Además de ser uno de los países del mundo más azotados por la pandemia de coronavirus (COVID-19), Brasil está lidiando con una crisis de desinformación. Para resolverla, debería invertir en educación y responsabilizar a los que financian las redes de noticias falsas. Pero, en lugar de eso, el Congreso Nacional de Brasil está considerando una ley que violaría la privacidad y la libertad de expresión de los 137 millones de usuarios de internet del país.

Varios miembros y partidarios del Gobierno de extrema derecha de su presidente, Jair Bolsonaro, están siendo investigados por difundir noticias falsas (fake news) durante las elecciones. Estas personas presuntamente sostenían una importante red para divulgar bulos sobre sus rivales políticos y periodistas. Parte de esa información falsa provocó a que algunos de sus partidarios agredieran físicamente a varios periodistas e intentasen invadir en junio el Congreso Nacional de Brasil.

Pero la propuesta legislativa contra las fake news (oficialmente la Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet) es, en mi opinión, la peor forma posible de combatir este problema. Podría convertirse en una de las leyes de internet más restrictivas del mundo.

Brasil fue pionero en derechos digitales cuando aprobó el Marco de Derechos Civiles Brasileños para Internet (Marco Civil de Internet) en 2014, creando una amplia garantía de libertad de expresión online. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley sobre las "noticias falsas" omitiría el Marco, permitiendo a los legisladores crear un mecanismo que se podría usar para restringir esa libertad para millones de brasileños. El proyecto de ley fue aprobado recientemente en el Senado de Brasil y será discutido en la cámara baja del Congreso Nacional, aunque todavía no se ha fijado una fecha. 

¿Por qué este proyecto de ley no lograría su objetivo previsto? Para empezar, es poco preciso sobre lo que considera como fake news, y lo describe como contenido falso o engañoso compartido con el potencial de causar daño individual o colectivo. Esta ambigüedad deja en manos del estado decidir qué tipo de contenido se considera falso o potencialmente dañino, y podría permitir a los que están en el poder manipular esa definición para obtener beneficios políticos.

Este proyecto legislativo también ignora el problema clave de las noticias falsas, que no es el contenido en sí, sino la red de personas que lo difunde. El proyecto de ley cuenta con varias medidas para desalentar el uso de cuentas falsas, pero no aborda el problema principal de las cuentas reales, que son las principales responsables de legitimar los contenidos falsos y difundirlos a través de las redes sociales.

Por ejemplo, el proyecto prohíbe la creación de cuentas automatizadas anónimas (o bots), a menos que se indique claramente su propósito y procedencia. Esto podría ser un problema para cualquiera que use un seudónimo en las redes sociales para ejercer su derecho a la libertad de expresión. Además, los usuarios sospechosos de crear bots o cuentas anónimas deberían presentar sus identificaciones a las empresas tecnológicas, sin una orden judicial. Las cuentas se pueden calificar como sospechosas por una amplia variedad de razones, incluidas, en teoría, disputas políticas.

El proyecto de ley también incluye aparentes medidas de seguridad que considero caballos de Troya porque permitirían al Gobierno vigilar a los usuarios. Por ejemplo, estipula que las plataformas de redes sociales deben mantener registros de los mensajes reenviados por, al menos, cinco usuarios a más de 1.000 usuarios en un período de 15 días. El problema en este caso consiste en que los datos de cualquier usuario que reenvíe dicho mensaje se almacenarán, incluso si ese usuario no tuvo la intención de desinformar.

Otro problema es que el proyecto de ley corre el riesgo de convertir a Brasil en una isla con sus propias reglas que "paralizan" la tecnología. Por ejemplo, crea un estándar basado en WhatsApp para aplicaciones telefónicas, lo que obliga a otros desarrolladores a adaptarse al modelo de WhatsApp para limitar cómo se pueden reenviar los mensajes o cuántos participantes pueden unirse a grupos.

Quizás lo peor del proyecto de ley es que revierte uno de los mayores avances del Marco Civil. Según esa ley, las plataformas no son responsables del contenido publicado por los usuarios y deben eliminar dicho contenido solo si una orden judicial especifica qué delito o acto ilegal se cometió. Por el contrario, el nuevo proyecto responsabiliza a las plataformas sociales de todo lo que se publica en ellas. Esto provocará la eliminación intensa del contenido que podría disgustar al Gobierno, y el control de los usuarios en busca de publicaciones inapropiadas.

Creo que las empresas como YouTube, Facebook (y WhatsApp) y Twitter deberían reconocer su responsabilidad por el material publicado en sus plataformas y adoptar medidas más claras contra la desinformación. No obstante, este proyecto de ley no detendría la propagación de la desinformación. En cambio, daría a las empresas de tecnología un poderoso incentivo para limitar la libertad de expresión de los brasileños en un momento de perturbación política.

Varias organizaciones ya han intentado reducir el alcance de la nueva ley y se han eliminado algunas estipulaciones preocupantes, aunque ninguna de las mencionadas aquí. Pero el proyecto de ley revisado sigue siendo profundamente preocupante.

Un mejor enfoque consistiría en investigar a los que financian las redes de noticias falsas y hacerlos responsables, utilizando la ley que ya existe. Las plataformas de redes sociales también deberían cambiar sus sistemas y diseñar sus algoritmos para dejar de recompensar la difusión de contenido marginal y señalar lo que es claramente falso.

Sin embargo, no importa cuántas cuentas falsas y bots haya, las noticias falsas se suelen difundir a través de personas reales, como cuando el presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó falsamente en Facebook que los niños son "casi inmunes" a la COVID-19, o cuando Bolsonaro promovía los beneficios científicamente no probados de cloroquina. Es por eso que la alfabetización en internet es fundamental para cualquier sociedad bien informada. Enseñar a las personas a identificar lo que es falso, proporcionar herramientas para ayudar a los usuarios a verificar el contenido y ofrecer alternativas de informar sobre el contenido falso deberían incluirse como una solución de Brasil.

El Marco de Derechos Civiles de Brasil fue la respuesta de la sociedad a los intentos similares del Gobierno de censurar internet. En muchos aspectos, este nuevo proyecto de ley parece que no se centra en perseguir las fake news sino en controlar a los usuarios. Restringir las libertades civiles y la libertad de expresión no es una solución aceptable. Es imposible combatir este problema con prisas, o solo con la fuerza de la ley.

Raphael Tsavkko García es un periodista brasileño y doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Deusto en España.