parte el dinero de la tecnología lo que le permitió poner 500 dólares (412 euros) adicionales en manos de los participantes de su proyecto piloto cada mes. "Una vez entregado ese dinero", lo que sucede después, resalta Tubbs, "depende de la persona que recibió el dinero".
Pero ¿qué pasa si los daños causados por el sector tecnológico son la razón por la que los destinatarios necesitaban esa generosidad tecnológica en primer lugar?
Cuando Elizabeth Softky se quedó sin hogar en 2018, no era la única; la gentrificación de Redwood City a manos de las empresas tecnológicas y sus trabajadores estaba en pleno apogeo. Las fuerzas económicas que ella no pudo controlar han dado forma a sus altibajos personales. Es "hipercapitalismo", opina.
Softky estaba agradecida, por supuesto, por sus seis meses de ingreso garantizado, pero también consciente de los desafíos más amplios que un programa a corto plazo dirigido por una pequeña organización sin ánimo de lucro no podía resolver. Ella espera que la organización amplíe tanto la cantidad de dinero que está dando como la duración del programa. Pero sería mucho mejor que el Gobierno hiciera lo mismo.