Los gigantes tecnológicos se verán obligados a tener el "deber de cuidar" a sus usuarios. Así lo determina una propuesta de ley del Gobierno de Reino Unido que podría cambiar las reglas del juego online.

A simple vista, la propuesta (un "libro blanco" en el lenguaje jurídico), que es una de las primeras etapas de una normativa gubernamental formal, podría tener un gran alcance y representa un duro golpe para las grandes empresas tecnológicas. Pero también plantea algunas preocupaciones serias sobre cómo se implementaría y las posibles consecuencias que podría tener sobre la libertad de expresión de los ciudadanos.

Con el objetivo de hacer frente a cada vez más frecuentes delitos de odio, al acoso y a la actividad terrorista, y los problemas asociados a los troles y las noticias falsas, el Gobierno de Reino Unido propone combinar el trabajo de ocho o más órganos reguladores individuales, en uno solo.

Este nuevo "órgano súper regulador" podría tener competencia para multar a las empresas tecnológicas según sus ingresos, o incluso para bloquearlas. También podría procesar a ejecutivos individuales. El organismo propuesto sería financiado bien mediante un impuesto de la industria o bien mediante las multas impuestas.

La propuesta han despertado interés el de investigadores y expertos, y ha hecho sonar las alarmas entre los activistas defensores de la privacidad. Los primeros destacan que, aunque se trata de un documento escaso en detalles (a pesar de tener decenas de miles de palabras), establece una dirección clara que pocos países han estado dispuestos a seguir.

Pero los otros temen que su implementación dé paso a la censura para los usuarios de las redes sociales en vez de frenar los excesos de las redes en sí. Esas opiniones se vieron reforzadas cuando el ministro del Interior británico, Sajid Javid, aprobó el contenido inicial antes de su publicación. "La propuesta del Gobierno crearía una regulación estatal de la libertad de expresión de los millones de ciudadanos británicos", alerta el director ejecutivo de los defensores de la privacidad digital, Open Rights Group, Jim Killock.

Según el asesor sobre vigilancia y profesor Eric Kind, la propuesta de Reino Unido resalta el deber de cuidar a los usuarios como "la idea central y representa un llamamiento para las diversas opciones de normativa". Esto sería algo bastante nuevo para las empresas de tecnología.

Estos planes también cambian la postura del Gobierno y la alejan de la idea de que la industria tecnológica puede ser apátrida o ingobernable. En lugar de eso, la administración, probablemente con razón, considera que el mercado de Reino Unido es lo suficientemente grande y rico como para dar a la industria un gran interés por cumplir con la legislación que aborrecían.

Pero, el plan se ha estancado en la implementación. Se ha especulado sobre todas las complejidades, ya sea en las etapas legislativas posteriores, para el órgano regulador o para los gigantes tecnológicos. Hay poco o ningún intento de definir "los daños" o de elaborar las sanciones concretas. Cuando el documento intenta mantener una postura moderada, por ejemplo, cuando señala que el nuevo órgano regulador debería tener en cuenta la "innovación", no aclara lo que eso significa.

Para algunos, esa vaguedad es alarmante. Reino Unido ya cuenta con algunas de las leyes más estrictas del mundo, como la Ley de Poderes de Investigación, con la que regula el acceso y la vigilancia de los usuarios de internet y la obtención de sus datos de los proveedores.

Dada la debilidad del Gobierno de Reino Unido y la inminente (y muy posible) dimisión de la primera ministra, Theresa May, es poco probable que este libro blanco se convierta en ley en su forma actual. Pero podría servir como una piedra angular para los reguladores de todo el mundo. El camino que representa probablemente sea adoptado por cualquiera de los gobiernos que consiga ese primer paso.

Para bien o para mal, el envite de Reino Unido podría ser el primer paso de un nuevo rumbo para internet, al menos en Europa.