Nos guste o no, parece que nos hemos quedado atascados a la hora de definir el término "contrato inteligente". Esta tecnología, que puede usarse para automatizar transacciones en una cadena de bloques (o blockchain), todavía es tan nueva que nadie se pone de acuerdo con ella. A pesar de este jaleo, varios estados de Estados Unidos ya han empezado a trabajar para incluirla en sus leyes. Pero dada la situación actual, tal vez sus prisas no sean demasiado inteligentes.

¿Qué está pasando?: a principios de marzo, Tennessee (EE. UU.) se convirtió en el segundo estado en empezar a reconocer legalmente los contratos inteligentes (PDF); y Arizona (EE. UU.) aprobó una legislación similar el año pasado. En ambos casos, los legisladores modificaron los estatutos existentes que rigen el uso de formularios y firmas electrónicas para incluir explícitamente los términos "blockchain" (en el caso de Arizona), y "libro mayor distribuido" y "contrato inteligente" (para Tennessee). Otros estados han considerado cambios similares.

¿De dónde surge este amor repentino por las criptomonedas?: estos proyectos de ley parecen ser algo más que una simple postura procriptográfica destinada a atraer inversiones y empresarios. La nueva ley de Tennessee, por ejemplo, establece que un contrato legal no puede invalidarse solo porque se "ejecute mediante un contrato inteligente". Pero las trabajadoras de la Cámara de Comercio Digital (una asociación comercial de blockchain en Washington, DC en EE. UU.) Perianne Boring y Amy Kim afirman que dicha aclaración no es necesaria y defienden que las leyes federales y estatales existentes ya proporcionan una "base legal incuestionable" para esto.

El temido "caos": a pesar de que esas leyes también proporcionan uniformidad, ambas presentan diferencias entre sí. Si varios estados crean versiones diferentes, "va a ser un caos", alerta el director de investigación de Coin Center, Peter Van Valkenburgh, un grupo de expertos en políticas que defiende las tecnologías de blockchain.

Falsa certeza: es probable que las nuevas leyes creen confusión, complejidad y añadan costes innecesarios, según el abogado y profesor adjunto de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (EE. UU.) Andrew Hinkes. Eso podría obstaculizar el desarrollo tecnológico. "Las leyes no deberían intentar definir tecnologías que no tienen una definición ampliamente aceptada en sus comunidades técnicas relevantes", señala Hinkes.

Código informático torpe: la denominación "contrato inteligente" es un nombre inapropiado desde el punto de vista legal, ya que no necesariamente tiene que ver con un contrato legal. Un contrato inteligente simplemente establece un condicionante para una acción. Si se cumple esta condición, la acción se ejecuta mediante una cadena de bloques. Aunque esto permite automatizar algunas acciones que las partes deben tomar bajo un contrato legal real, como las obligaciones de pago que entran en vigencia en una fecha determinada, un contrato real es "un instrumento mucho más polifacético", explica la profesora asociada de la Escuela de Leyes de la Universidad St. Mary's en Texas (EE. UU.) Angela Walch. Por ejemplo, puede incluir un estándar de comportamiento, como "razonable" o "de buena fe", que no se puede codificar en el software.

La nueva ley de Tennessee ni siquiera aclara qué quiere decir cuando se refiere a cosas como "contrato" y "ejecutado". Como señala Walch, estos dos conceptos significan cosas diferentes en función de cómo se usan. A veces se refieren a programas informáticos y otras veces se refieren a contratos legales. El proyecto de ley también se basa en otros términos que todavía están poco definidos para describir la tecnología blockchain y los contratos inteligentes, incluidos los "controlados por eventos", "sin permiso" y "descentralizados". Para Walch, todo esto no es más que "una receta para crear confusión en el futuro".