El fallo del pasado lunes de la Corte Suprema de EEUU que anula las regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) sobre las emisiones de mercurio y otros contaminantes de las plantas de carbón a primera vista parece un duro golpe para los esfuerzos de la administración del presidente Obama por reducir los efectos medioambientales de la generación de energía.   

"La decisión en efecto pone sobre aviso a la EPA: la elaboración imprudente de regulaciones que ignoren el coste para los consumidores es irrazonable y no se tolerará", dijo el presidente de la Asociación Nacional de Minería Hal Quinn en un comunicado. Sin embargo, un examen más detallado revela que este fallo quizás no tendrá el impacto que Quinn y otros defensores esperan.

En un dictamen escrito por el Juez Antonin Scalia, el tribunal supremo concluyó que la EPA obvió la consideración de los costes para la industria antes de crear la normativa, que limita las emisiones de mercurio, arsénico, cromo y otros venenos de las plantas energéticas. La EPA lleva más de dos décadas intentando establecer esta normativa.

"La EPA debe considerar los costes – incluidos el costo de cumplimiento – antes de decidir si la regulación es apropiada y necesaria", escribió Scalia.

De hecho, la EPA realizó un análisis de costes y beneficios, y concluyó que mientras que los límites costarían 9.600 millones de dólares (unos 8.600 millones de euros) al sector energético, proporcionarían entre 37.000 y 90.000 millones de dólares (entre 33.100 y 84.100 millones de euros) en beneficios sanitarios y económicos al año, sin mencionar que se evitarían 11.000 muertes prematuras cada año. Pero ese cálculo formó parte del proceso de elaboración de la normativa; el tribunal determinó que el coste de cumplimiento debió contemplarse antes de que la EPA decidiera siquiera si tal normativa sería apropiada y necesaria.

En otras palabras, el tribunal supremo no dijo que la EPA carezca de la autoridad necesaria para regular emisiones tóxicas de las plantas energéticas; dijo que la agencia no tuvo en cuenta los costes antes de decidirse a hacerlo. Esto abre la puerta para que la agencia reformule la regulación para cumplir con las exigencias del tribunal. Además, puesto que la normativa se emitió en 2012, muchas empresas energéticas ya han tomado medidas para reducir la contaminación provocada por plantas energéticas.

"Esta normativa se publicó hace más de tres años, se han hecho inversiones, y la mayoría de las plantas ya han recorrido la mayor parte del camino hacia su cumplimiento", dijo la portavoz de la EPA, Melissa Harrison, en un comunicado.

En cuanto a las emisiones de carbón, el fallo del pasado lunes se refiere a una disposición de la Ley de Aire Limpio que es completamente independiente de la disposición que subyace el Plan de Energías Limpias para limitar emisiones de efecto invernadero. Y el Tribunal Supremo ha confirmado la autoridad de la EPA a regular la contaminación ambiental bajo la Ley de Aire Limpio en tres fallos previos: Massachusetts v. EPA, AEP v. Connecticut, y UARG v. EPA del año pasado.

De hecho, algunos analistas creen que el fallo del lunes realmente debilita objeciones independientes al Plan de Energías Limpias. Liderados por el jurista de la Universidad de Harvard (EEUU) Laurence Tribe, los oponentes del plan han argumentado que, puesto que la Ley de Aire Limpio ya dota a la EPA de la autoridad para regular ciertas formas de contaminación ambiental, más regulaciones acerca de emisiones de efecto invernadero son redundantes – y por tanto inválidas. Con la regulación ya establecida por la EPA sobre el mercurio y otras toxinas, el Plan de Energías Limpias se invalida, según este argumento; por tanto si esa ley se invalidara, el argumento perdería fuerza.

Es una base estrecha y de naturaleza legal sobre la cual situar la lucha para reducir las emisiones de carbono de Estados Unidos de cara a las reuniones de París (Francia) sobre el clima programadas para este año. Pero de momento, ese es el escenario en el que el Tribunal Supremo ha decretado que la lucha se lleve a cabo.