A medida que el coronavirus (COVID-19) comenzó a extenderse por el mundo a principios de este año, en seguida quedó claro que las prisiones y las cárceles eran especialmente susceptibles a los brotes. Así que los sistemas de justicia penal de todo el mundo empezaron a buscar alternativas al encarcelamiento. 

Muchos de ellos recurrieron a pulseras o tobilleras de control telemático para reubicar rápidamente a las personas desde los centros penitenciales hasta sus hogares. Dada la escasa seguridad de esta medida, los dispositivos garantizaban una continua supervisión electrónica. Al mismo tiempo, tribunales de EE. UU. y Australia comenzaron a probarlos con un objetivo completamente diferente: hacer cumplir las órdenes de cuarentena.

La pandemia ha normalizado ligeramente el uso generalizado de las pulseras telemáticas en todo el mundo. Se trata de una tendencia preocupante que no deberíamos permitir avanzar sin un análisis previo. Algunas investigaciones sugieren que las pulseras de control telemático no reducen de manera concluyente la reincidencia, y la tecnología nunca se ha usado como herramienta para hacer cumplir órdenes de salud pública. De hecho, algunas críticas frecuentes sobre estos dispositivos afirman que su uso causa un daño importante. 

Por ejemplo, las pulseras electrónicas pueden suponer importantes cargas económicas a sus portadores, quienes a menudo deben cubrir los gastos de uso. Los propios portadores pueden pagar entre 2,5 euros y 30 euros diarios al día a las empresas privadas, contratadas por las entidades públicas, lo que puede ascender a cientos de euros mensuales. Tales estructuras de tarifas han llevado a algunos a referirse a las pulseras de control telemático como la actual cárcel de los insolventes. 

Además, estos dispositivos causan molestias físicas o dolor a algunos usuarios. Y conllevan un estigma social porque su uso suele asociarse al sistema de justicia penal, y específicamente a delincuentes violentos. En este sentido, tener que usar una pulsera de control telemático equivale a llevar un registro de antecedentes penales en el propio cuerpo, como una letra escarlata digital. 

Para empeorar las cosas, las tobilleras de vigilancia son propensas a fallos técnicos como pérdida y desviación de la señal, una escasa duración de batería y alertas equivocadas enviadas a las agencias de control. Esos fallos complican aún más la vida de las personas que deben llevarlas. 

El reciente aumento de las pulseras telemáticas ocurrió sin que nadie prestara demasiada atención. Se trata de un caso claro de vigilancia progresiva: el aumento de tácticas y sistemas de vigilancia más allá de las circunstancias para las que fueron planeados inicialmente. 

Siempre encendidas

La rápida propagación del coronavirus provocó la imposición de muchas medidas de salud pública que han acabado resultando intrusivas en todo el mundo. Docenas de gobiernos comenzaron a implementar distintas apps de rastreo de contactos. En China, los ciudadanos tenían la obligación de llevar un brazalete digital y descargar la aplicación StayHomeSafe, que funcionaba en conjunto para cumplir con los requisitos de la cuarentena. Los pasajeros que llegaban a la India y Bangladesh recibían sellos en las manos que señalaban su obligación de cumplir una cuarentena. En Estados Unidos, algunos estados emitieron órdenes de no salir de casa y mandatos de uso obligatorio de mascarillas.

Sin embargo, a diferencia de estas medidas específicas por el virus, el aumento en el uso de las pulseras de control telemático no terminará necesariamente con el fin de la pandemia. Estos dispositivos son previos al virus y no se sabe cómo se replanteará su mayor uso cuando ya no sea una amenaza. 

Tomar medidas decisivas para proteger a la sociedad del virus no debería excluir una evaluación cuidadosa sobre el despliegue tecnológico, especialmente cuando existen problemas bien conocidos con la tecnología en cuestión.

Las tobilleras electrónicas de vigilancia se inspiraron originalmente en el cómic de Spiderman y en un equipo de monitorización electrónico para vacas. Se desarrollaron primero en EE. UU. para el cumplimiento de los arrestos domiciliarios a principios de la década de 1980. Actualmente se utilizan con regularidad en los 50 estados del país para controlar las órdenes de vigilancia durante la libertad condicional y la provisional. 

En los últimos años, el uso de las pulseras de control telemático también se ha extendido fuera del sistema de justicia penal. En la actualidad se utilizan para vigilar a los inmigrantes indocumentados que entran a EE. UU. y Canadá, para controlar a los adolescentes que faltan mucho a clase y seguir a los mayores afectados por algún trastorno cognitivo. 

Entre 2005 y 2015 en Estados Unidos, la cantidad de personas monitorizadas con esta tecnología aumentó un 140 %, de aproximadamente 53.000 a 125.000 personas. Bloomberg estima que en todo el mundo actualmente hay entre un 25 % y un 30 % más de individuos que llevan las tobilleras electrónicas de vigilancia como resultado de la pandemia. Bloomberg también informó en julio de que la Oficina Federal de Prisiones de EE. UU., por sí sola, había puesto a aproximadamente 4.600 personas en confinamiento domiciliario desde finales de marzo, lo que representa un aumento del 160 % con respecto a las cifras anteriores a la COVID-19.

Algunos funcionarios de justicia penal aseguran que el control telemático mediante pulseras electrónicas reduce la carga financiera que los centros de detención suponen para el estado, al tiempo que garantizan que las personas cumplan con las condiciones de su liberación. Algunos abogados incluso han luchado por el "derecho de sus clientes a ser monitorizados" argumentando que la vigilancia durante las 24 horas es preferible a la inhumanidad del encarcelamiento. 

No obstante, estas posturas relativizan el uso de las tobilleras electrónicas de vigilancia como "mejores que" el encarcelamiento y esquivan el complicado debate sobre la barbaridad que suponen estos dispositivos en sí. 

Las comparaciones entre las pulseras electrónicas y las letras escarlatas han llevado a algunos a sugerir que modificar su diseño (tamaño físico, dimensión y apariencia del hardware) reduciría algunos de sus inconvenientes. Un concejal de la ciudad de Ohio (EE. UU.) llegó a sugerir recientemente que introducir un microchip en las personas sería una alternativa adecuada, ya que, según él, poner un chip a los detenidos en la prisión preventiva "no puede ser inhumano porque se lo hacemos a nuestras mascotas". 

Aunque estas propuestas reconocen el estigma visual que suponen las tobilleras electrónicas, no pueden estar más equivocadas. Tratan las cuestiones de derechos humanos y los temas civiles como un problema de diseño y abogan explícitamente por alternativas de seguimiento aún más invasivas. 

Otros esfuerzos para rediseñar estas pulseras tienen como objetivo facilitar a las fuerzas del orden el análisis de los datos que recogen estos dispositivos o hacerlos interoperables con otros sistemas de vigilancia. Mientras tanto, el diseño de las propias tobilleras físicas se estanca. Ninguna de estas supuestas mejoras puede aliviar a la vez los verdaderos daños físicos y digitales de la tecnología.

Grilletes digitales

Es importante encontrar alternativas dignas y éticas a la cárcel, pero las pulseras de control telemático simplemente no son una respuesta ética o tecnológicamente eficaz. En vez de argumentar que son "mejores que" la brutalidad del encarcelamiento masivo o una "solución" a la grave crisis sanitaria por la pandemia en las prisiones y cárceles, los que están en el sistema de justicia penal deberían encontrar una manera de alejarse completamente de estos dispositivos, siempre que eso no signifique volver a aumentar las tasas de encarcelamiento. 

Si no se toman medidas pronto, el uso cada vez más amplio de las pulseras de control telemático durante la pandemia corre el riesgo de volverse permanente. No ha habido un plan claro sobre cómo se reducirá en el uso generalizado de esta preocupante tecnología cuando la pandemia esté bajo control. 

Distintos científicos sociales, humanistas, representantes gubernamentales, legisladores y formuladores de políticas, miembros de la comunidad y tecnólogos deben colaborar y "hablar cruzando las barreras" para diseñar un futuro tecnológico más justo, digno y humano que esté atento a las necesidades matizadas de diversos usuarios y contextos sociales. Podemos comenzar negándonos a crear o usar más grilletes digitales y no permitiendo que se extiendan a ni un caso más.

*Lauren Kilgour es candidata a doctorado en ciencias de la información en la Universidad de Cornell (EE. UU.). Su investigación considera los roles que la tecnología y los datos juegan en la perpetuación del estigma, el control social y la desigualdad.