A finales de julio, los líderes de la Unión Europea (UE) aprobaron el plan de cambio climático más agresivo de la historia. La parte más llamativa fueron los 510.000 millones de euros destinados a medidas ecológicas, que se distribuirán en un paquete de recuperación económica masiva, y el presupuesto de la UE de siete años aprobado de común acuerdo. Todo se gestionará para conseguir el objetivo previamente anunciado del Pacto Verde Europeo de convertirse en "climáticamente neutro" a mediados de siglo.

Pero este amplio acuerdo también estableció los plazos para implementar una política que podría resultar mucho más poderosa y controvertida que la financiación, ya que implica una forma de reducir las emisiones mucho más allá de las fronteras de Europa.

El Acuerdo sobre el presupuesto 1,7 billones de euros exige la introducción de un nuevo impuesto para 2023: "el mecanismo de ajuste fronterizo de carbono". En su forma más simple, impondría un gravamen a los bienes importados producidos mediante técnicas que generen más emisiones de gases de efecto invernadero que las permitidas por los fabricantes de la UE. Podría aplicarse a una variedad de industrias intensivas en carbono como el cemento, vidrio, acero, fertilizantes y combustibles fósiles.

El profesor del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales Nikos Tsafos destaca: "En los últimos 30 años, nos hemos acercado a las negociaciones sobre el cambio climático a través del prisma de las normas voluntarias y zanahorias. Esta es la primera vez que realmente estamos añadiendo palos a esas zanahorias".

"Romper el bloqueo"

La lógica de un impuesto fronterizo al carbono es simple. Sin él, la UE podría reclamar reducciones de emisiones, aunque la producción de sus bienes simplemente se traslade a otras partes del mundo, donde se pueden producir de maneras más baratas y sucias que reducen cualquier avance climático global. El impuesto fronterizo al carbono también protege a los fabricantes europeos de los productos más baratos fabricados en países con estándares medioambientales más bajos.

La mayor esperanza es que obligue a las empresas fuera de la UE que quieran vender sus productos en estos grandes mercados a tomar medidas más agresivas para reducir sus propias emisiones, destaca el codirector del Laboratorio sobre el Derecho y Regulación Internacional en la Universidad de California, San Diego (EE. UU.), David Victor. Además, podría conducir a acuerdos comerciales bilaterales o trilaterales, donde los principales países acuerdan cumplir con conjuntos de reglas medioambientales similares en aras del comercio en igualdad de condiciones con los países europeos, resalta.

Victor explica que este tipo de acuerdos vinculantes podría lograr un progreso ambiental mucho mayor que los tratados internacionales como el Acuerdo de París (Francia), donde cualquier objetivo o norma debe ser lo suficientemente flexible para incorporarse en cerca de 200 países. Si la UE reúne a China, India, Japón y EE. UU. en los acuerdos comerciales bajo tales reglas, crearía bloques comerciales unificados que representarían enormes partes de las emisiones totales del mundo. Y el enorme tamaño de esos mercados podría animar a otras naciones a intensificar sus esfuerzos relacionados con el cambio climático.

El experto señala: "Este es exactamente el tipo de estrategia que creo que acabará rompiendo el bloqueo de la acción contra el cambio climático".

Este mismo enfoque ya se está planteando en otros lugares. La plataforma del Partido Demócrata de Estados Unidos pide la imposición de una "tarifa de ajuste de carbono" (nadie quiere llamarlo impuesto), a los productos de países que no cumplen con sus compromisos en virtud del Acuerdo de París. Estados Unidos y la UE juntos producen más del 20 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Pero Tsafos subraya que no está claro si un impuesto fronterizo al carbono convertiría a la UE en una isla baja en carbono aislada por sus propias políticas o en "el centro de un nexo cada vez mayor de estados con bajas emisiones de carbono". También podría crear algo intermedio: un mercado global fragmentado entre un puñado de países con bajas emisiones de carbono y un grupo de naciones con altas emisiones de carbono que simplemente siguen comerciando entre sí.

Imperialismo económico

La situación puede depender de cómo la UE diseñe el impuesto y dónde establezca la tarifa. Pero todo esto supone que la UE será capaz de implementar con éxito esta política. Las negociaciones detalladas no comenzarán hasta el próximo año, y requerirán varios niveles de aprobaciones. Y ese esfuerzo seguramente se enfrentará a una serie de desafíos legales, técnicos y de justicia social.

Entre ellos: varios países no pertenecientes a la UE probablemente disputarán la propuesta dentro de la Organización Mundial del Comercio. También requerirá un esfuerzo masivo para encontrar formas de evaluar y verificar de manera confiable las huellas de carbono de varios productos de una variedad de empresas en diferentes países. Y hay quien considera que, básicamente, es injusto que Europa, responsable de casi una cuarta parte de las emisiones históricas acumuladas del mundo, penalice e imponga su voluntad a los países pobres que han contaminado mucho menos a lo largo del tiempo y que aún tienen emisiones considerablemente más bajas per cápita, y cuyo desarrollo económico ha empezado hace mucho menos tiempo.

"Aunque parecen razonables a primera vista, los ajustes unilaterales de carbono en las fronteras simplemente representan una nueva forma de imperialismo económico. La decisión de imponer dicho impuesto a los países en desarrollo refleja la práctica colonial de transferencia de riqueza del mundo en desarrollo al mundo desarrollado", argumentó el director del laboratorio de desarrollo de energía sostenible en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Harrisburg (EE. UU.), Arvind Ravikumar, en un artículo de opinión publicado en el MIT Technology Review a principios de esta semana.

Otros creen que la UE podría equilibrar las desigualdades a través de diversos medios, como retrasando o reduciendo el impuesto para ciertos países, calculándolo en función de sus emisiones históricas o compensando los costes con otras inversiones diseñadas para ayudar a las naciones pobres a alejarse de los combustibles fósiles.

Ravikumar está de acuerdo en que hay formas de hacer que los ajustes de carbono en las fronteras sean más justos, pero destaca que nunca podrían ser realmente "equitativo o correcto" si la UE los impone unilateralmente. En un reciente tuit afirmó: "Creo que estos debates sobre el diseño de políticas equitativas ignoran por su propia conveniencia el tema fundamental de la justicia".

El problema consiste en que las acciones climáticas agresivas de cualquier país, o incluso de una gran región como la UE, nunca pueden afectar las emisiones totales por sí solas. El cambio climático es un problema global que realmente no es posible abordar hasta que prácticamente todas las naciones estén tomando medidas serias.

Victor concluye que, por eso, de una forma u otra, los países deben encontrar formas de difundir prácticas y políticas para reducir las emisiones globales a la escala y el ritmo requerido por peligros cada vez mayores.