Al menos 20 países se han escudado en el coronavirus para introducir restricciones digitales radicales y arrestar a sus críticos, según el último informe de Freedom House. Los expertos demandan la construcción de estructuras de gobierno sólidas que hagan cumplir los derechos básicos 'online'
La noticia: según el último informe del grupo de expertos Freedom House, la libertad global en internet ha disminuido por décimo año consecutivo, ya que distintos gobiernos están utilizando la pandemia de coronavirus (COVID-19) como excusa para restringir los derechos de las personas. Sus investigadores analizaron 65 países, que representan el 87 % de los usuarios de internet en todo el mundo. El informe cubre el período desde junio de 2019 hasta mayo de 2020, pero se produjeron algunos cambios clave cuando empezó la pandemia.
El efecto pandemia: en al menos 20 países, la pandemia fue esgrimida como argumento para introducir nuevas restricciones radicales y arrestar a los críticos online. En 28 países, los gobiernos bloquearon algunos sitios web u obligaron a los medios, usuarios o plataformas a censurar información relacionada con informes críticos, estadísticas sanitarias desfavorables u otro contenido asociado al coronavirus. En al menos 45 de los países estudiados, algunas personas fueron arrestadas como resultado de sus publicaciones online sobre la COVID-19.
Muchos países también llevan a cabo una vigilancia cada vez más amplia de sus ciudadanos, con el seguimiento de contactos o apps que controlan el cumplimiento de cuarentena que resultan especialmente propicias para el abuso en naciones como Baréin, India y Rusia. En China, las autoridades utilizaron herramientas de alta y baja tecnología no solo para gestionar el brote del coronavirus, sino también para evitar que las personas compartieran información y desafiaran el discurso oficial.
Otros hallazgos más allá de la pandemia:
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La posición de Estados Unidos como líder mundial de la libertad en internet está cada vez más amenazada. El informe concluye que la libertad en internet se redujo en Estados Unidos por cuarto año consecutivo. Las agencias federales y locales de aplicación de la ley en EE. UU. han adoptado nuevas herramientas de vigilancia en respuesta a las protestas contra la injusticia racial, y varias personas se enfrentaron a cargos penales por actividades online relacionadas con las manifestaciones. El informe critica directamente al presidente, Donald Trump, por emitir órdenes ejecutivas draconianas sobre la regulación de las redes sociales y por ayudar a crear y difundir desinformación peligrosa.
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El fenómeno "splinternet" sigue avanzando. Estados Unidos, la India y Pakistán han prohibido aplicaciones de propiedad china, lo que ayuda a legitimar la postura de China de que cada estado debe supervisar su propio "internet nacional". En al menos 13 países, internet fue bloqueado por completo en algún momento durante el año pasado, con la India a la cabeza de los apagones de internet. Rusia aprobó nuevas leyes para aislar al país de internet global durante las emergencias nacionales. Irán cortó las conexiones internacionales para ocultar una violenta represión policial durante unas protestas masivas. Los legisladores de Brasil, Pakistán y Turquía aprobaron o consideraron nuevas regulaciones que requieren que las empresas impidan que los datos de los usuarios salgan de sus países.
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China se mantiene como el peor abusador del mundo sobre la libertad en internet por sexto año consecutivo. Sorprendentemente, el informe no mencionó el uso de métodos altamente represivos que China emplea para reprimir las libertades de los uigures tanto dentro como fuera del país.
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La adopción de nuevas tecnologías supera nuestra comprensión de las mismas. El despliegue del reconocimiento facial y la toma de decisiones automatizada avanza rápidamente, con pocas garantías para proteger la privacidad o evitar que los departamentos de policía abusen de este tipo de nuevas herramientas.
Qué necesitamos: el informe detalla que "el movimiento por la libertad en internet debe elevar sus ambiciones en lugar de limitarse a exigir políticas que respeten los derechos básicos para empezar a construir estructuras de gobierno sólidas que consagren y hagan cumplir esas protecciones". Los autores ofrecen una lista de recomendaciones, que incluyen un llamamiento a los legisladores para que introduzcan rigurosas leyes de privacidad de datos y protejan el cifrado.
También les pide que tomen medidas para garantizar que la conexión a internet sea accesible y asequible para todos, especialmente teniendo en cuenta el teletrabajo y la educación online. El informe demanda a las empresas privadas que garanticen una moderación del contenido "justa y transparente" mientras se resisten a los esfuerzos gubernamentales de prohibir algunos servicios digitales o bloquear la conectividad a internet. Fundamentalmente, el informe concluye que es hora de que los gobiernos refuercen la "ciberdiplomacia" para defender un internet libre y abierto, elaborando normas para restringir la exportación de las tecnologías represivas.