Un documento de 200 páginas detalla las siete estrategias clave del nuevo presidente de EE. UU. para acabar con la COVID-19, que está a punto de llegar al medio millón de muertos en el país. Destaca la inversión para fabricar EPI, vacunas, tratamientos y test de diagnóstico domésticos, y la mascarilla obligatoria
En su primer día en el cargo, el nuevo presidente de EE. UU., Joe Biden, afirmó que hará falta un "esfuerzo sobrehumano propio de una guerra" para abordar la pandemia de coronavirus (COVID-19), y aprovechó para presentar su plan de siete puntos para luchar contra ella.
Se comprometió a guiarse por la ciencia y a mantener la transparencia y la responsabilidad como valores fundamentales en el funcionamiento de su administración. El plan en cuestión es la esencia de un documento estratégico de 200 páginas en el que se expone intenciones, algunas de las cuales ya ha empezado a ponerse en práctica mediante órdenes ejecutivas. Actualmente, miles de estadounidenses mueren de COVID-19 todos los días, y la cifra de total de fallecidos ya roza el medio millón, por lo que la acción no podría ser más urgente.
¿Cuál es el plan de Biden?
1. Implementar el uso obligatorio de mascarillas en todo el país en colaboración con los alcaldes y gobernadores para establecer órdenes locales y pedir a los estadounidenses que las usen cuando estén con personas no convivientes.
2. Asegurarse de que todos los ciudadanos tengan acceso a pruebas gratuitas de diagnóstico del coronavirus duplicando el número de espacios de autocovid, invirtiendo en test que se pueden realizar en casa y en pruebas instantáneas, estableciendo la Junta de Pruebas durante la Pandemia para producir y distribuir los test y creando el Cuerpo de Empleos de Salud Pública de EE. UU. para reclutar al menos 100.000 estadounidenses para que realizan el rastreo de contactos y otras tareas de salud pública.
3. Solucionar los problemas persistentes con los equipos de protección individual (EPI) en función de la Ley de Producción de Defensa para aumentar la producción y garantizar que en el futuro el país tenga capacidad para fabricar EPI sin depender de otros países.
4. Ofrecer consejos claros de salud pública basados en la evidencia sobre el distanciamiento social y trabajar para que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) brinden a las comunidades indicaciones claras sobre cuándo "retomar" medidas como cierres de escuelas, cuarentenas y mayores o menores restricciones para restaurantes en función del nivel de riesgo y el grado de propagación viral. Se ha previsto proporcionar fondos de emergencia para los gobiernos estatales y locales, escuelas y las pequeñas empresas para que puedan seguir estas órdenes.
5. Planificar una manera para que todos los estadounidenses reciban tratamientos y vacunas gratuitas con una inversión de más de 20.000 millones de euros para fabricación y distribución, garantizando que el desarrollo de vacunas sea independiente de la política y abordando problemas como el aumento de precios de los productos farmacéuticos a medida que surjan.
6. Proteger a los mayores y a otros grupos e alto riesgo creando un grupo de trabajo sobre desigualdad étnica y racial por COVID-19 para ofrecer recomendaciones y supervisión, y crear un Panel de control de pandemias a nivel nacional para que los estadounidenses puedan ver en tiempo real los niveles de propagación local en su área.
7. Ampliar las defensas de EE. UU. para prevenir futuras pandemias restableciendo la Dirección de Seguridad Sanitaria Global y Biodefensa del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, reincorporarse en la OMS, reactivar el programa de seguimiento de patógenos denominado PREDICT y aumentar el número de investigadores de enfermedades de los CDC.
Biden ya ha dado algunos de estos pasos a través de la firma de 10 órdenes ejecutivas. En ellas se incluye un nuevo requisito para que los estadounidenses usen mascarillas en el transporte público, la creación de la Junta de Pruebas durante la Pandemia y una orden para crear una nueva guía para escuelas y empresas. Pero todavía se enfrenta a importantes obstáculos políticos, con la incertidumbre sobre si la facción republicana en el Congreso de EE. UU. aceptará la aprobación de un paquete de ayudas de 1,6 billones de euros para financiar estas medidas.